Una ex empleada municipal chilena denunció ante la Justicia que fue obligada bajo amenaza de despido a infiltrarse en las protestas sociales que sacuden al país desde hace cuatro meses, para obtener información sobre los líderes de la "primera línea", un grupo que defiende a los manifestantes de los embates policiales.

El escándalo, revelado hoy por medios chilenos, podría involucrar a la alcaldesa de la comuna capitalina de Providencia, Evelyn Matthei, dirigente de uno de los partidos que integran la coalición de gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera.

La demandante, Evelyn Quezada, denunció que recibió orden de su jefe directo, el encargado de planificación del municipio, Felipe Frez, el 19 de noviembre -un mes después del estallido de la crisis social-, de ingresar furtivamente y disfrazada en las protestas de la Plaza Baquedano, rebautizada Plaza de la Dignidad por los manifestantes.

Allí, según denunció, tenía la misión de recabar información, sacar fotos con su celular, observar movimientos de los líderes y anticipar acciones del colectivo, para enviarla a un grupo de WhatsApp creado con ese fin en la municipalidad que lidera Matthei.

La alcaldesa es militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e hija del general Fernando Matthey, miembro de la Junta Militar durante la dictadura (1973-1990).

El objetivo de la infiltración es la "primera línea", un colectivo anónimo de jóvenes que resisten la represión desatada a raíz de la ola de protestas y que, con escudos artesanales y movimientos tácticos, procuran proteger a los manifestantes en las sucesivas marchas.

El grupo y su creciente participación en las manifestaciones se han transformado en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno de Piñera, que busca neutralizarlos, por ahora sin suerte.

La denuncia explotó en redes, donde se acusa al gobierno chileno de repetir prácticas de la dictadura.

El concejal de ese mismo municipio por el Partido País Progresista, Jaime Parada Hoyl, calificó el hecho como "gravísimo" y publicó en su perfil de Twitter que pedirá información "para saber cuántos funcionarios más fueron expuestos de esta manera".

Quezada contó que, pese a que intentó negarse, la directora de fiscalización de la municipalidad, María Ivonne Johansen, le había insistido utilizando como método de presión el inminente fin de su contrato con la municipalidad.

En su denuncia, presentada ante la Justicia laboral y reproducida hoy por el portal de noticias El Desconcierto, la "infiltrada municipal" detalla que fue enviada "a distintas zonas que fueran foco central de la contingencia nacional, principalmente Plaza Baquedano".

Allí contó, además, que el primer día tuvo que caminar, junto a dos compañeros de trabajo también infiltrados, por las calles aledañas a la plaza, epicentro de las protestas desde octubre, para observar a los vendedores ambulantes, personas en situación de calle y a los manifestantes.

La información recopilada supuestamente fue traspasada a sus monitores, aunque Quezada asegura que también "iba directo a la alcaldesa Evelyn Matthei".

La mujer agregó que Frez le exigió "revisar casas que tengan algo para ayudar a los manifestantes, y enviar direcciones y confirmar si los vendedores son extranjeros o no".

La mujer señala que nunca quiso hacer ese trabajo, que fue coaccionada y que finalmente colapsó a las dos semanas de iniciada esta actividad, por lo que terminó con una licencia por estrés que concluyó en su renuncia el 24 de diciembre.

La denuncia, por vulneración de derechos fundamentales y despido indirecto, se tramita actualmente en el Tribunal del Trabajo de Santiago, y la audiencia preparatoria está programada para el 18 de febrero, según lo consignado por El Desconcierto.