La Comisión Nacional de Regulación del Transporte tiene a su cargo diversas funciones que hacen al contralor de los distintos medios de transporte de personas y cargas. El decreto que dispone su creación sostiene que, “en lo relativo a la seguridad del transporte por vía férrea, tendrá como objetivo controlar el cumplimiento de las normas vigentes respecto de la vía e instalaciones fijas, del material rodante y de los materiales y repuestos correspondientes, así como de las obras y provisiones que integran el plan de inversiones del concesionario”. Según dicha norma (Decreto 1388/96)la C.N.R.T. debiera ser un ente “autárquico” y poseer un directorio constituido por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional que posean antecedentes técnicos y profesionales relevantes en materia de transporte. La duración del mandato de estos miembros –según el decreto mencionado- debiera extenderse a cinco años, es decir, más allá de un mandato presidencial, y las causales de remoción debieran producirse sólo por incumplimiento de sus deberes.

En definitiva, las normas que rigen el funcionamiento de la CNRT —aunque con ciertos defectos de origen—otorgan a dicho ente una independencia técnica y funcional que debiera permitirle cumplir sus tareasfiscalizadoras sin quelos gobiernos de turno se entrometan en su gestión.

Ahora bien, duranteel gobierno de la Alianza se dispone la intervención de la CNRT mediante el Decreto 454/2001, con fundamento en la detección de “falencias en la gestión del ente que conspiran contra los objetivos tuitivos de los derechos de los usuarios, la competitividad en los mercados y el logro de mayor seguridad y confiabilidad del transporte involucrado.” Conociendo la política privatizadora del menemismo y la connivencia de dicho gobierno con las empresas beneficiarias de las privatizaciones, es probable que este decreto tuviera algún grado de racionalidad, en tanto y en cuanto, la creación de la CNRT y la designación de sus miembros estuvo a cargo del mismo gobierno privatizador.

Con la renuncia de De la Rúa, la intervención continúa bajo elgobierno de Duhalde, quien dicta el Decreto 104/2002 designando un nuevo interventor, sin expresar fundamento alguno, aunque debe admitirse que nuestro país se encontraba, en aquel entonces, en la más severa crisis política y económica de su historia.

En el año 2003, el Presidente Kirchner designa un nuevo interventor mediante el dictado del Decreto 166/2003. Y al año siguiente, designa un reemplazante, mediante el dictado del Decreto 170/2004.

Ya en el año 2008, el recientemente procesado en la causa “Once”, Antonio Eduardo Sícaro, es designado interventor por Cristina Fernández de Kirchner.

Ocurrida la masacre de ONCE y lejos de normalizar la CNRT, la actual Presidente volvió a insistir con un nuevo interventor, quien actualmente conduce el ente.

Ni Duhalde ni “De La Ruanormalizaron” la CNRT. Puede invocarse a su favor la brevedad de ambos gobiernos.

Lo que resulta inadmisibles que el kirchnerismo, que ya va por su tercer mandato y exhibe pretensiones de eternidad, no haya podido designar en la CNRT a los funcionarios idóneos e independientes que exigen las normas de creación del ente regulador. Por el contrario, designó a meros delegados del Poder Ejecutivo, sin ninguna capacitación en la materia. Como ejemplo, la página web de la CNRT exhibe el curriculum del actual interventor, Ariel Fabián Franetovich, un abogado con cierta trayectoria en la función pública, pero sin ningún antecedente de relevancia vinculado al transporte público.

Debe tenerse en cuenta que las intervenciones son remedios de excepción ante situaciones excepcionales. Han de tener objetivos concretos a cumplir, luego de lo cual, procede la normalización y designación de autoridades naturales del ente intervenido.

Solían decir las autoridades de la última dictadura militar, cuando se las consultaba sobre la posibilidad de una urgente apertura democrática, que el Proceso no tenía plazos sino objetivos. De este modo, los militares de aquel entonces pretendían justificar su permanencia en el poder invocando la falta de concreción de los fines que —a su errado criterio— habían tornado necesaria la excepción (es decir, el gobierno de facto).

Pareciera que las sucesivas y prolongadas intervenciones de la CNRT por parte del Régimen K, no sólo no han tenido ni tienen plazo, sino que tampoco han tenido ni tienen objetivos. En efecto, ¿qué objetivo se persigue designando interventores sin idoneidad en materia de transporte? ¿Qué objetivo se persigue con la designación de meros delegados presidenciales a cargo del ente? ¿En qué se benefició el sistema ferroviario con esta artificial situación de excepcionalidad?

Desde mediados de 2003 hasta la fecha, Néstor Kirchner primero, y Cristina Kirchner, después, han designado durante casi diez años sucesivos interventores carentes de idoneidad. Durante casi diez años jamás ordenaron la normalización del ente. Y aún luego de la masacre de Once, la política institucional hacia la C.N.R.T. sigue siendo la misma. La falta de idoneidad de los sucesivos interventoresy la precariedad institucional del ente regulador del transporte constituyen dos elementos decisivos que llevaron al deterioro y al descontrol del sistema ferroviario. El Ministro De Vido, quien debiera ser investigado como responsable de la masacre de Once, no fue, sin embargo, quien designó a los interventores ineptos de la C.N.R.T. Tampoco tenía facultades para hacer cesar la intervención y normalizar el ente regulador mediante la designación de sus autoridades idóneas y naturales. Ello fue responsabilidad de Néstor Kirchner, durante el curso de su mandato, y es responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, desde el inicio de su primera presidencia y hasta el día de hoy.

La prolongación de esta política en el tiempo, aún contra las sucesivas advertencias (informes de la Auditoría General de la Nación, causas penales de Jaime y, finalmente, la propia masacre de Once) no pareciera deberse el descuido de una “abogada exitosa”. Por el contrario, se trata de un plan sistemático sostenido deliberadamente desde el Poder Ejecutivo, consistente en sacrificar el bien público en pos de beneficios netamente personales.

José Lucas Magioncalda