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Este lunes, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, fue denunciada en Comodoro Py, por la Coalición Republicanos, que conduce Darío Lopérfido, con el apoyo de la Fundación Apolo.
En la presentación, a la que tuvo acceso en exclusiva Tribuna de Periodistas, los dirigentes de la fuerza política denunciante, Yamil Santoro y José Magioncalda, cuestionaron los dichos de la funcionaria sobre su intención de "revisar" la pericia realizada por la Gendarmería en el caso "Nisman", a través de la cual pudo comprobarse que el Fiscal fue asesinado.
En el escrito de denuncia se expresa que la Ministra, refiriéndose al informe pericial, concretamente dijo: "Lo vamos a revisar en colaboración con la Justicia. Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito; primero tenemos que hacer modificaciones en la jefatura (de la fuerza)"
Santoro y Magioncalda entienden que si un Presidente de la Nación tiene vedado “conocer” sobre causas judiciales pendientes que lleva adelante la Justicia, menos aún podrían hacerlo los ministros que, según el art. 103 de la Constitución Nacional, “…no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.” Asimismo, entendieron que la pericia en cuestión fue realizada por la Gendarmería Nacional, en carácter de auxiliar de justicia. Por lo tanto, el informe pericial forma parte de un proceso judicial, y como tal, solo puede ser revisado en los estrados judiciales y por orden de un magistrado.
De este modo, se destaca en la denuncia que "los dichos de la Sra. Ministra de Seguridad, constituyen por sí solos una ilícita intromisión y una presión a la Justicia Federal y al Ministerio Público, para que se revise un informe pericial que no solo fue avalado en primera instancia, sino en la alzada, luego de la impugnación que efectuara la defensa del Sr. Diego Lagomarsino.
En este sentido, expresaron los firmantes de la presentación que "la funcionaria denunciada pone en duda el desempeño del Poder Judicial y del Ministerio Público en el “Caso Nisman”, sin fundamento técnico alguno. Es decir, por una decisión meramente política. Y hace lo propio respecto de las autoridades de la Gendarmería Nacional, pero sin denunciar a ningún funcionario por realizar de modo ilícito la pericia, o por avalarla en dos instancias judiciales. Por el contrario, sostiene que va a intervenir, pero va a dejar pasar un “tiempito” para hacer modificaciones en la Jefatura de la Fuerza. Esto, en definitiva, no es otra cosa que condicionar a los futuros Jefes de Gendarmería, para que se guíen por un criterio político y no técnico, si esta fuerza debiera actuar nuevamente como auxiliar de justicia, lo cual, en definitiva, exhibe otra modalidad de condicionamiento al Poder Judicial".
Los dichos de la funcionaria, según el escrito judicial, habrían vulnerado un conjunto de deberes que están a cargo de la funcionaria, quien habría utilizado sus funciones para presionar sobre los funcionarios que llevan la causa y beneficiar con dicha presión a Diego Lagomarsino, procesado en la causa "Nisman". Por esta razón, REPUBLICANOS pide que se la investigue por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 249 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con la función públcia, art. 265 (del mismo cuerpo legal).
La causa quedó radicada bajo el número 9606/2019, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo del Dr. Canicoba Corral. Interviene el Fiscal Stornelli.
