Desde el jueves pasado, trabajadores de la construcción enfrentados a la conducción del sindicato de la UOCRA mantienen la toma en el yacimiento petrolero más importante de la Argentina, Cerro Dragón, en Chubut, generando gran preocupación ya que su operadora, la firma Pan American Energy (PAE), advirtió sobre la posible "paralización total de la producción de petróleo y gas" y el gobernador Martín Buzzi advirtió sobre "serios perjuicios" para la provincia y el país.

La protesta se da en rechazo al aumento salarial del 12 por ciento retroactivo a marzo acordado por el sindicato y causó graves destrozos que, según el CEO de la operadora, Oscar Prieto, implican "pérdidas millonarias". En este contexto, el gobernador Buzzi señaló que "sigue muy de cerca y con preocupación el conflicto" y exigió a los trabajadores denominados "dragones" —que no tienen reconocimiento sindical— que "levanten inmediatamente la medida de fuerza irracional que está ocasionando serios perjuicios".

"Necesitamos que reine la cordura, ya que la violencia no es la forma de reclamar porque deslegitima las ideas", remarcó Buzzi en declaraciones recogidas por agencia Noticias Argentinas, y agregó que la toma del yacimiento "está afectando el suministro de gas en toda la zona de la Cordillera, desde Río Mayo hasta Lago Puelo, incluyendo a Esquel, Bariloche y El Bolsón, dejando sin luz a Río Mayo, Río Senguer, Gobernador Costa y San Martin".

En el mismo sentido, en declaraciones reproducidas por el portal ADN sur, indicó que la medida de fuerza "incide negativamente sobre la producción de combustibles a nivel país y amenazando con dejar sin agua a la mitad de la ciudad de Comodoro Rivadavia". "Hablo en nombre de los 550 mil chubutenses y de los argentinos. Esta medida es irracional", indicó el mandatario, que dispuso la conformación de un comité de crisis para destrabar el conflicto, integrado por el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñán, el de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, los secretarios Legal y Técnico, Miguel Montoya, y de Trabajo, Simón Cimadevilla, y el titular de Petrominera S.E., Oscar Cretini.

Poco antes, el ministro Touriñán había advertido que efectivos de la Gendarmería podrían desalojar a los llamados "dragones" y asegurado que a los responsables de los destrozos "les cabrá las generales de la ley": "Pueden ir todos presos", dijo. Por su parte, la operadora PAE informó este viernes que "entre 300 y 400 personas" mantenían la ocupación del yacimiento, lo que impacta sobre el nivel de actividad del área", ya que "hay 49 equipos de torre sin operar y aproximadamente 6.700 trabajadores que no han podido ingresar para cumplir con sus tareas".

"El bombeo de petróleo a Caleta Córdova está totalmente paralizado. La producción de crudo disminuyó 12 mil metros cúbicos por día a 3 mil. Si bien PAE ha realizado todos los esfuerzos para mantener la inyección de gas a gasoductos, la producción de gas ha caído en 3 millones de metros cúbicos diarios", indicó la firma, que amplió denuncias ante la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia y ante la Justicia Provincial.

En un comunicado, también reproducido por NA, agregó que "de mantenerse la ocupación de las instalaciones, se prevé la paralización total de la producción de petróleo y gas en un máximo de 30 horas", lo que puede generar "graves consecuencias al abastecimiento interno de hidrocarburos y comprometerá el suministro de gas a las localidades alimentadas por el Gasoducto Patagónico". Los manifestantes reclaman alcanzar un 23 por ciento de aumento salarial con el fin de equiparar sus sueldos con el de los trabajadores afiliados al gremio petrolero que comparten tareas en esas instalaciones, a unos 80 kilómetros al oeste de Comodoro.

En este contexto, Cristian Parra, referente del sindicato de Obras Mecánicas, indicó que "es lamentable lo que ha sucedido", aseguró que "la planta continúa tomada", pero garantizó que la provisión de servicios no se verá perjudicada: "Habrá agua y gas normalmente", apuntó. "Si los destrozos fueron realizados por afiliados van a ser castigados como deben ser. Pero es mentira que hubo heridos. La planta sigue tomada a la espera de que el Gobierno provincial quiera destrabar el conflicto", indicó Parra en declaraciones televisivas.

Hace unas horas, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, intentó negociar con los gremialistas para que levantaran la toma y, según fuentes oficiales, habría decisión gubernamental de ingresar con la Gendarmeria al lugar. En estas horas hay apostados 150 efectivos de cerco y más de 200 de reserva para el ingreso.

Sospechosamente, las comunicaciones telefónicas se han cortado y la jueza federal Eva Parcio —que oportunamente emitió una orden para desalojar el terreno— se encuentra inhallable.

Demasiados elementos para desconfiar, aunque habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la jornada de hoy.

Equipo de Actualidad de Tribuna de Periodistas