La Sala Acusadora de la Legislatura Santa Cruz, se reunirá este miércoles a las 18 horas en sesión secreta para iniciar el tratamiento del pedido de juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner.

Esta decisión fue impulsada por los gremios dela Mesa de Unidad Sindical (MUS) y la CTA autónoma, aunque sin chances de que prospere ante la mayoría parlamentaria que ostenta el oficialismo.

Es que, tanto la denominada Sala Acusadora como la llamada Sala Juzgadora constituidas (tal cual como lo establece el reglamento) al comienzo del período de sesiones ordinarias, reflejan en su composición la relación de fuerzas que existe en el cuerpo, con claro dominio del Frente Para la Victoria, con lo cual la oposición está lejos de poder reunir la mayoría especial de los dos tercios que se requieren para abrir un proceso de juicio político.

No obstante, convocada para este miércoles a las 18 horas, la sala acusadora (integrada por 12 de los 24 miembros de la legislatura) comenzará a dar tratamiento a pedido de juicio político contra la gobernadora Alicia Kirchner, presentado hace dos semanas atrás, con el respaldo de más de 5000 firmas, por la Mesa de Unidad Sindical u la CTA autónoma.

“Tenemos que darle curso a la denuncia, por eso convocamos a la primera reunión, para evaluar los tramites e iniciar lo que corresponda” aclaró el diputado de FPV, Jorge Arabel, quien preside la Sala Acusadora y convocó a reunión a otros siete pares de su bloque, a tres legisladores del Frente Unión para Vivir Mejor/Cambiemos y uno del Frente Renovador.

Por su parte, la diputada Roxana Reyes, integrante de la sala por el bloque UPVM/Cambiemos, indicó que serían tratadas “cada una de las causales planteadas con mucha responsabilidad” y, en ese contexto, remarcó que “se va a tener que dar el debate pertinente”.

La MUS y la CTA Autónoma acompañaron hace dos semanas, con 5120 firmas un pedido de juicio político volcado en 90 páginas de un escrito en el que acusaron a la gobernadora Alicia Kirchner de almenos ocho casos de presunto incumplimiento de sus deberes, a raíz de lo que señalaron como su “incapacidad” para garantizar la educación pública, la salud, la seguridad social y el pago de los salarios de la administración publica en tiempo y forma.