En la causa “Vialidad”, donde están procesados, entre otros, la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner y su presunto testaferro, Lázaro Báez, y cuyas audiencias comenzaron el 21 de mayo de 2019, declararon a lo largo del mes de junio funcionarios de AFIP Regional Mar del Plata, quienes tuvieron a su cargo las reinspecciones correspondientes a operaciones fiscales entre diferentes empresas, algunas de ellas propiedad del empresario patagónico pero atribuidas a los Kirchner, donde se detectaron severas y irregularidades que resultaron determinantes para la Justicia.

El proceso se inició “por haberse detectado en materia de obra pública vial un plan diseñado en Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia entre los años 2003 y 2015”. En paralelo, en la ciudad de Bahía Blanca está radicada desde 2014 la causa 10451 donde se investiga una significativa emisión de documentos apócrifos por parte de un conglomerado de empresas de reconocidas familias bahienses para beneficiar a Austral Construcciones S.A., propiedad del empresario patagónico. Y a su vez, ambas se conectan también con “La Ruta del Dinero K”, por la que Báez fue condenado a 12 años de prisión en febrero de este año.

En dicha línea, vale consignar lo dicho por los magistrados del TOF 4 que condenó al empresario en los fundamentos de la sentencia publicada el último 26 de abril: “Los hechos investigados en la causa (Bahía) pueden vincularse con aquellos que son materia de investigación en la causa 5048/2016 “Vialidad”, como así también en la presente causa 3017/2013”.

El entrecruzamiento se hace evidente. La hipótesis investigativa de la causa bahiense fue descripta por el Juez Walter López Da Silva en el auto de procesamiento de Lázaro Báez del 19 de diciembre de 2019: “Los grupos “Ficcadenti” -integrado por “Grupo Penta& CIA S.A.”, “Calvento S.A.” y “Terrafari S.A.”- y “Ferreyra” –compuesto por “Constructora Patagónica Argentina S.A.”, “Vialinvert S.A.” y “Ferreyra Constructora Vial S.A.”- habrían emitido facturas ideológica o materialmente falsas a “Austral Construcciones SA” (ACSA) –que les contrataba “servicios” o les adquiría “bienes” que aquellos no podían prestar o no tenían, y que ACSA no necesitaba- por las que el “Grupo Báez” les habría pagado el total del importe con cheques (de modo tal que dicho importe figurase en su contabilidad), que los grupos emisores cambiaban por dinero en efectivo en la financiera “Crediba S.A.” y después le devolvían a aquél, también en efectivo, una gran parte del monto facturado apócrifamente, que éste no ingresaba al circuito contable y lo mantenía “en negro” manteniendo los grupos emisores para sí un porcentaje de ese dinero como “contraprestación” por la provisión de las referidas facturas falsas (el “servicio” ilegal prestado)”.

Algunas de aquellas empresas (las de los Grupos Ficcadenti y Ferreyra) si bien se encontraban registradas ante la AFIP, “no mostraban actividad económica real, ni capacidad económica o financiera, por carecer de cuentas bancarias, bienes de uso, capacidad técnica y empleado en relación de dependencia”, afirmaron también los jueces. Tales conclusiones fueron posibles gracias al trabajo de los funcionarios de la DGI de Mar del Plata, que fueron comandadas por Eduardo Bellini, sospechosamente removido de su cargo el pasado 2 de julio, junto a otras 30 personas de la Dirección marplatense. Previamente a que tuvieran que declarar en sede judicial, tal como informáramos desde este medio, en dicha Regional se recibió un correo “avisando” de los cambios que se venían.

Una alta fuente de la filial local del organismo describe la operación fiscal en palabras más contundentes: “La utilización de la maniobra sin dudas ha sido realizada para poder extraer del “circuito blanco de ingresos de Austral Construcciones” pagos del Estado por obra pública- dinero amparado por facturas apócrifas de compras o facturas del propio grupo, como fue el caso de Valle Mitre, que luego, con el efectivo en mano seguramente se canalizarían para fines poco claros”.

Concretamente, y a partir de las reinspecciones hechas por los sabuesos marplatenses, se investiga la posible “comisión del delito de evasión respecto de las obligaciones frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a Ganancias en el ejercicio 2010 de Austral Construcciones S.A., mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas, en tanto omitieron exteriorizar operaciones gravadas y reflejaron compras inexistentes provenientes de la registración de facturas apócrifas emitidas por las firmas Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta&Cia. S.A., Calvento S.A. y Vale Mitre S.A.”. Esta última empresa cobra vital importancia. A diferencia de las otras, la mencionada firma era propiedad de Lázaro Báez.

Valle Mitre fue gerenciadora de hoteles de los Kirchner, entre ellos el Alto Calafate, y la Justicia siempre intentó dilucidar las huellas que fue dejando, lo cual logró a partir de las pesquisas de los hombres a cargo del ex Jefe de Investigaciones de AFIP Mar del Plata, el nombrado y desplazado Eduardo Bellini. En su momento, se sospechaba que la firma podría haber sido un eje central en las maniobras investigadas, y según pudieron determinar los investigadores, entre 2008 y 2013 el hotel Alto Calafate recibió ganancias de más de US$ 4 millones y $ 12 millones.

En las reinspecciones realizadas desde Mar del Plata, “se destacó que la firma suscribió junto a Austral Construcciones un “Contrato de Consultoría Integral en materia hotelera y asesoramiento general para el desarrollo y/o apertura de nuevas unidades de negocio”, según afirmó la Justicia, agregando que dicha suscripción “tendría por fin que el consultor – Valle Mitre S.A.- brindase al cliente -Austral Construcciones S.A.- un servicio de análisis de la potencialidad de desarrollo de unidades de negocios destinadas a la prestación de servicios de hotelería en inmuebles de Austral Construcciones S.A. o que fueran administrados por dicha firma”.

Las áreas sobre las que la gerenciadora supuestamente debía realizar sus tareas de consultoría eran las siguientes: Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Administración y Control, Marketing y Ventas y Operaciones. En virtud de esos asesoramientos, ACSA abonó a Valle Mitre durante 2010 la suma aproximada de $12.256.451,45 en concepto de honorarios, representando el 54,68% del total de su facturación para aquel año.

En otro orden, la AFIP “determinó que no existió vinculación entre los gastos y créditos fiscales computados en la operatoria de Austral Construcciones S.A. y Valle Mitre S.A. y sus ingresos declarados”, resaltando que “la firma no declaró ninguna actividad de asesoría comercial que fuera taxativamente expuesta en el convenio celebrado con ACSA, por lo cual el Fisco infirió que la firma se dedicó exclusivamente a la administración del Hotel Alto Calafate”.

De tal manera, los funcionarios marplatenses concluyeron que “los ingresos computados por la actividad hotelera (que representaba el 42% de los ingresos totales de Valle Mitre S.A.) no resultaban suficientes para cubrir los costos de esa misma actividad, por lo que el convenio disimularía lo que fue una transferencia de fondos por parte de Austral Construcciones S.A. para compensar el desequilibrio existente”. Además, se logró determinar que “los montos evadidos como consecuencia de las conductas allí enrostradas alcanzaron en el período fiscal 2010 la suma de $46.461.367,62 para el Impuesto a las Ganancias y $23.959.038,84 para el Impuesto al Valor Agregado”.

Una alta fuente de la AFIP consultada explicó la maniobra en términos más claros: “Valle Mitre le facturaba “servicios de consultoría”, que no era más que puro aire, a Austral Construcciones, supuestamente para el desarrollo de futuros emprendimientos hoteleros en propiedades inmuebles de Austral”. Y agrega que la nave insignia de Lázaro Báez con aquella jugada podía tanto “extraer dinero de su circuito blanco”, como así también “tener altos ingresos para pagar por la locación del Hotel Alto Calafate importes superiores a los valores normales de mercado”. De manual.

En tanto, también se observan otras conexiones llamativas. Tal es así, que el 13 de agosto de 2018, el Dr. Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 9, formuló Requerimiento de Elevación a Juicio en otra causa, esta vez a cargo del Juez Javier López Biscayart, respecto de Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, y otros, “en relación con la comisión del delito de evasión respecto de las obligaciones frente al Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias en el ejercicio 2010 de la contribuyente Austral Construcciones S.A. (ACSA), mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas, en tanto omitieron exteriorizar operaciones gravadas y reflejaron compras inexistentes provenientes de la registración de facturas apócrifas emitidas por las firmas Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta&Cia. S.A., Calvento S.A. y Vale Mitre S.A”.

En lo que respecta a Grupo Penta&Cia. S.A., el 24 de mayo de 2011, la AFIP lo incorporó como “sin capacidad económica”. El órgano de control detectó, entre otras irregularidades, ausencia de capacidad operativa suficiente. “De la comparación de las ventas brutas proyectas con las acreditaciones bancarias informadas por las bases de información de la AFIP, las ventas superan las acreditaciones en un 689,44% para el ejercicio fiscal 2010”, argumentan las pesquisas realizadas por los funcionarios marplatenses del ente recaudador. Además, la Justicia destacó que “resultaba llamativo que Austral Construcciones, empresa que poseía una cantidad relevante de bienes de uso y de personal, subcontrate a Grupo Penta, que no tenía la capacidad operativa suficiente”.

Con respecto a Calvento S.A., se destacó que la firma había declarado en 2009 un patrimonio neto negativo y “desde 2003 hasta 2011 había ingresado solamente $547,17 al Fisco sin declarar ingresos en ningún período”, subrayando que “su patrimonio neto en todos los períodos resultaba negativo o insignificante”, entre otras irregularidades, tales como no haber declarado empleados en relación de dependencia, y no presentar declaraciones juradas de bienes personales, acciones y/o participaciones.

Los detalles de las operaciones fueron minuciosamente revelados por los funcionarios de la DGI Mar del Plata. Martín Casanovas, Pablo Legardón y Daniel Rojo, que declararon en la causa “Vialidad”, fueron algunos de ellos, bajo las órdenes de Eduardo Bellini, quien, como ya se dijera, fue desplazado de su cargo hace pocos días.

Cabe mencionar que la DGI (Dirección General Impositiva) forma parte de la AFIP, y es el principal organismo recaudador de los recursos públicos. Su máxima autoridad a nivel nacional es nada menos que Virginia García, ex cuñada del diputado Máximo Kirchner, quien ya había tenido un paso por el organismo recaudador, cuando en 2010, fue designada por Ricardo Echegaray, como jefa de la oficina regional de la DGI en Río Gallegos.

Casualmente cuando Austral Construcciones se guarecía con su domicilio en aquella dependencia.