“Los políticos siempre han mentido. ¿Tiene importancia si dejan la verdad atrás por completo?”, se preguntó hace un par de semanas The Economist en un artículo en el que planteaba que estamos entrando en una desconocida era política: la de la post-verdad.

“Lo novedoso es que en esta nueva etapa, la verdad no es solo puesta en duda o falsificada, sino que pasó a tener una importancia secundaria. Se toman como ciertas las aseveraciones que se sienten verdad, sin importar los hechos”, explicó el artículo del prestigioso semanario británico.

Argentina asistió en los últimos meses a un show pornográfico de bóvedas, bolsos, cajas de cartón y de seguridad repletas de dinero no declarado.

Los principales gobernantes del país (kirchneristas y de Cambiemos) son robados en sus viviendas o “mejicaneados” impunemente como en la peor época del Oeste norteamericano.

Ante esta orgía que es de estado público muchos esperaban que el Congreso Nacional tomara al toro por las astas y sancionara en pocas horas una ley del arrepentido similar a la que tienen España, Italia, Brasil o Estados Unidos, países que han encarcelado a decenas de políticos corruptos gracias a las “delaciones premiadas”.

Por el momento, aquí sólo rige este régimen para lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, no se les ofrece un beneficio similar a ex funcionarios o a empresarios corruptos.

Este domingo, el diario Clarín reconoce que el ex secretario de Obras Pública de la Nación, José López, “es una bomba de tiempo para el kirchnerismo y también para los contratistas del Estado. Nadie puede descansar tranquilo”.

López ya declaró en los estrados judiciales que los nueve palos verdes que quería esconder en un convento provenían de la política.

Sin embargo, el parlamento argentino está “ruleteando” la ley del arrepentido: le da media sanción en diputados y la envía a la Cámara Alta. Luego, el Senado la modifica y la devuelve a la sala de origen.

Allí, podrá dormitar varios meses más y habrá nuevas modificaciones que obligarán a una nueva espera.

En síntesis, está deambulando con la estratégica norma al mejor estilo del cuento de la buena pipa.

López está solo, con once causas en su contra y desesperado. Es un adicto en el que nadie puede confiar.

Muchos creen que sería capaz de tirar por la borda a toda la clase política con tal de salir de prisión y empezar una nueva vida.

Según el columnista Nicolás Pizzi, el ex funcionario  “Tiene fechas, nombres y datos que se pueden verificar. Conoce como nadie el sistema de binomios que funcionó a lo largo de doce años”. ¿De qué se trata?

Según Clarín: “De un lado, estaban los empresarios de la obra pública, pero también de otros rubros. La cadena finalizaba siempre en funcionarios o intermediarios del Gobierno. En la jerga de la política, se los conoce como los  recaudadores. Por ahora López se guarda los nombres de todos bajo siete llaves”.

La única diputada feliz con el actual Congreso Nacional es Elisa Carrió, quién pasó del principismo moral irreductible de Hannah Arendt a un pragmatismo, a una realpolitik, cada día más cercana al intercambio propio de un bazar persa.

¿Por qué tanta desesperación en el tándem Lilita-Mauricio? Porque en los binomios de López predominan los empresarios de la construcción. Varios de ellos ex socios o familiares del propio Macri.

No caerán los hombres de negocios de un sólo color político. La realidad de la coima argentina es multicromática.

En el penal de Ezeiza, junto a López, está también otro que tiene muchas ganas de “cantar” para lograr prisión domiciliaria o régimen de testigo protegido: Ricardo Jaime, ex secretario de Transportes de la Nación.

Dicen los que conocen las intimidades actuales de la cárcel que ambos están “ensayando” algunas melodías y calentando sus cuerdas vocales.

El único problema es que desde Rivadavia y Entre Ríos nadie parece estar dispuesto a ayudarles a conseguir una sala de conciertos en los tribunales de Comodoro Py.