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Legisladores nacionales presentan habeas corpus contra el gobierno de Formosa por violar las excepciones al Decreto 297/20

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Ello en cuanto a trabajadores esenciales; gravedad institucional
Ello en cuanto a trabajadores esenciales; gravedad institucional

Se espera para las próximas horas un fallo que puede ser un nuevo revés judicial para el gobierno de la provincia de Formosa y que tiene que ver con la imposición arbitraria e ilegal de cuarentenas por 14 días a trabajadores esenciales que cumplen funciones dentro y fuera de la provincia.

 

El caso se plantea con el Diputado Nacional Mario Arce, que luego de una sesión del Congreso (en cumplimiento de su función), el día 13 de febrero retorno a la provincia y a pesar de tener hisopado negativo, se le notificó la realización de un aislamiento obligatorio y compulsivo por 14 días por parte de la Mesa del Covid”.

Recordemos que funcionarios de los tres poderes del Estado, como otros trabajadores esenciales, están exentos de este requisito por la tarea que cumplen, siendo el caso en cuestión, una clara violación de la Provincia a normas nacionales y provinciales vigentes, abriendo la puerta a un conflicto de poderes.

La acción de habeas corpus está firmada por los legisladores nacionales Mario Negri, Luis Naidenoff, Alfredo Cornejo, Gustavo Mena y el presidente del Comité Provincial Martin Hernandez, con el patrocinio letrado del ex Juez de la Juicio a las Juntas Militares Ricardo Gil Lavedra y el Dr. Juan Montoya, donde se menciona el artículo 6° del DNU 297/2020, que de forma clara y taxativa prescribe: “…Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia…”. Tales como los de los representantes del Congreso de la Nación argentina.

Por su parte, en el mismo sentido opera el decreto provincial 100/20, art.5, punto 25 que se interpreta de manera conjunta con la norma nacional invocada.

A pesar de la claridad de las disposiciónes y de otras normas constitucionales, en menos de una semana, el diputado lleva 4 hisopados con resultado negativo y ha cumplido con todos los protocolos sanitarios, siendo motivo suficiente para poder regresar a sus actividades laborales que se ven impedidos por estar aislado.

En este sentido, Arce dijo que“estamos dando la batalla donde hay que dar y a los abusos le respondemos con acciones concretas".
"No buscamos hacer un show, sino sentar una nueva jurisprudencia que pueda ser utilizado por cualquiera de los 640 mil formoseños”.

Y prosiguió “sabemos que toda esta jugada de Insfran es una arremetida política por las denuncias penales que en mi calidad de diputado nacional presenté ante la Justicia en nombre de muchos formoseños que se vieron afectados en sus derechos, como así también los planteos públicos y las repercusiones que tuvo nuestra intervención en la última sesión del Congreso”.
Arce consideró que el principal objetivo es que la Justicia haga cumplir la ley, dejando un antecedente judicial que sea extensivo para todos los trabajadores esenciales y también para los ciudadanos formoseños que en estos 11 meses vieron pisoteados sus derechos”.

Cada paso que da el Gobierno Provincial, es un acto de ilegalidad, y sino observemos lo que ha ocurrido con los varados, con las víctimas en centros de aislamiento, con el bloqueo a los Clorindenses " y agregó “no entraremos en la provocación para que luego este gobierno se victimice".

"El camino es la justicia y si es necesario llegaremos hasta la últimas consecuencias recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Organismos Internacionales”.

El legislador además remarcó que se presentaron pruebas ante el Juzgado Federal sobre situaciones donde funcionarios del gobierno provincial como Gildo Insfran, Eber Solis, Jorge Gonzalez, Alberto Zorilla, Jorge Ibañez, entre otros se valen del decreto nacional y provincial para salir y entrar a la provincia sin problemas, pero cuando lo hacen opositores, hay una intencionalidad política de imponer órdenes y restricciones que no tienen un fundamento legal, siendo que las normas se aplican para todos por igual sin distinguir el color político.

Por último, adelantó que el juzgado competente ya notificó a la provincia para que informe sobre esta situación, y en breve se fijará una audiencia para resolver el caso, concluyó.

 

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