Uno de los tópicos más importantes que discuten los legisladores en la coyuntura del país, es el proyecto de Ley antitarifazo que presentó la oposición a pesar de que el presidente asegurara que, de aprobarse, la vetará sin trastabillar.

Los tarifazos han complicado sobremanera a muchas familias y negocios, eso no es nada nuevo, de hecho las PyMEs se declararon en “Estado de Alerta”, sin embargo el Gobierno negó que exista una crisis en ese sector.

Las Pequeñas y Medianas Empresas no zafaron del cimbronazo, como ya se ha repetido en varias oportunidades, mucha de estas compañías tienen costos de producción muy alto, por eso decidieron declararse en el llamado “Estado de Alerta”.

A pesar de la aseveración de las empresas, el ministro de Producción nacional, Francisco Cabrera, negó la crisis referida y refutó tajantemente el cierre de PyMEs, al mismo tiempo que se anunciaron medidas para facilitar el financiamiento en momentos de una economía compleja.

La dirección de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, emitió un comunicado que daba cuenta del estado referido, además, remarco que es “llamativo y preocupante que un alto funcionario muestre semejante grado de desconocimiento sobre lo que ocurre en la realidad del entramado productivo nacional”.

Esta semana, Cabrera participó de la Mesa de la Industria Automotriz, en la provincia de Córdoba, donde negó de “forma terminante” el cierre de PyMEs: “No hay una sola PyME que haya cerrado por las tarifas. La energía incide entre el tres y el cinco por ciento de los costos, el 95 por ciento está en otras cosas” mencionó el funcionario oficialista.

Los empresarios  aseguraron que las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el financiamiento de sus empresas, no logran resolver el problema de fondo, sino que “se trata de un paliativo menor que no resuelve de modo sustentable el ahogo financiero (…) en particular las de menor tamaño, que son las más afectadas por esta problemática”.

Es dable destacar que desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se anunciaron iniciativas direccionadas a simplificar el financiamiento de las PyMEs, tales como el levantamiento de embargos en dos días, o planes de pagos nuevos y más amplios.

Según manifestó la entidad empresarial, baste escuchar al “conjunto de los sectores para verificar que los desproporcionados aumentos de tarifas junto con el resto de las condiciones económicas vigentes, fruto de las políticas desreguladoras y aperturistas del actual Gobierno, destruyen a las PyMEs, a la industria local y a las economías regionales”.

En lo que a las Pequeñas  Medianas Empresas respecta, mencionaron que hay “una combinación letal de alta inflación, tasa de interés de referencia en 40% (y tasas de financiamiento entre 50 y 100 %), insumos y tarifas dolarizados, entrada masiva de bienes importados, ‘enfriamiento’ de la demanda y menor crecimiento”.

Por ello, declararon “el alerta sectorial en todo el país, con reuniones y convocatorias en las distintas Delegaciones regionales a fin de evaluar la situación de las empresas”.

Ring sin Raje

Luego de dos semanas desmesuradamente complicadas en materia económica, el oficialismo apeló nuevamente al timbreo nacional y de esta manera poder acercarse a los vecinos, sobre todo a quienes fueron sus votantes, buscando la manera de suavizar el cachetazo que a muchos les quedó marcado tras los tarifazos, la inflación, la corrida cambiaria y la vuelta al Fondo Monetario Internacional.

Según especificaron fuentes oficiales, el timbreo inició alrededor de las 10 de la mañana con la presencia del presidente Mauricio Macri y altos funcionarios tales como el jefe de Gabinete Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Quien inusualmente “recurrió al faltazo” fue la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

Como era de esperarse, y tal como sucede cada vez que el Gobierno recurre a esta práctica, se dieron charlas y se colgaron fotos en las redes sociales, aunque esta vez, además, se les entregó a los vecinos un volante con frases e ideas optimistas.

Algunos de estos mensajes transmitidos hacia los vecinos fueron: “Los argentinos empezamos a cambiar cuando decidimos trabajar en equipo para construir un futuro mejor”; “Los desafíos son muchos y no hay recetas mágicas”; “Juntos estamos avanzando por el camino correcto para llegar a esa Argentina que tanto queremos”, “Lo hacemos con compromiso, escuchándonos, diciéndonos la verdad y trabajando todos los días para transformar nuestra realidad entre todos”; entre otros.

La salida a la calle no fue casual, la mala situación económica que atraviesa en la coyuntura a la Argentina golpeó fuertemente la imagen presidencial y de altos funcionarios del Gobierno, entre los más afectados: Vidal, Larreta y Peña.

El otro cachete

El próximo martes será un día clave en el Congreso ya que se vence el ultimátum que el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, le brindó al Gobierno para presentar un “proyecto superador” al que la oposición debate en el parlamento para frenar los tarifazos.

Dicho proyecto ya tiene media sanción en la Cámara baja y se demoró la firma del dictamen en la Cámara alta porque el senador Pichetto optó por darle un tiempo más al oficialismo.

Desde el macrismo ya dejaron que trascienda el hecho de que no habrá una propuesta alternativa, que apelarán a la racionalidad de los gobernadores y que, si se aprueba la Ley, el jefe de Estado la vetará.

El miércoles último, en comisiones, Pichetto mencionó que “si para el martes 19 horas no hay una propuesta que implique una rebaja de tarifas, aprobamos el proyecto como vino de Diputados”. Por dicha razón, el Gobierno negocia con las pocas horas que le quedan con los gobernadores para que convenzan a sus senadores.

Sin embargo, según le mencionaron altos funcionaros de Cambiemos al diario La Nación: “Estamos esperando que salga la Ley para vetarla, queremos dar una muestra clara de contundencia política y demostrar quien está de cada lado”.

El Gobierno intentará convencer a sus propios legisladores y gobernadores cercanos de que el costo fiscal de la normativa sería asaz importante: 170 mil millones de pesos para 2018 y 2019 y 80 mil millones de pesos para este año. Parte de ese costo deberán pagarlo las provincias.

Y siga el baile…

Si bien el presidente Mauricio Macri ya tiene el veto bajo la manga en caso de que se apruebe el proyecto antitarifazo ¿Qué pasará luego de que el primer mandatario decida poner esa carta sobre la mesa?

La Constitución prevé que en caso de que el jefe de Estado vete una Ley, esta volverá al Congreso y de obtener dos tercios de votos a favor, dicho proyecto deberá ser promulgado este o no el presidente de acuerdo.

Ya existen antecedentes de lo mencionado, desde el regreso a la democracia en el `83, el Congreso aprobó en 36 oportunidades una Ley que había sido vetada previamente.

Una vez que la Ley es aprobada en ambas Cámaras, el presidente tiene dos senderos: el primero es aprobar y promulgar la Ley, lo que, consecuentemente, finaliza el proceso legislativo, la normativa se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.

El segundo camino por el que se puede continuar es el de vetar la Ley, lo que se puede hacer en forma parcial o total. En caso de que el veto sea parcial, se puede promulgar la parte que no haya sido vetada siempre y cuando no desvirtúe la idea original del proyecto aprobado en Congreso.

Si el presidente resuelve vetar esa Ley, el proyecto recae nuevamente en el Congreso, que puede rechazar o aceptar la desaprobación presidencial. Si ambas Cámaras ostentan dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la Ley se promulga, sin la necesidad de que esté de acuerdo Mauricio Macri.

De no conseguir los votos necesarios, el veto presidencial se mantiene y la iniciativa no puede tratarse nuevamente en las sesiones de este año, tal como se manifiesta en el artículo 83 de la Constitución Nacional.