La Oficina Anticorrupción (OA) diseñará un sistema de monitoreo de actividades privadas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública con el objetivo de registrar antecedentes, vínculos e intereses privados de las personas que ingresen a cargos altos en el Estado Nacional.

La resolución 15/2021, publicada en el Boletín Oficial, dispuso que el rastreo abarcará hasta tres años antes de asumir su función, así como también de actividades realizadas por estas personas al egreso de la función pública hasta un año después de su actividad en la misma.

De esta forma, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación encomendó a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT) el lineamiento del sistema utilizando mecanismos de control ciudadano y transparencia activa.

En tanto, el artículo 2º de la resolución delegó a la DPPT la proyección de medidas y la articulación con los diferentes actores públicos y privados necesarios para que el diseño, formulación, evaluación y planificación colaborativa del sistema de monitoreo pueda expresar su potencialidad. 

Es necesario resaltar que la OA fue creada con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el Estado Nacional y está entre sus facultades el diseño y la implementación de “políticas, programas, normas y acciones de prevención y transparencia, la promoción de la ética pública, y la asistencia técnica a los organismos que comprenden a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal”.

De este modo, en la resolución firmada por Félix Crous, titular de la OA, se afirmó que "el ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector privado, fenómeno conocido como 'puerta giratoria', implica riesgos de captura de la decisión pública que pueden perjudicar el interés público en beneficio de intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio". 

El comunicado oficial aclaró que "esos riesgos se agravan cuando las personas que desempeñan cargos directivos en empresas o entidades privadas reguladas o controladas por determinados organismos públicos son designadas para cumplir funciones en tales organismos". Es así como se busca prevenir conflictos de intereses entre los funcionarios que asumen cargos en el Estado.

Por su parte, la Ley Nº 25.188 de Ética de la Función Pública establece que “quien ejerce la función pública deben abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.