Ayer, diario La Nación dio a conocer una noticia que movió los cimientos políticos vernáculos: desde mediados de 2009, Washington mantiene cercada toda la información vinculada con operaciones financieras, documentación primordial entre ambos países, para perseguir y combatir el lavado de dinero. ¿Los motivos? según Estados Unidos, es por la utilización de esos datos con fines políticos.

Todo comenzó en 2009, a una semana de las elecciones legislativas en las que Francisco De Narváez derrotó a Néstor Kirchner, cuando Página/12 reveló que el Citybank y el JP Morgan habían emitido reportes con actividades sospechosas en las cuentas del dueño de América 2.

Ese artículo titulado "Los negocios del Patán", con firma de Horacio Verbitsky, daba cuenta de la investigación del Tesoro de los Estados Unidos "por lavado de dinero de origen delictivo" que salpicaba a De Narváez. Según publicó La Nación, esa información había llegado vía FINCEN, una oficina que depende del Departamento del Tesoro y reúne datos sobre crímenes financieros, que compartía con nuestro país pero que suspendió no bien se divulgó en la nota periodística.

Lo interesante del caso, es que Tribuna de Periodistas publicó en exclusiva en julio de 2009 los detalles de esa filtración del Gobierno para con Verbitsky. “Hace exactamente cuatro días, Pedro López, secretario de Prensa de Ricardo Echegaray —titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos— entregó en mano al periodista Horacio Verbitsky los detalles de la indagación que la AFIP lleva adelante sobre los bienes de Francisco De Narváez. Parte de lo entregado al hombre de prensa pudo leerse en el día de ayer en el oficialista diario Página/12, donde se dieron asombrosos detalles de movimientos financieros e impositivos de las empresas de De Narváez, los cuales sólo pudieron provenir de una fuente de alto rango oficial de la AFIP)”.

Ese dato, publicado hace más de un año, hoy cobra enorme relevancia luego de la ruptura que dio a conocer ayer La Nación.

La mejor defensa, el ataque

En su defensa, el actual titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, admitió a diario Clarín que no es sólo responsabilidad de la UIF "sino también del Ministerio Público Fiscal porque la transferencia de datos se puede haber producido cuando los informes estaban en la Justicia".

Según publica hoy Perfil.com, “el Grupo Egmont, un foro que regula este tipo de intercambios entre las unidades antilavado, establece reglas de confidencialidad que no puede violarse bajo ningún aspecto. Sbatella reparte culpas entre el Poder Judicial y la gestión anterior en su cartera, al mando de Rosa Falduto, y sostiene que esa ‘filtración’ puede ‘pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio de Público, se pierde el control del expediente’.”

Como sea, lo ocurrido deja a las claras —una vez más— que el kirchnerismo no tiene ni tendrá miramiento alguno a la hora de atacar a aquellos a los que considera sus “adversarios“. Ni aunque ello le signifique perder la recepción de importante información sobre lavado de dinero en la Argentina.

Carlos Forte