En medio de las negociaciones por la crisis carcelaria en Tucumán, un representante del Servicio Penitenciario pidió que un banco pusiera un cajero automático en la zona para que los presos puedan utilizarlo.

El llamativo y cuestionado planteo dejó al descubierto que al menos 14 condenados accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia, pero no descartan que sean todavía más los beneficiarios.

Según informaron fuentes judiciales a La Gaceta, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) recibió en los últimos días varios pedidos para que se le permitiera a los internos salir del penal para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).

“Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, explicó la jueza de Ejecución Alicia Merched, quien resaltó: “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”.

La novedad surgió poco después de que se conociera cómo un grupo de guardias traficaba drogas, celulares y bebidas alcohólicas dentro de la cárcel de Villa Urquiza.

Por su parte, el gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, explicó que los reclusos no están contemplados en el pago del beneficio, pero aclaró: “Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia”.

El funcionario remarcó que “una cosa es que se otorgue el IFE y otra que se efectivice el pago. Por eso es importante que se haya decidido impedir la instalación del cajero. La Justicia tiene la responsabilidad de autorizar la salida del reo para cumplimentar el trámite”.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, se comunicó con Salim y acordaron tomar medidas para evitar que los condenados cobren la asistencia.

Algunos de los presos que solicitaron el IFE

-Raúl “El Turco” Fadel: en 2014 había sido condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo.

-Andrés Alejandro González: sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón.

-Tomás Alejandro Ceballos: cumple prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, por el que también fue condenado Miguel “Piki” Orellana, hermano de los caudillos políticos de Famaillá.