El Municipio de Ituzaingó no tiene mar pero tiene enquistada a la mafia de la pesca en sus instituciones. Aquí probaremos cómo Sabbatella, Vallarino y Rodil (dirigentes "progres") operan a favor del saqueo de nuestros recursos naturales.

La actividad pesquera depende en gran parte del accionar del Estado, ya que requiere de la articulación de circuitos administrativos que incluyan, entre otras gestiones, investigaciones prospectivas del recurso pesquero, entrega de permisos, habilitación y registro de embarcaciones, formación de cuerpo de inspectores pesqueros, recursos tecnológicos y presupuestarios, observadores científicos, transferencias, control de captura, supervisión en puerto -y hacia el interior- de las embarcaciones.

En la Argentina en materia pesquera se ha instaurado un accionar corrupto que abarca no sólo a los funcionarios intervinientes en todo el circuito de obtención de permisos, transferencias y formulación de cuota de captura, sino que se extiende a gran parte del empresariado que, mediante prácticas reñidas con la ética, fue captando la actividad. En la actualidad y, como consecuencia del accionar denunciado, la actividad pesquera se encuentra concentrada en grandes grupos económicos que, en connivencia con los distintos funcionarios de turno y mediante prácticas que nada tienen que ver con el desarrollo de una actividad lícita, depredan nuestros mares, imponen el precio y la modalidad de compra, generan monopolios y obtienen el uso exclusivo de la infraestructura portuaria, en desmedro de pequeñas cooperativas y empresas de capitales nacionales y poniendo en riesgo la sustentabilidad del recurso.

Al respecto hay informes realizados por la Auditoria General de la Nación y por la Universidad de Buenos Aires que dejan al desnudo varias realidades:

En primer lugar reflejan una descripción detallada de un circuito a través del cual se viola toda la normativa vigente.

En segundo lugar, se ve la inercia institucional que demuestra que a lo largo de cuatro años se han consolidado las redes de corrupción y se han reciclado funcionarios, algunos con vinculaciones empresariales y otros rotando sus roles.

De la lectura de ambos informes se desprende una inobjetable y concluyente verdad. En la flota pesquera argentina hay una significativa cantidad de barcos que obtuvieron sus permisos ilegalmente. Buena parte del enorme enriquecimiento de las empresas propietarias de estos buques podría ser explicado en la ilegalidad con la que funcionarios inexcusablemente cómplices transfirieron recursos públicos a manos privadas. En este camino se falseo documentación, burlaron leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y acuerdos internacionales, se renovaron permisos vencidos, se incorporaron barcos factorías Europeos en reemplazo de lanchas de madera, se transfirieron permisos de barcos inexistentes hacia otros que aún pescan, se "desaparecieron" hojas y expedientes, se autorizaron transferencias de permisos de buques sin estudios comparativos ni dictámenes jurídicos, se determinó de forma arbitraria excedentes de capturas. En fin, se violó sistemáticamente la legislación aplicable.

Aquí no estamos denunciando un hecho de corrupción, estamos denunciando la construcción de una red interinstitucional armada y consolidada, que actuó de manera sistemática para derivar a manos privadas recursos que pertenecen al pueblo argentino.

En este marco tenemos que analizar el desplazamiento de la interventora de la Dirección Nacional de Pesca, Nelida Videla Sánchez que trabajaba en el área de control pesquero del Estado desde 1985 y dirigía esa repartición desde mayo de 2001. A mediados del 2004 denunció irregularidades, posibles actos de corrupción y una paulatina merma en las facultades fiscalizatorias.

Pero apenas unos días después de su último planteo oral, sus superiores en una de las áreas más sensibles del Gobierno -la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía-, en lugar de iniciar investigaciones internas y reforzar los controles decidieron desplazar a la denunciante por razones "de oportunidad, mérito y conveniencia". En su lugar fue designado Carlos Ospital, mediante resolución 407/04 como Interventor de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura en reemplazo de Nélida Videla.

Este funcionario, cuya profesión es la de Administrador Gubernamental, no cuenta con antecedentes en la materia para la que fue designado (no distingue una merluza de un tiburón). Fue subsecretario de Coordinación en el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante la gestión de la Sra. Graciela Fernández Meijide y es un dirigente cercano al ex -diputado frepasista Rodolfo Rodil, al actual senador provincial Ricardo Vallarino y el intendente de Morón, Martín Sabbatella, uno de los tantos "transversales" que apoya al gobierno de Kirchner por fuera del justicialismo.

Carlos Ospital, lleva de mano derecha a su otrora compañera de trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente, la Señora Elisa Calvo, quien ganó mucho dinero en la función publica que le permitió pagar fianzas por un millón de pesos luego de su actuación en la gestión de Maria Julia Alzogaray. Ahora bien, cómo obtuvo su puesto Carlos Ospital y qué tiene que ver el Municipio de Ituzaingó en todo esto, es un tema aparte. Presten atención a lo siguiente.

Durante las elecciones del año 2003, el partido vecinalista Nuevo Gobierno, que pretendía disputar la intendencia en el Municipio de Ituzaingo, suscribió un acuerdo con Poder Ciudadano para que audite los aportes que recibía para solventar su campaña electoral. Es así que surge del Informe de Ingresos que, en los meses de julio y agosto de 2003, Nuevo Gobierno tuvo ingresos por una suma de $ 40.150, correspondiendo $ 12.550 al mes junio, $ 14.050 al mes de julio y $ 13.550 al mes de agosto. Luego el informe detalla nombre, apellido y DNI de los donantes. Allí, puede verse que Carlos Ospital cuyo DNI es 13313970 aportó el 16/06/03 $ 800, el 21/07/03 $ 1000 y el 20/08/03 aporto otros $1000, totalizando $ 2800, es decir que aporto el 7,5% de los ingresos para la campaña de Nuevo Gobierno.

Recordemos que Nuevo Gobierno es en Ituzaingó lo que fue en Morón el partido político de Martín Sabbatella, Nuevo Morón, con el que ganó las elecciones a Intendente. En Ituzaingó, el partido político Nuevo Gobierno tuvo una baja cantidad de electores por el prontuario de sus candidatos, pues Sabbatella es joven y mucho no se conoce de su pasado, pero Vallarino y Rodil, son viejos conocidos para los vecinos de Ituzaingó.

Luego de las elecciones de septiembre de 2003, comenzó a forjarse el movimiento transversal que apoyaría a Kirchner por fuera del PJ. Como Sabbatella había ganado las elecciones fue incorporado a ese movimiento, juntamente con Luis Juez de Córdoba y el "joven y brillante" Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires.

Aprovechando esto el Senador Vallarino y el ex diputado Rodil, se acercaron al gobierno nacional para pedir cargos a cambio de apoyar el gobierno de Kirchner. Fruto de esa negociación obtuvieron el puesto para Carlos Ospital en la Dirección de Pesca, es decir que Ospital aporto $2800 a la campaña de Vallarino y obtuvo un puesto en un área estratégica sin tener la idoneidad para ese cargo.

Ahora bien ¿Por qué existiendo tantos cargos para ocupar en la Administración Pública Nacional, eligieron la Dirección Nacional de Pesca para hacer su desembarco en el Gobierno de Kirchner? La clave es Sebastián Sanguinetti: ¿Quién es Sanguinetti se preguntarán? Es el hijo de Raul Domingo Sanguinetti, jefe de una de las familias más influyentes de Rawson y Trelew, que llegó a ser Ministro de la Superior Tribunal de Justicia de Chubut, durante la dictadura militar de Videla.

Sebastián Sanguinetti es concejal por el Partido Nuevo Gobierno, en el municipio de Ituzaingó desde el 2003. Cabe recordar que Nuevo Gobierno es una de las fuerzas políticas que constituye el partido político nacional Encuentro por la Democracia y la Equidad Social que fundó y lidera el intendente "progresista" Martín Sabbatella.

La historia del actual concejal se puede resumir así: luego de ser despedido de la Municipalidad de Morón, junto a su jefe, Ricardo Vallarino, en 1989 vuelve a Rawson y se conecta con Oscar Poletti titular de ESTRELLA DE MAR SA comenzando su tarea como lobbysta en el sector de la pesca. Cabe consignar que tanto Estrella de Mar como la empresa MARA SA -también asesorada por Sanguinetti-, estuvieron relacionadas con el sonado escándalo de la Operación Langostino, uno de los mayores decomisos de droga realizados en el país.

Luego lideró la creación de COOTRAPE, que fue uno de los máximos logros de Sanguinetti, ya que constituyó un instrumento para que inescrupulosos empresarios del sector de la pesca pudieran evadir aportes patronales, esquivar impuestos y fundamentalmente escapar a las obligaciones patrimoniales o responsabilidades en las perdidas. También les permitía no pagar prestamos con el BANCO DE CHUBUT, a través de la gestión de la socia de Sanguinetti en su Estudio Jurídico Contable, la contadora Silvia Beros, funcionaria del Banco chubutense, que tuvo durante el año 2003 prisión domiciliaria por una causa de lavado de dinero. La cooperativa soporta desde 1996 una quiebra fraudulenta. Por lo que los trabajadores tienen sus casas embargadas y buscan a Sanguinetti para que les explique que pasó con los prestamos que le otorgo el Banco de Chubut, en su carácter de Gerente y Asesor Legal de la misma.

Por lo que expusimos aquí, surge con claridad que el trío Sabbatella, Vallarino y Rodil no eligieron por casualidad ubicar en la Dirección Nacional de Pesca a Carlos Ospital, sino que fueron conscientes de los beneficios que podrían obtener desde esa Dirección, para financiar el ascenso político de Martín Sabbatella a las grandes ligas de la política nacional y con el conocimiento del negocio que les aporta Sanguinetti, amén de seguir engrosando sus billeteras.

¿Cuándo será el día que los denominados políticos "progres" rindan cuentas?