En estas horas, el fiscal Claudio Scapolán está en la mira de la justicia en una causa por “narcotráfico y asociación ilícita”. De hecho, ya fue imputado y se pidió su desafuero para poder detenerlo.

Lo acusan de integrar una organización que armaba causas en la que presuntamente participaban sus dos secretarios, policías y dos abogados. Allanaron una fiscalía y una dependencia policial y hay varios detenidos.

En tal contexto, el fiscal federal Fernando Domínguez estableció la participación de más de 40 policías, de funcionarios del Ministerio Público bonaerense, de abogados y del fiscal Claudio Scapolan en lo que denominó “una asociación ilícita que administró, gestionó y reguló el tráfico de estupefacientes en Morón, San Isidro y San Martín”.

“¿Cómo podía pensar yo que un fiscal encabezaría una organización criminal integrada por funcionarios policiales dedicada al tráfico de drogas, la extorsión, etc., etc.? Sin embargo, eso es lo que hemos descubierto con la marcha de la investigación", indicó el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en su presentación a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Cuatro años de una investigación dirigida enteramente por la Fiscalía Federal N°2 derivaron en el requerimiento de 250 páginas presentado en febrero pasado para que la jueza ordenara una serie de allanamientos y detenciones, que hicieron que su contenido se hiciera conocido públicamente en el último fin de semana de julio.

La causa FSM 36447/2016 tiene 48 imputados -entre los cuales se cuentan un fiscal provincial y dos funcionarios a su cargo, 41 policías y tres abogados- como integrantes de una asociación ilícita que se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de estupefacientes al menos entre los años 2012 y 2015 en los distritos bonaerenses de San Isidro, Morón y San Martín, tal el recorte del objeto del proceso.

El expediente se inició con el estudio de las sentencias en otros dos casos importantes por narcotráfico del fuero federal de San Martín, causas conocidas como “Bustamante” y “Anacona”. Las absoluciones de los imputados en esos casos y la graves irregularidades detectadas derivaron en la instrucción de la causa instruida por Domínguez desde 2016: “Aquí, naturalmente, se buscó profundizar la investigación del accionar de policías y funcionarios judiciales; así es que fueron apareciendo datos reveladores que complementaron aquellos, permitiendo una reconstrucción fidedigna de lo acontecido que habilita presentar ahora a Vuestra Señoría una serie de imputaciones fundadas en prueba sólida, en datos, evidencias que son el reflejo de valores iluminadores como los hechos, la razón y la lógica, cuya contundencia no deja, a mi juicio, margen de dudas”, escribió el fiscal en su presentación. En efecto, el escrito también reseña y analiza prueba obtenida y cruzada con otros expedientes en los que se detectaron hechos atribuibles a esta organización criminal.

Domínguez individualizó como líder al fiscal del fuero ordinario Claudio Scapolan, en su entonces rol de fiscal de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro. Solicitó que se convoque a todos los imputados a declaración indagatoria, pero requirió la detención respecto de 24 personas -doce de ellas ya se encuentran detenidas- y aclaró que no solicitaba la de Scapolan en función de sus fueros de magistrado.

“Un esquema que reguló el tráfico”

“El método criminal con el que operaban consistía fundamentalmente en la sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados; la extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; e incluso, la detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia; todo ello, además de un sin número de otros delitos como lo son el cohecho, las falsedades instrumentales, el incumplimiento de deberes, el abuso de autoridad, etc.”, enumeró el fiscal en su presentación.

Domínguez señaló que en este caso “queda al descubierto una red de ilegalidad que involucra el abuso de poder y la corrupción de funcionarios públicos -vaya paradoja- encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco se han cometido innumerable cantidad de delitos sumamente graves”.

Llamado anónimo al 911

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, la organización operaba en el comienzo de cada procedimiento ilegal con los datos que obtenía de los denominados “informantes” respecto de actividad de narcotraficantes, tanto sobre lugares de acopio, como vehículos utilizados para el transporte y personas implicadas, “para de esta manera y con el conocimiento y anuencia del fiscal Scapolan, dar curso a una investigación judicial, iniciada generalmente con un falso llamado telefónico anónimo al 911”.

Durante la pesquisa, la fiscalía logró verificar que si los presuntos hechos narcocriminales estaban situados en una zona donde Scapolan carecía de competencia territorial “en los inicios de la investigación se plasmaba en las actas o en las declaraciones supuestas tareas investigativas en domicilios en los que sí poseía competencia el citado fiscal, para de esta manera establecer un vínculo -falso- con los sujetos y/o lugares de acopio que previamente habían detectado los informantes policiales en otras jurisdicciones”.

La fiscalía indicó que la organización criminal conformaba la prueba que luego serviría para justificar la realización de los procedimientos que “bajo la figura de urgencia disponía el fiscal Scapolan fuera de su jurisdicción”.

Una vez que conseguía ese objetivo, la organización extorsionaba a los mismos investigados y/o a sus familiares, y sustraían sus pertenencias tanto como material estupefaciente efectivamente hallado. Ese, describió el fiscal federal, era un “botín que a la postre era repartido entre los sujetos intervinientes en tales procedimientos y, en el caso del material estupefaciente, comercializado luego por los canales clandestinos que a tales efectos contaban y controlaban los mismos funcionarios imputados”. La fiscalía determinó que en al menos en uno de los procedimientos uno de los informantes simuló ser policía y que familiares de los propios miembros de la organización actuaron como testigos de actuación.

En su extensa presentación, el fiscal reflexionó sobre los hechos investigados y el impacto social de las conductas desplegadas. Escribió: “La corrupción no es sólo el dinero público que desaparece en bolsillos privados. El dinero es importante pero no es lo más importante. La corrupción va mucho más allá y se extiende y ramifica. La corrupción consiste en su sentido amplio en echar a perder, depravar o pudrir algo”.

“Leones blancos”, un caso testigo

El caso “Anacona” es uno de los episodios que forma parte de la requisitoria fiscal y cuyos hechos -que aquí se describen brevemente- muestran la forma de operar de la organización. Se inició oficialmente con un llamado anónimo recibido en la Dirección Departamental Quilmes de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas el 29 de diciembre de 2013 a las 17.35, aunque luego se determinó que ese llamado nunca existió. El personal policial dejó asentado que en esa inexistente comunicación se indicó que desde una quinta de Moreno saldría una combi a entregar drogas hacia Boulogne, partido de San Isidro. La camioneta, una Mercedes Benz Sprinter, y un auto de apoyo, Ford Fiesta, que la acompañaba fueron seguidos por personal policial encubierto desde el inicio del recorrido y finalmente interceptados sobre el Camino del Buen Ayre, cerca del peaje de acceso a la autopista Panamericana.

Según las actas de procedimiento, se secuestraron 481,131 kilos de cocaína distribuida en bolsos y fraccionada en panes. En la ocasión, se detuvo a los dos ocupantes de la camioneta y al conductor del auto. Luego fueron detenidos otros dos hombres en el lugar donde el utilitario inició el trayecto, en Moreno. En ese lugar fueron incautados otros doce kilos en varios panes de cocaína guardados en un bolso y equipos industriales y logística. El caso se conoció en los medios de comunicación como “Leones Blancos”: dos figuras enormes de ese animal y de ese color decoraban el entorno de la pileta de la quinta de Moreno.

En las actas no se especificó que durante el allanamiento al domicilio de Moreno estuvieron el subcomisario y el comisario de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes, Juan José Magraner y Marcelo Di Rosa, respectivamente. Este último declaró que había llegado allí después del procedimiento. Su presencia en ese momento fue declarada por un arrepentido y luego se verificó que ambos jefes policiales estaban en la zona antes del procedimiento e incluso antes de que se recibiera la inexistente llamada anónima en la dependencia a su cargo, gracias a la geolocalización de sus teléfonos celulares. Los cruces telefónicos permitieron determinar luego que uno de esos funcionarios policiales hablaba antes de la llamada anónima inexistente con el fiscal Scapolan.

La causa "Anacona" fue anulada por el TOF 5 de San Martín el 26 de agosto de 2016 y las personas detenidas resultaron absueltas. La Cámara Federal de Casación confirmó la sentencia. El expediente se encuentra en la Corte Suprema a la espera de la resolución de un recurso extraordinario, aunque el fiscal Fernando Domínguez pidió que se informe al máximo tribunal el estado de esta investigación que logró determinar la existencia y actuación de una asociación ilícita que fraguó las pruebas de ese causa.

“El procedimiento del caso ‘Anacona’ exhibe la capacidad de esta organización para adquirir información sobre sujetos relacionados al narcotráfico para beneficiarse luego en provecho propio, e incluso su posterior utilización en los medios de prensa; ello, sin entrar a considerar lo llamativo que resulta el hecho de que la parte del estupefaciente secuestrado en este procedimiento, a partir de las características de su envoltorio, esté compuesto por no menos de doce lotes de distinta procedencia y, casualmente, varios de ellos con características similares a los secuestrados en diversos procedimientos anteriores", notó Domínguez.

En la profundización de la pesquisa con base en el cruce de datos de las diferentes causas y las revelaciones de un arrepentido y un testigo de identidad reservada, la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro determinó que los testigos que dieron fe del procedimiento se conocían con los policías y que uno de ellos recibió una camioneta Ford Eco Sport como pago por su participación. El otro testigo utilizaba una identificación falsa con la que ocultaba que en realidad era un ex policía, con pedido de captura en casos de narcotráfico. En efecto, ese testigo llegó al procedimiento en una camioneta Chevrolet S10 que fue utilizada para sustraer al menos otra media tonelada de cocaína a la vera de la autopista, durante el operativo de detención de quienes se trasladaban en el utilizario y su auto de apoyo. La geolocalización del teléfono del secretario de Scapolan, Maximiliano Jarich, ahora imputado y detenido, lo ubica en ese lugar y a la misma hora en que los bolsos -entre 26 y 28, de 20 kilos cada uno- con el estupefaciente no declarado en el acta eran trasladados a la Chevrolet S10.

Esa alrededor de media tonelada de cocaína sustraída del procedimiento tiene un valor calculado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y fue trasladada por ese mismo testigo del procedimiento a un local de Quilmes propiedad de un subteniente que trabajaba al mando de Magraner y Di Rosa. Dos días después, fue llevada a Santa Clara del Mar y desde allí fue distribuida para su comercialización en la costa bonaerense.

Colaborador ejecutado

El fiscal Domínguez pudo reconstruir que el dato sobre el transporte de la cocaína desde Moreno a Boulogne que aprovechó la organización le fue proporcionado a miembros de la Policía bonaerense de Quilmes por el financista Diego Xavier Guastini, asesinado el 28 de octubre pasado en esa ciudad por un sicario que disparó tres veces; las balas atravesaron la ventanilla y la puerta de su automóvil Audi A4. Guastini era socio del financista desaparecido en 2015 Hugo Díaz. En los días previos a su ejecución, Guastini venía colaborando con información, en carácter de arrepentido, ante diferentes autoridades judiciales y había llegado a contar que él mismo proporcionó el dato que dio inicio a “Leones blancos”. Se sospecha que, a cambio, habría cobrado parte de la droga sustraída.

Según declaró el propio Guastini, la operación llegó a su conocimiento a través de personas de nacionalidad colombiana que necesitaban con urgencia cambiar un millón de euros por dólares. Guastini, que regenteaba cuevas en el microcentro porteño y para quien era frecuente brindar soluciones ante ese tipo urgencias, hizo la operación de cambio e inmediatamente pasó el dato a sus contactos de la Policía bonaerense, dependientes de Magraner. Allí comenzó la operación de seguimiento de los policías, que incluyó la colocación de un dispositivo de geolocalización oculto debajo de una de las camionetas que utilizaban los narcotraficantes y a partir de la cual lograron detectar la quinta de Moreno, que era una de las bases de operaciones del clan de los hermanos José y Edwin Loza. De hecho, se cree que Edwin logró escapar aquella noche del 29 de diciembre de 2013.

Para la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, la secuencia “evidencia que los investigadores pactaron la impunidad para los máximos responsables de la conducta de comercialización de los estupefacientes (comprador y vendedor), en tanto que nunca fueron mencionados en el expediente judicial y por ende, menos aún, detenidos”.