El gobierno está lanzado ya desenfrenadamente, de la mano del coronavirus, a un ataque completamente desenmascarado sobre las libertades más íntimas de la ciudadanía.

Como sabemos ha dispuesto de manera obligatoria en todo el país la prohibición de las reuniones familiares bajo amenaza de aplicar las disposiciones del Código Penal referidas a los atentados contra la salud pública.

Se trata, al mismo tiempo, de un avance inaceptable sobre el círculo más privado de libertades individuales y de un desconocimiento atroz de la más elemental noción del derecho.

A esta altura ya es sabido que el kirchnerismo no tiene ningún miramiento por las formalidades de la ley y que está dispuesto a avanzar sobre todos los campos que sean necesarios para recortar -y eventualmente, eliminar- los derechos civiles y las libertades públicas.

Muchas veces para esos fines utiliza máscaras o caretas falsas, caballos de Troya, que esconden sus verdaderas intenciones de someter a la sociedad a una servidumbre extendida.

Así fue el caso de la “democratización de la justicia”, en su período anterior, su intención de promover a Daniel Reposo como procurador (para que, detrás de su circo, se colara su verdadera elegida, Alejandra Gils Carbó), sus manejos del Consejo de la Magistratura (ahora y siempre); el caso más reciente de Vicentin -en donde detrás del argumento del salvataje y la soberanía alimentaria se colaba su intención de quedarse con la empresa-; el de la reforma judicial, que en realidad esconde un proyecto de sumisión de la justicia, impunidad para la familia Kirchner y sus acólitos y venganza para todos aquellos que osaron (u osen) oponérsele; la cuarentena eterna que disimula y sirve de excusa para consolidar un proyecto de avance sobre las libertades ciudadanas; los planes sociales que están enderezados a formar generaciones de minusválidos sin cultura de trabajo y con una dependencia completa del cucharón de comida del Estado.

En general toda la hipocresía populista de la “justicia social” tiene una base de dominación de las personas que compran el verso del “igualitarismo” y del Rey Mago que vendrá a imponerlo en contra de los “poderosos”, pero que en realidad esconde un plan para crear una nomenklatura privilegiada compuesta por ellos mismos que domine a su antojo la vida de los argentinos.

Pero ahora esa pretensión ha ido un paso más allá: pretende perseguir con la ley penal a las familias que se reúnan en una casa. Se trata de un avance osado, escondido detrás de la “preocupación” por la salud de todos.

Pero para hacerlo el gobierno ha pisoteado (como lo hace a menudo) todas las reglas del derecho. El derecho penal se rige por varios principios inconmovibles cuya violación cruza con una línea roja de invalidez todo lo que se haga en consecuencia. Estoy consciente de que todas estas formalidades legales son minucias burguesas para un gobierno autoritario. Pero quiero analizar aquí al menos la teoría del deber ser.

El presidente según la Constitución no puede legislar. Solo tiene una herramienta acotada y de segundo orden que es el decreto cuyo alcance y naturaleza es y debe ser muy limitado. Jamás el presidente podría utilizar la vía del decreto para generar legislación penal porque eso contraría el principio de legalidad que debe acompañar a la legislación criminal.

Ese principio indica que los tipos penales deben ser creados por ley del Congreso: nunca un decreto presidencial podría crear un delito. De modo que amenazar a los argentinos con correrlos con el Código Penal porque el abuelo fue a visitar al nieto a la casa de su hijo es un disparate inaceptable.

Otro de los principios violados aquí es el de la tipicidad, según el cual la conducta penalizada debe estar descripta específica y detalladamente en un “tipo” penal que advierte con anticipación cuál es la conducta considerada delito. Este principio juega pari pasu con otro completamente esencial para la ley penal que es el de la no-analogía. En el derecho penal, contrario a lo que ocurre en el civil y comercial, la analogía no existe: no puede aplicarse una pena porque una conducta es parecida o asimilable a otra conducta tipificada como delito; la conducta debe estar completamente encuadrada dentro del tipo penal.

Así cuando el presidente pretende correr a los argentinos con la amenaza de la cárcel porque el ir a visitar a un nieto “se parece” a las conductas que ponen en peligro la salud pública, es una aberración suficiente para que Fernández no pise nunca más la facultad de derecho ni un aula en donde se dicte una clase de derecho penal.

Pretender hacer todo esto encima sin ley, sino con una especie de “bando” más parecido a las proclamas del Capitán Monasterio de la serie El Zorro que a las disposiciones de una República, constituye una payasada de tal magnitud que para lo único que sirve es para revelar aún más y para confirmar que todo lo que hace el kirchnerismo no es más que una gigantesca puesta en escena para ocultar los fines que realmente persigue que, como a esta altura está ampliamente demostrado, son la sumisión y la esclavitud de la sociedad.

La Argentina está ingresando en un círculo muy oscuro de su historia. La sociedad debe detener este proceso que está deshaciendo, desde hace 80 años, toda la construcción del Estado de Derecho que se fundó con la Constitución. Si no se hace -y si no se hace más o menos rápido- el país caerá en la miseria y en la más oscura noche de la arbitrariedad.