El jefe del bloque de los legisladores porteños del Frente para la Victoria, Diego Kravetz, se vio involucrado en una durísima acusación de cuatro hijos de desaparecidos, quienes junto a Estela Carlotto, lo involucraron en una denuncia judicial en la que señalan una estafa con el dinero que aportaron a la empresa recuperada IMPA, que pertenecía a indemnizaciones cobradas al Estado por la desaparición de sus padres.

La denuncia judicial la presentaron Agueda y Ana Goyochea, Paula Iriat y Nicolas Bai, todos hijos de desaparecidos que se conocieron militando en la agrupación H.I.J.O.S, quienes la dieron a conocer en una conferencia de prensa que contó con la presencia de la titular de abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Tati Almeida de Madres Línea Fundadora.

Según los familiares, Diego Kravetz, quien era integrante del grupo que manejaba IMPA y era un referente político del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNFR), cuando le reclamaron por el destino de su dinero les dijo que no podía dar explicaciones de lo que había sucedido y argumentó "no tener responsabilidad política, ni ética, ni legal".

Los chicos explicaron que el 2000 conocieron a Luís Scali quien los acercó a la Cooperativa de Trabajo IMPA "por entonces manejada por los señores Eduardo Murúa, Guillermo Robledo, Diego Kravetz y Horacio Campos". Agregaron que se les dijo a la hora de pedirles que aporten sus indeminizaciones al proyecto: "Qué mejor destino podría tener la indemnización por la desaparición de sus padres, que colaborar con la lucha de los trabajadores".

En plena ebullición social y antes del colapso de 2001, IMPA se había transformado en un emblema de este tipo de empresas. IMPA Cooperativa Ltda. es la cooperativa más grande de Buenos Aires y la primera convertidora de aluminio en todas sus fases. Fundada como empresa en 1910, se nacionaliza en 1947 y es privatizada en 1961 bajo la forma de cooperativa de trabajo. En 1997 sufre un proceso de vaciamiento que lleva al cierre de la fábrica, hasta que en mayo de 1998 los trabajadores recuperan la fuente de trabajo volviéndola a poner en marcha hasta el día hoy.

Su planta de 22.000 m2, ubicada en el corazón de la ciudad, es una de las dos únicas del país en la que se puede realizar el procesamiento completo del aluminio en sus fases de fundición, laminación, extrusión e impresión.

Según relatan los chicos: "El señor Scali, en representación de IMPA nos propone sumarnos a este proyecto aportando nuestro dinero en calidad de préstamo. Este capital iba a ser utilizado para continuar y fortalecer el proceso iniciado por la fábrica. Motivados por esto y luego de algunas conversaciones con la conducción de IMPA, otorgamos los primeros dos préstamos a favor de IMPA, entregando el dinero en mano a Eduardo Murúa. Acordando la devolución del capital en un año y la firma de la documentación de la deuda para los próximos días".

Sin embargo, desde entonces, los intentos por documentra la deuda son improductivos y según los familiares "nos plantean que la posibilidad de responder por la deuda contraída era extender el plazo del préstamo como así también acercar otros hijos de desaparecidos para que inviertan su dinero".

"Es así que Nicolás Bai transfiere vía bancaria casi la totalidad del dinero cobrado por la desaparición de sus padres. En dos de los Mutuos que se firmaron con IMPA, la firma del presidente se encuentra falsificada, hecho que verificamos posteriormente", continua el relato.

Los chicos agregan que hasta la fecha ha sido vanos los intentos por regularizar la deuda, y denuncian haber recibido "mal trato" y hasta "agresión psicológica constante".

La denuncia

"En el año 2005 comenzamos a realizar gestiones con un grupo de abogados. A través de Abuelas nos acercamos al gobierno nacional obteniendo la excelente predisposición para llamar a los ´administradores´ de IMPA, a sentarse a resolver el problema. Todos los intentos fueron vanos", denuncian los chicos quienes remarcan que "también fue en vano nuestro intento de obtener algún tipo de respuesta por parte del actual legislador de la Ciudad, Diego Kravetz, a quien nos dirigimos por ser integrante del grupo que manejaba IMPA y referente político en la construcción del MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) junto a Eduardo Murúa y Guillermo Robledo ".

"En un primer momento Kravetz argumentó no tener responsabilidad política, ni ética, ni legal, siendo que siempre estuvo al tanto de la situación planteada. Posteriormente, ya distanciado de Murúa y Robledo, accedió a dialogar con nosotros, aunque desafortunadamente reiteró que no se sentía responsable, pero que nos ayudaría en cuanto estuviera a su alcance. Dicha promesa no la cumplió", subrayan los denunciantes.

"La estafa se concretó dentro de un movimiento del cual Diego Kravetz fue partícipe y que en gran medida cimentó su carrera política y posibilitó su llegada a la legislatura", sostuvieron finalmente.