El Ministerio de Economía celebró haber cerrado el 2022 con un déficit fiscal primario del 2% del PBI, tal como estaba acordado con el FMI. La situación fue controlada en el 2° semestre del 2022, reduciendo el déficit fiscal que en el 1° semestre estaba en el orden del 3% del PBI con tendencia creciente. Esto generó una expectativa positiva dada las resistencias que hay en sectores del gobierno a bajar el déficit fiscal, en general, y contra el acuerdo del FMI, en particular. El logro es atribuido a la pericia política del Ministro de Economía, uno de los líderes de la coalición gobernante que se hizo cargo de la situación cuando estaba descontrolada a mediados del 2022.

Sin embargo, en enero del 2023 el déficit fiscal se multiplicó por 12. Mientras los ingresos tributarios aumentaron al 93%, en consonancia con la inflación, el gasto público primario creció a razón del 111% interanual, es decir, por arriba del aumento de los precios. Esto genera zozobra en torno a la sustentabilidad en la reducción del déficit fiscal primario. Lo que era un buen final del 2022, es un comienzo del 2023 preocupante.

La pregunta que cabe hacerse es qué pasó para que el déficit fiscal diera semejante salto. Quien lo responde es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sobre la base de la observación de cuáles fueron los ítems del gasto que más crecieron en forma interanual. Según los datos del Ministerio de Economía y tomando las variaciones respecto igual mes del año anterior el documento de marras puntualiza que:

• El gasto asistencial en diciembre había crecido un 54% y en enero un 415%.

• Los subsidios a la energía en diciembre cayeron 60% pero en enero subieron 119%.

• La inversión pública en diciembre había crecido 55% y en enero aumentó 152%.

Estos datos muestran que una de las estrategias que uso el gobierno para ajustar las cuentas públicas y cumplir con las metas del FMI en el 2022 fue posponer pagos. Como el FMI monitorea la contabilidad de caja, al diferir pagos el déficit fiscal se reduce en la misma magnitud. Demorar pagos, especialmente en un contexto de alta inflación, provoca perturbaciones, costos ocultos y no es sostenible de manera indefinida. El salto en los gastos en enero es una evidencia en tal sentido.

Posponer pagos es una modalidad de ajuste fiscal que se viene aplicando desde hace mucho tiempo y por diferentes gobiernos. Hay otras maneras de ajustar y con similares limitaciones. Manipular la movilidad previsional permite ahorro en el corto plazo, a costa de generar juicios que en el futuro que hay pagarlos con retroactivos, intereses y honorarios. Posponer el mantenimiento de las rutas reduce gasto presente, a costa del deterioro de la infraestructura que demanda más inversiones en el futuro. Aumentar o crear impuestos distorsivos genera ingresos rápidos, pero transitorios, hasta que impactan en el aumento de la informalidad y/o la caída en la actividad económica que produce ese mal tributo.

Lo que la experiencia demuestra es que el ajuste fiscal es ineficaz para resolver los problemas de organización del Estado argentino. Una conformación irracional, plagada de solapamientos y malas prácticas, lleva a que el sector público argentino sea estructural y crónicamente deficitario. Con la actual conformación del sector público, las conducciones políticas pueden modificar matices, pero no sacarlo de su fuerte propensión a operar con déficits financieros y de gestión. Pretender ajustar cuando el Estado está organizado para operar con déficits es una tarea con fracaso asegurado.

En lugar de dilapidar esfuerzos en ajustes fiscales inconducentes, el camino debe ser atacar los problemas de organización del Estado. Esta es la manera de generar las condiciones para alcanzar y sostener el equilibrio fiscal mejorando la calidad de la gestión pública. Para ello, hay que abordar un ordenamiento integral del sector público que incluya, entre otros temas, la simplificación y unificación de impuestos, la eliminación de la coparticipación para que cada provincia y municipio se financie con lo que genera en su territorio y el ordenamiento de funciones para que los tres niveles de gobierno no se superpongan entre sí en los servicios que tienen que brindar a los ciudadanos.