En respuesta al pedido público de Ricardo Darín, de que le expliquen “el enriquecimiento patrimonial de los Kirchner”, la presidenta Cristina Fernández le envió una carta de unas 1.870 palabras y unos 11.072 caracteres, donde lo único que no hace es precisamente explicar su enriquecimiento. Se limita a decir que la Justicia no encontró ninguna ilegalidad cuando la pregunta del actor evidentemente lleva implícita por lo menos una duda acerca del accionar honesto del juez encargado de la investigación: el tristemente célebre Norberto Oyarbide.

La carta arranca con una afirmación equivocadamente escrita entre signos de interrogación: “¿No sé si sabe que soy una cinéfila total?”. Dejando de lado el error de escritura, que le puede pasar a cualquiera, más aun a una presidenta que escribe una carta tan larga con tantas responsabilidades encima y cosas para hacer, la frase rememora la falsa simpatía que tanto la caracteriza.

La jefa del Gobierno no pierde la oportunidad de victimizarse: “No quiero imaginar cómo se sentiría usted si alguien llevara carteles escritos por la calle insultándolo, deseando su muerte o festejando la de su compañero de toda la vida como me ocurre a mí”. La pregunta es por qué eligió ser presidenta si tanto le afectan esas cosas. Es parte de la contracara de ser la principal figura pública de un país. A Barack Obama le pasó lo mismo, y mucho peor, porque tuvo intentos de atentados contra su vida en serio, y jamás usó esos acontecimientos para victimizarse, menos aún en una carta pública destinada a amedrentar a un simple ciudadano por haber criticado a su gobierno.

Luego, Cristina se hunde sola: “Quiero decirle que no ha habido funcionarios públicos, sean políticos, gobernadores, legisladores, intendentes, jueces o jefes de gobierno más denunciados penalmente e investigados por la justicia argentina en materia de enriquecimiento, que quien fuera mi esposo y compañero de toda la vida, y quien le escribe”.

Triste record en un país donde el sistema político está muy asociado a la corrupción y en el que la Justicia está fuertemente ligada al gobierno de turno, con más fuerza luego de la reforma al Consejo de la Magistratura, realizada por Néstor Kirchner, que le da al partido oficialista un virtual poder de veto sobre la designación de los jueces.

 La primera mandataria espeta seguidamente: “No sólo se investigó a fondo sino que también se designó al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de la Nación para que realizara pericias contables, que duraron meses, y concluyeron que no se había cometido ningún acto ilícito, lo que obligó al juez a desestimar las denuncias.”

El juez que sobreseyó a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, Norberto Oyarbide, es públicamente reconocido como un juez que siempre falla a favor del oficialismo. Tanto es así, que días atrás del sobreseimiento la Cámara Federal le había ordenado reabrir la investigación y tomar medidas concretas tras haber cerrado una causa que involucraba al secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, por supuesto mal manejo de la publicidad oficial.

Veinte días antes, el mismo juez había tenido una sugestiva reunión con Víctor Manzanares, contador del matrimonio presidencial. En ese momento, la declaración jurada en cuestión denotaba un crecimiento patrimonial del 158% en el año 2008 y del 572% desde que la pareja arribara a la Casa Rosada seis años antes.

La sentencia se conoció una semana después de que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijera públicamente que el Tribunal había detectado serias irregularidades en los cuerpos de peritos de distintas disciplinas que trabajan bajo dependencia del máximo juzgado. En razón de ello es que le fue asignada por la Corte a Elena Highton de Nolasco la función de reestructurar el sistema, por el cual la Corte tenía con el cuerpo de peritos una relación meramente administrativa y perdía todo contacto con el especialista respectivo una vez llevado a cabo el sorteo.

Uno de los investigados por ese tribunal fue Alfredo Peralta, quien firmó el informe en el que se apoyó Oyarbide para decidir el sobreseimiento y quien había sido denunciado en ocasiones anteriores. Una auditoría de la Corte reveló finalmente numerosas irregularidades en su accionar.

La situación provocó que Alfredo Propitkin, ex perito de la Corte y titular de la ONG “Contadores Forenses”, presentara espontáneamente un informe personal en el que enumeraba las medidas faltantes para un peritaje más riguroso: pedir documentación adicional, comparar la declaración jurada con la de quienes aparecen como sus deudores y acreedores —como Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y el Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi—, verificar los precios reales de venta de algunos inmuebles y cotejar los gastos con tarjetas de crédito.

 En resumidas cuentas, quizás Ricardo Darín se refería con sus palabras a la necesidad de que Cristina aclare sus números patrimoniales en serio, sin limitarse a quitarse el problema de encima basándose en el accionar de una Justicia fuertemente sospechada y dependiente. Quizás quería que Cristina haga lo que no supo hacer la Justicia.

Pero ahí no termina el periplo cristinista. No conforme con haberle hecho desperdiciar tiempo valioso de su vida al destinatario de la carta, sigue evadiendo el asunto con un argumento infantil: que Scioli tampoco puede explicar su fortuna. Casualmente, otro funcionario kirchnerista. Y para reforzar su argumento se lamenta: “Nadie parece preocuparse por ninguna otra Declaración Jurada que no sea la de ‘Los Kirchner’”; y miente al aseverar que en la Argentina “el único político investigado es el Presidente”.

Prosigue posteriormente, con tono de protesta: “Todo el país conoce mi casa”, “por qué siguen también la vida de mis hijos”, lo que hace pensar que quizás la Presidenta no recuerde que no es sólo dueña de estancia, sino también la primera empleada de todos los argentinos, y que nadie la obliga a serlo.

Sorpresivamente, arroja una propuesta: “Sería bueno, sano y transparente para el sistema democrático si todas las Declaraciones Juradas de gobernadores, intendentes, jueces, magistrados, ministros de la corte, estuvieran a disposición de toda la sociedad, publicadas, analizadas y publicitadas como siempre lo son las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”. ¡Claro que sí! Pero ello no ayudaría a explicar su enriquecimiento patrimonial, sino a descubrir más casos de corrupción, la mayoría de los cuales provendrían de gobernadores e intendentes en los que la mandataria se apoya para construir su poder, razón por la cual jamás llevó a cabo esa idea.

Hacia el final, Cristina saca a la luz una causa judicial en la cual el actor fue sobreseído (sin estar en el poder, valga la aclaración) en un claro intento de amedrentamiento y “escrache” impropio de una figura presidencial. También evoca la época de la dictadura, como si ella o su gobierno fueran los responsables del fin de los golpes militares en el país y como si el autoritarismo en todas sus versiones ya fuese algo del pasado.

Concluyendo, la primera mandataria cuestiona la idea de “reconciliación” de Darín y le recomienda usar “aceptación” en vez de “tolerancia”, nuevamente eludiendo una explicación: la de por qué se cree con derecho a practicar y avalar, como “presidenta de todos los argentinos”, la agresión o atribución de malas intenciones a todo aquel que piensa distinto por esa sola razón.

Rafael Micheletti
Seguir a @rafaemicheletti