En el año 1994 se procedió a la reforma de la Constitución Nacional luego del pacto de Olivos realizado entre el ex presidente Raúl Alfonsín y el por entonces presidente Carlos Menem; por el art. 114 se estableció la conformación del Consejo de la Magistratura que debía regirse por una ley dictada al efecto, la cual necesitaba contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras legislativas. Éste consejo tendría a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.
    La constitución ordena que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, como asimismo de otras personas del ámbito académico y científico.
    Las atribuciones conferidas constitucionalmente son las de seleccionar por concurso público a los postulantes a las magistraturas inferiores, proponer ternas vinculantes para el nombramiento de magistrados de los tribunales inferiores, administrar y ejecutar el presupuesto de la administración de justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados, decidir la apertura de los procesos de acusación, suspensión y remoción de los jueces y el dictado de los reglamentos relacionados con la organización judicial y para garantizar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.
    Después de más de tres años de la reforma constitucional el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.937, en diciembre de 1997, que fuera modificada ocho días después -Ley 24.939- para ajustar la cantidad de miembros que estarían representados. Recién en julio de 1999 se reglamentó la ley -cinco años después-.
    El presidente de la Nación , Néstor Kirchner, el 26 de mayo del 2004 -al cumplirse un año de su asunción- presentó al Senado un proyecto de ley para reducir el número de miembros a 12, eliminando la participación del presidente de la CSJN , de dos diputados nacionales y tres senadores nacionales, de un juez y de un representante de los abogados.
    Un año y medio después la senadora Cristina Fernández, esposa del primer mandatario, duplica la representación de legisladores y disminuye en un miembro a las representaciones de abogados y académicos con respecto al proyecto de su marido presidente.
    Para que quede más claro esta es la evolución de las leyes y los proyectos:

El rechazo generalizado está totalmente justificado porque lo que busca el Gobierno es justamente apropiarse de la conducción del Consejo de la Magistratura , porque mientras los consejeros legisladores disminuyen en dos miembros la de los otros miembros baja en cinco. Ya tenemos, como ejemplo, la composición de ese órgano en la Provincia de Santa Cruz por si existe alguna duda sobre el fin perseguido en la reforma del consejo.
    Más allá de las bravuconadas de baratija del presidente que insulta y ataca sin miramientos a cualquiera y por doquier -en una demostración de su falta de respeto a la oposición, su desinterés por el debate y el disenso, más una clara demostración de sus miedos que tapa con el abuso de su investidura-, de las risas y aplausos de sus lacayos ministros y secretarios de Estado, los cuales no soportarían seguramente la más mínima investigación sobre sus comportamientos pasados y actuales como tampoco la de sus patrimonios, está una realidad que nos dice que desde el más variado arco de los sectores sociales, políticos, profesionales, académicos, de organizaciones no gubernamentales el proyecto oficialista es rechazado.
    Debería saber el presidente que el pasado 23 de octubre solamente le dieron su voto -para los legisladores propuestos por él y su Frente para la Victoria- un 23% de los ciudadanos en condiciones de votar, lo cual no le otorga el derecho a considerarse portador de la verdad y menos aún el de un gran triunfador. Porque si esto no quedase claro podríamos confundirnos entre la representatividad indiscutida y el autoritarismo que es impuesto como impronta de su gestión.
    Una vez más, queda en la actitud y aptitud de los ciudadanos comprender y revelarnos contra estos “politiquitos” de turno que muy lejos de haber tenido una conducta cívica intachable, una preparación para actuar como estadista, un historial de compromiso en la defensa de los Derechos Humanos y de respeto con los opositores políticos ahora vienen a vendernos la idea de transparencia y dignidad democrática y republicana. Solamente debemos recordar quienes fueron y son los aliados políticos, sindicales, comunicadores sociales, financistas y empresarios de Kirchner para comparar la distancia entre los discursos oficiales con la realidad palpable y comprobable.
    Debemos decirlo claramente: quién ejerce el poder sin limitaciones conforma un régimen político “autoritario”, el resto son maquillajes de la prensa y la propaganda para cada ocasión.
    No es simplemente un chiste en el día de los inocentes.

Hugo Alberto de Pedro