El presidente Alberto Fernández celebró este miércoles que haya empresarios que "arriesgan capital para que la Argentina entre en el mundo", y dijo estar "convencido" de que la "riqueza de las naciones pasa hoy por el desarrollo del conocimiento".

Lo hizo al participar de la puesta en marcha de una planta para la elaboración de vacunas y productos biotecnológicos en los Laboratorios Richmond —siempre sospechados de pertenecer a Cristina Kirchner— en el partido bonaerense de Pilar.

Es curioso, porque se trata del mismo laboratorio que consiguió un jugoso contrato con el Estado argentino para producir vacunas Sputnik y enfrenta una dura denuncia judicial por ello.

Hay que recordar que, como publicó Tribuna de Periodistas en mayo pasado, el vicepresidente de "Republicanos Unidos" y abogado Yamil Santoro denunció a los laboratorios Richmond S.A.C.I.F. y MR Pharma S.A. por los presuntos delitos de "fabricar sustancias en establecimientos no autorizados", "malversación de caudales públicos" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Santoro radicó la denuncia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal y en la presentación judicial, con el patrocinio de los abogados Juan Martín Fazio y Pablo Abdón Torres Barthe, sostuvo que Richmond, a través de un laboratorio de MR Pharma no autorizado para tal fin, comenzó a fabricar un lote piloto de vacunas.

Adicionalmente, esto habría sido sin aguardar el tiempo prudencial de espera, necesario para evitar la contaminación de dicho lote con producción anterior de otros medicamentos.

En cuanto a las otras conductas que motivan la denuncia, la misma explicó que "el Laboratorio Richmond ha recibido al menos 43 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo -de estos al menos $ 13 millones son de carácter "no reembolsable"-, para adquirir equipamiento a los fines de dedicarse al desarrollo antes descripto".

"Corresponde también que se investigue el origen y aplicación de esos fondos", remarcó la denuncia, que agregó: "Si se ha violentado la normativa respecto a las habilitaciones necesarias para la producción de una vacuna en un marco de cierta cercanía con el gobierno, se puedan haber cometido delitos patrimoniales contra la administración pública los que, corresponde, se investiguen".

El texto explica que "específicamente, en el marco del Banco de Valores como fiduciario, ha abierto un fideicomiso (denominado ´Proyecto VIDA´), con el que se propone reunir 85 millones de dólares".

"Ha trascendido en medios especializados que la inversión - que, como se dijo, se fusionaría con un fin común con fondos públicos, incluso no reembolsables– no estará abierta al público en general, sino exclusivamente a ´inversores calificados´, lo que arroja una fuerte sombra de sospecha respecto a quiénes serían los pocos que podrían beneficiarse de una iniciativa que participa de fondos públicos".