Está bien documentado que el Estado venezolano creó grupos paramilitares para asesinar ciudadanos disidentes, mientras protestan o cuando están en sus casas. Se han reportado miles de víctimas, tantas como durante las dictaduras de Chile o Argentina en los años setenta. Sin que la Justicia en ningún caso investigue a los responsables.

Las fuerzas de seguridad en Santiago no son un grupo irregular que actúa fuera de la ley, tampoco lo son las de Quito y otras ciudades de Ecuador donde semanas atrás hubo represión, e igual que en Chile en estos días, cientos de detenidos y varias muertes violentas. La Justicia, los medios de comunicación y la sociedad civil en ambos casos están en condiciones de reclamar e investigar esas detenciones y muertes, y determinar si se violaron o no derechos de los afectados. Si ellas se produjeron durante saqueos u otros episodios violentos, o son abusos de los agentes del Estado.

Tampoco es lo mismo un reclamo por la posible ilegitimidad de un escrutinio, que uno contra el aumento de las tarifas del transporte o el combustible. Claro que los dos reclamos son legítimos. Y a los dos los gobiernos democráticos deben dar respuesta, separando la paja del trigo: el legítimo derecho de la gente a protestar, de la acción eventual o probada de grupos políticos que pretendan destruir la autoridad constitucional. Y que mientras ese Estado no se haya vuelto instrumento de un tirano, no tendría legitimidad alguna. Pero justamente esa conversión puede estar sucediendo si un gobierno comete fraude (fue lo que sucedió en la última elección presidencial venezolana), y no sucede en cambio cuando un gobierno decide aumentos de tarifas.

Los gobiernos de Ecuador y Chile intentaron políticas de ajuste del gasto, recortando subsidios, porque las cuentas no les cierran. La gente protestó y debieron dar marcha atrás. Buscarán ahora otra forma de cerrar las cuentas, puede que una mejor, menos injusta socialmente, o puede que una no mucho mejor, por ejemplo endeudándose y postergando el problema. Algo sabemos en Argentina de estos dilemas difíciles de resolver. En cualquier caso, nada de eso afecta las reglas de juego ni la naturaleza del régimen. Y si algún grupo quiere aprovechar para voltear a los gobiernos en funciones actúa no sólo contra la ley, también contra la constitución y la democracia.

El gobierno boliviano enfrenta un problema distinto: el que parece estar violando la constitución es él; y como siempre sucede, no la violó una sola vez y ya no más, si no que una primer violación está llevando a otra, y otra más, y nadie sabe cuándo y cómo se podría detener. La primera fue cuando decidió ignorar la cláusula que impone un límite a las reelecciones, y ahora empeoró las cosas con un escrutinio que se suspendió con un resultado, y se retomó con uno más favorable para sus intereses. ¿Podrá detener esta deriva autoritaria? Esa es la pregunta que todos le hacen a Evo Morales, y su respuesta es demasiado parecida a la que suele dar su amigo Maduro: dice que enfrenta un golpe, cuando los opositores, y puede que pronto también la OEA, lo que le están diciendo es que el golpe lo hizo él, primero al candidatearse, y luego al no aceptar ir a una segunda vuelta contra su principal contendiente.

Y en Argentina, mientras tanto, ¿por qué estamos tan calmados?, ¿por qué, si somos expertos en estallidos, no tenemos ni un módico corte de ruta, ni siquiera un piquete en Plaza de Mayo, y apenas si logramos organizar una pequeña manifestación donde los únicos golpeados fueron algunos periodistas que se atrevieron a hacer su trabajo?

Es claro que las inminentes elecciones son la válvula de escape de expectativas y demandas que, de otro modo, tal vez estarían expresándose y no de modo muy pacífico, en las calles. Pero la cuestión es entonces: ¿va a seguir siendo así pasadas las elecciones, las demandas desatendidas y el malhumor social se van a seguir canalizando pacíficamente, vamos a seguir dando el ejemplo, uno que nadie hubiera esperado justamente de nosotros, o todo se va a complicar?

Lo peculiar de nuestra situación actual es, además, que hay plena certidumbre de lo que pasará de acá al domingo a la noche, las encuestas esta vez no van a fallar, ya se ha formado una voluntad ciudadana que parece saber lo que quiere y cómo conseguirlo, así que no hay motivos para el miedo, la bronca o el desorden.

Pero esa certidumbre termina justamente a las 0 horas del lunes 28. Cuando suenen las doce, lo que parece un carruaje triunfal va a convertirse en lo que realmente es, calabazas y ratones, y entraremos en un cono de total incertidumbre.

¿No surgirán justamente entonces motivos para una convulsión “a la Argentina”? ¿Qué pasa si la expectativa de que las elecciones resuelvan las cosas se convierte muy rápido en una frustración, ante la evidencia de que tan fácil no es, porque los problemas siguen e incluso pueden empeorar si no se actúa rápido y coordinadamente?

Las elecciones resolverán la salida de un gobierno desprestigiado y la llegada de otro que ha alimentado expectativas diversas. Pero no podrá evitar la continuidad del ajuste, y si lo intenta lo que logrará será desordenarlo aún más, volverlo del todo caótico. Por ejemplo, si para no seguir el camino de Chile y Ecuador, decidiera continuar el congelamiento de tarifas y combustible, tendría que aumentar subsidios y emitir, enfrentar el retiro de inversiones y tal vez de los propios inversores, con los consecuentes juicios y desabastecimiento. ¿Qué hará el nuevo gobierno si se ve pronto en una situación parecida a la que hoy enfrentan sus pares de Santiago y Quito, y encima quien se frota las manos detrás no es Maduro y su banda castrista, si no esa derecha a la que se ha cansado de denostar por el ajuste? Va a ser aleccionador verlo.