Parece un juego, un chiste de mal gusto, pero no lo es. Entre el viernes de la semana pasada y los días que vendrán, saldrán a la calle una inmensa cantidad de presos con la excusa del temor al contagio del coronavirus entre las poblaciones carcelarias.

No obstante, suena más a un pretexto que a la causa real. De otra forma no se entiende cómo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, haya pedido abrir una mesa de diálogo para analizar el problema de la sobrepoblación carcelaria.

Más aún, dicha solicitud fue realizada no bien asumido al frente del Ejecutivo de la provincia como uno de sus primeros actos oficiales. Apenas llevaba 4 días en el cargo y para peor, la petición fue celebrada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

“El flamante ministro de Justicia (Julio Alak) aseguró que la semana próxima se dará inicio a la mesa de diálogo para avanzar en la grave situación que se vive en las cárceles provinciales, que fuera reconocida por el gobernador Kicillof en su discurso de asunción” describe la CPM en un mensaje remitido al propio gobernador.

Pero no fue el único, el propio presidente Alberto Fernández, el 8 de diciembre pasado, dos días antes de su asunción al frente de la administración nacional, cuestionó la sobrepoblación en las cárceles.

Cuando inició esta tratativa, simplemente se hablaba de liberar a los presos sin condena firme, que actualmente rondan en el 50% de los detenidos. Pero esa negociación siguió avanzando y se podrá liberar presos condenados con pocos años por cumplir e incluso una reducción de pena.

¿Por qué se reducirían las condenas si la excusa para descomprimir las cárceles tiene que ver simplemente con evitar los contagios masivos en las cárceles? Todo un despropósito.

Es bien cierto que el macrismo se ocupó de sobrellenar los penales sin solución de continuidad y sin buscar alternativas. Una buena hubiese sido remodelar y poner en funcionamiento la cárcel de Caseros o la de San Martín, por ejemplo.

Pero el actual Gobierno sólo busca utilizar una excusa absurda para llegar a números impensados en cuanto a la sobrepoblación carcelaria, aún a sabiendas de que ello puede generar grandes estragos en la sociedad. Dicho sea de paso ¿No será acaso que es ello lo que se busca?

Pero… ¿Qué pasará ahora que se liberan presos a mansalva? Es imposible saber qué pasará a futuro, pero hay hechos de la historia añeja y reciente que pueden ayudar a dilucidar esa pregunta.

En 1973, cuando asume la presidencia Hector Cámpora, se dispone la liberación de cientos de presos “políticos”, fue precisamente el 25 de mayo de ese año.

La mayoría de los que fueron liberados, estaban cumpliendo penas por actos terroristas llevados a cabo bajo la tutela de ciertas organizaciones como el ERP, FAL, FAR Y Montoneros. Todas ellas con la espalda cargadas de cuerpos.

Pero hay un dato que no se puede dejar pasar: a comienzos de la década del 70 se registraron 269.250 hechos delictuosos (737 diarios). Sin embargo, En 1973, tuvieron lugar 314.567 casos –año que se caracteriza por tener el mayor incremento de los 70, del 16,4%-, con un promedio diario de 861 delitos en el país.

Ello lleva a pensar que, si sucedió en aquella época, si la delincuencia aumentó notablemente, ¿Por qué no sucedería en la coyuntura?

No obstante, existen hechos más recientes que ponen en jaque las medidas que utiliza la Justicia para monitorear a los presos domiciliarios.

¿Cuántas historias existen sobre personajes que roban con la tobillera puesta? Son decenas y decenas de casos que se acumulan, el último acontecido el fin de semana pasado.

¿Qué pasará con los cientos Matias Bagnato –único sobreviviente de la masacre de Flores- que existen y que reciben amenazas constantes? ¿Quién se encargara de cuidarlos cuando la persona que amenaza tras las rejas quede en libertad?

¿Cómo harán para cuidarse las víctimas de delitos si un juez, como lo es Victor Violini, deja en libertad a un tipo acusado de la violación de una nena de 13 años y lo manda a vivir a metros de la casa de esta última sin siquiera tener la delicadeza de notificar su liberación a los familiares de la chica abusada?

Es terrible, porque el mismísimo procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, admitió que "no existe certeza absoluta" de que los presos que sean beneficiados con una prisión domiciliaria "no se escapen".

¿Quién tiene la culpa? Es obvio, las altas esferas de poder y cómo no, la Justicia obsecuente a los oficialismos de turno.

La culpa la tienen Fernando Esteche, Luis D’Elia, Amado Boudou, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Cesar Milani, Oscar Thomas; entre otros tantos que quedaron en libertad y, obviamente, los jueces que se lo permitieron.

Ante estos hechos, y por obvias razones, los presos se preguntaron incansablemente ¿Por qué ellos y no nosotros? Y la verdad es que la incógnita tiene gran elocuencia.

En otras palabras todo lo que está aconteciendo en materia de “desaguisados penales“, tiene una clara mirada militante, partidaria, típica del marxismo, como lo es el socialismo que pregona el presidente Alberto Fernández.

¿Los perjudicados? Los mismos de siempre, la clase media, la que no roba pero tampoco le alcanza para seguridad privada, la que con su trabajo y esfuerzo mantiene al Estado, el mismo que hoy toma medidas perniciosas para esa misma gente.