Cuando asumió al frente de la Unidad Especial que investiga el atentado a la AMIA, en enero de 2016, Mario Cimadevilla solo conocía el caso a través de lo que leía en los diarios y veía en la televisión.

Supo en seguida que leer la causa completa le llevaría no menos de cuatro años. No es para menos: se trata de un expediente que ostenta medio millón de fojas.

Meses después de llegar a ese cargo, en abril de 2016, le ocurrió algo que pocos saben: se encontró con un amigo que se desempeñaba en el Tribunal de La Haya. Fue en Café Martínez.

“El mes que viene va a haber una actividad donde se hablará sobre cómo se investigan este tipo de atentados, ¿querés participar?”, le preguntó el hombre a Cimadevilla. La respuesta fue negativa: “Prefiero que vaya uno de los muchachos y cuando viene nos cuenta”, sostuvo el titular de la Unidad Especial AMIA, en relación a uno de los abogados a su cargo.

Lo que descubrió el letrado, y que luego le manifestó a Cimadevilla, sorprendió a todos por igual: no existe atentado de magnitud donde no se recurra a alguna de las tres o cuatro consultoras internacionales que están preparadas para resolver hechos de índole similar a lo ocurrido en la mutual judía.

Con ese dato a cuestas, desde la Unidad especial se decidió consultar a una de esas firmas. “Además de la causa AMIA, necesitamos las causas ‘armas’, ‘Río Tercero’, y ‘Lourdes Di Natale’”, le dijeron a Cimadevilla, dejándolo completamente absorto.

Acto seguido, decidió pedir que le permitieran contratar a la empresa de marras. No lo logró: “Nunca pudimos, y eso que teníamos un convenio con las carteras de Justicia y Modernización”, dijeron a este cronista desde la Unidad AMIA.

Lo que más molestó a los funcionarios de esa dependencia, no fue que les dijeran que no, sino que ni siquiera les plantearan alternativa alguna. “Siempre daban vueltas para no hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen amigos complicados y no quieren que terminen investigados”, insistieron desde la misma Unidad.

Los cuestionamientos llegaron desde el lugar menos esperado, el presupuestario. Ello a pesar de que el monto que cobraba la consultora internacional era de 400 mil dólares, no gran cosa si se tiene en cuenta el presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Justicia, dependiente de Germán Garavano.

Dicho sea de paso, ese fue el puntapié inicial de lo que sería el enfrentamiento entre Cimadevilla y el ministro de Justicia. La disputa fue gradual, creciente. Se fue magnificando a medida que el hoy malogrado titular de la Unidad Especial iba descubriendo que le quitaban todo el apoyo.

Por caso, jamás consiguió que mandaran proyecto de ley alguno ni tampoco que contrataran la consultora. Hay un detalle no menor a tal respecto: el proyecto tenía la firma de todos los bloques y fue trabajado con todas las universidades.

Pronto, esa discusión viró hacia otra más mediática: el juicio en ausencia contra los iraníes. Desde el sector de Garavano se concluyó que era una suerte de aberración avanzar en algo así. Sin embargo, si hubieran estudiado mínimamente la cuestión habrían sabido que existían antecedentes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había convalidado esa figura en, al menos, dos casos.

Uno fue el de Erich Priebke, acusado por la Masacre de las Fosas Ardeatinas; el otro fue el caso del represor Alfredo Astíz.

Como sea, el día que Cimadevilla asumió al frente de la Unidad AMIA ocurrió un hecho inesperado: renunciaron todos los abogados de la querella. El problema es que ya empezaban las audiencias.

Entonces, el funcionario se cruzó con Garavano y le dijo: “Que no haya nadie es un papelón”. El ministro respondió breve: “Bueno, vemos”.

Allí apareció el factor Elisa Carrió, quien propuso que se contratara a Mariana Stilman, una de las que más conocía el expediente. Se la propuso a Cimadevilla no bien se lo cruzó en un pasillo.

Ni lerdo, ni perezoso, Garavano decidió nombrar a un nuevo abogado de su propia confianza, llamado Miguel Inchausti, quien empezó a bajar línea de que no hay que acusar ni preguntar nada en el juicio. Fue el comienzo de las peleas con Stilman.

Fue entonces cuando la abogada decidió renunciar y Lilita denunció a Garavano por corrupción.

En esos días entró en escena un operador que logró mantenerse en las sombras hasta el día de hoy: Daniel Angelici. Fue quien empezó a interferir en el expediente para que no se avanzara contra aquellos que desviaron la real trama de la investigación.

Allí apareció la excusa perfecta que Garavano usó en su favor: la idea del gobierno de reducir secretarías y otras dependencias oficiales.

So pretexto de avanzar en ese sentido, se decidió terminar de una vez y por todas con la Unidad Especial, aún cuando no tenía rango de Secretaría.

Hoy en día, la Unidad descendió de rango y pasó a depender de las Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj.

El dato no es menor: el hoy funcionario de DDHH fue secretario ejecutivo de Rubén Beraja, uno de los principales encubridores del atentado a la AMIA.

No hay remate.