La semana pasada, TDP contó mientras el gobierno continúa con su lucha contra los grandes medios opositores y/o críticos a través de la Ley de Medios, ahora va por los diarios online y blogs.

Tiene que ver con el proyecto de ley presentado el 18 de septiembre pasado, nada más y nada menos que por la diputada Diana Conti, Remo Carlotto y Jorge Rivas. La polémica iniciativa pide “evitar la difusión de mensajes con contenido discriminador a través de plataformas de contenidos producidos por los usuarios, en el marco del estricto respeto por la libertad de expresión”.

El oficialismo en la Cámara de Diputados y el CELS de Horacio Verbitsky entraron en cortocircuito por este proyecto, el cual avisa que “si los sitios de Internet no remueven el contenido denunciado podrán recibir apercibimientos, multas, la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días o la pérdida de beneficios fiscales o crediticios”. Y le da al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) el poder de policía para aplicarlo. Y le da el poder de “disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley en lo que refiere al carácter discriminador de los contenidos, y al cumplimiento de las obligaciones de los administradores de las plataformas”.

Una vez admitida la denuncia o la actuación de oficio al ver algún comentario racista en algunas de estas plataformas, “la autoridad nacional de aplicación notificará al presunto infractor para que dentro del plazo de 5 días hábiles para que, según corresponda: remueva los contenidos que infrinjan esta ley, explicitando fundadamente el carácter discriminador de los mismos, bajo apercibimiento de multa, u ordene al pago de la multas previstas por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo”. Las mismas parte de 3 a 20 salarios mínimos.

El CELS les había pedido a los legisladores a través de una nota que retiren la propuesta, al considerar que podría afectar la libertad de expresión. Según el organismo, el proyecto “que pretende regular conductas vinculadas con expresiones insultantes y discriminatorias pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión”.

Además, sostuvo que “varias constituciones provinciales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no admiten medidas de esta naturaleza como sanción por contenidos u otras infracciones”.

Luego, los impulsores del proyecto salieron a contestarle al CELS en otra carta en la que acusan a sus representantes de tener una “mirada apresurada” de la iniciativa. En la misiva, los diputados aclararon que “el proyecto bajo análisis no pretende regular ‘expresiones insultantes’”, tal como denunció Verbitsky.

“Por el contrario, el proyecto versa pura y exclusivamente sobre la ‘difusión de mensajes con contenido discriminador’”, dijeron los oficialistas.

En el texto mencionaron los informes del relator especial de Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, citados por el propio CELS.

Esos informes, explicaron los diputados, “plantean que las restricciones a la libertad de expresión para prevenir la intolerancia solo deben limitarse a la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitación a la discriminación”.

 “La preocupación por garantizar el pleno goce de la libertad de expresión manifestada en la nota es totalmente compartida por nosotros dando cuenta de ello nuestra actividad pública y política a los largo de los años, promoviendo y protegiendo ese derecho entre los otros tantos derechos humanos”, aseguraron Conti y Carlotto.

Además, desafiaron al CELS a plantear sus objeciones en el Congreso, que comenzará a debatir el tema en las comisiones de Derechos Humanos y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados.