El conflicto de intereses se presenta cuando un funcionario público debe actuar en asuntos en el que tiene interés particular y directo o si lo tuviere su cónyuge, sus parientes o sus allegados.

En el caso de la Argentina, el ejercicio permanente de la doble moral es un rasgo notable de su cultura política. El fuerte nacionalismo de entrecasa sirve para ser muy duros con los de afuera y muy indulgentes con las carencias éticas vernáculas.

Para prevenir los casos de colisión de intereses, la legislación comparada suele contemplar una serie de exigencias y cautelas que garantizan que no se van a producir situaciones que pongan en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia del alto cargo o que no den lugar a un enriquecimiento ilícito.

Al respecto, la Ley de Ética Pública argentina es bastante escueta y pone la labor de investigación en manos de una Comisión Nacional de Ética Pública que nunca se ha conformado.

La existencia de conflictos de intereses se ha hecho notar últimamente con el ascenso a la primera magistratura de personajes de reconocida fortuna personal.

El caso más emblemático es, sin duda, el del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, propietario de un singular imperio mediático. Antes de ser electo en 2001, el empresario colocó en un “fideicomiso ciego” las acciones de sus compañías, un mecanismo que encomienda la administración del patrimonio a un gestor profesional, quien queda obligado a no efectuar consultas ni a informar al propietario durante el período de mandato.

Esta fórmula ya está legalmente vigente en algunos países. En EE.UU., tanto George Bush padre, como su hijo recurrieron al método. George W. Bush cedió el control de parte de su patrimonio a Northern Trust Co., el mismo fideicomisario que actualmente gestiona la cuenta bancaria del presidente Obama.

En Chile, el recientemente presidente electo, Sebastián Piñera es accionista mayoritario de la aerolínea LAN, propietario del club Colo Colo y dueño del canal Chilevisión. Para acallar las críticas, Piñera delegó en abril de 2009 la administración de gran parte de su fortuna en un fideicomiso ciego y actualmente ha anunciado su decisión de vender todas sus acciones en LAN.

En tanto en España, la legislación es mucho más rigurosa, ya que bajo la mirada de incompatibilidades de altos cargos a cargo de la Oficina de Conflictos de Intereses se refuerza el control sobre los intereses patrimoniales que pueda tener el funcionarioo, su cónyuge o la persona que conviva con él, extendiendo la prohibición de tener una participación de éstos superior a 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público.

Pero en la Argentina, no existen previsiones de naturaleza similar. La reforma de la Constitución de 1994 introdujo la obligatoriedad del Congreso de sancionar una ley sobre ética pública y la misma fue sancionada en septiembre de 1999.

Sin embargo, y después de 10 años, aún no se ha integrado la Comisión Nacional de Ética Pública que debe funcionar en el ámbito del Congreso de la Nación, la que sería la encargada de recibir las denuncias relativas a la conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública.

La Ley contempla una incompatibilidad limitada, puesto que la misma recién se produce cuando el cargo público tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de las concesiones, beneficios o actividades incompatibles.

La ausencia de una regulación eficaz en la legislación argentina, no debiera ser un pretexto para legitimar la práctica de conductas reñidas con la ética pública.

El comportamiento de los altos cargos públicos debiera servir como ejemplo para generar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y propiciar el respeto a los principios que garantizan la igualdad de todos ante la ley.

Lamentablemente, los medios vienen recogiendo datos de incrementos patrimoniales de los bienes gananciales del matrimonio presidencial, durante el período de mandato, que no son habituales en los países democráticos.

La falta de una perspectiva ética se manifiesta también en el uso desenfadado de fuertes expresiones para caracterizar el comportamiento de “los otros”, sin advertir el fuerte paralelismo que a veces guarda con los actos propios.

Los especuladores internacionales que adquieren bonos del Estado argentino a 20% del valor nominal, con la expectativa incierta de recuperar ciento por ciento de ese valor, son caracterizados en el lenguaje presidencial como “fondos buitres” o “ratas del Riachuelo”. Sin embargo, obsérvese que esos especuladores están comprando el elevado riesgo que le trasladan los tenedores de esos bonos.

Un comportamiento bastante más refinado que el del burdo especulador que adquiere tierras fiscales en El Calafate en condiciones de privilegio y las revende al cabo de dos años con un beneficio de 4.772%, sin asumir riesgo alguno en la transacción.

En la Argentina, sus dirigentes resultan tan pintorescos en la proyección de responsabilidades, que cuando se quedan sin respuestas frente a indisimulables rupturas éticas, terminan adjudicando toda la responsabilidad a la intervención taumatúrgica de algún “abuelo usurero”.

De allí, proviene el hecho de que el realismo mágico sea un género literario tan consustanciado con la peculiar manera de ver las cosas que tienen los argentinos.

Aleardo F. Laría
DyN