La decisión de empezar a mover las tarifas eléctricas es una medida bienvenida: empieza a atender una agenda demasiado postergada en la política económica y da señales de alguna normalización futura. El descongelamiento (glasnost) tarifario ha empezado a suceder, poniendo fin al congelamiento de tarifas de servicios públicos más extenso y significativo de la historia económica de la Argentina. Hay que irse al primer gobierno de Juan Perón para encontrar un fenómeno semejante, que luego dio lugar a lo que hace más de 30 años Horacio Núñez Miñana y Alberto Porto llamaron, en un célebre artículo académico, «el período del gran deterioro» del valor real de las tarifas.
    La modificación de la estructura tarifaria de los usuarios residenciales es un hecho estilizado, y una suerte de «tercer episodio», que aparece escrito de modo legible en la historia de varios ciclos tarifarios asociados a crisis macroeconómicas como la de 2002. El primer episodio es el congelamiento y la pérdida de valor real de las tarifas; el segundo, un rebalanceo furioso contra los usuarios industriales y, el tercero, cuando los subsidios se vuelven incontrolables, un aumento selectivo o discriminatorio a los usuarios residenciales a través de la apertura de varios bloques de consumo. Este patrón histórico ha vuelto a suceder.
    Pero uno hubiera esperado que las diferencias con el patrón histórico -dados por la participación privada en las empresas, la existencia de mayor experiencia regulatoria en el país, las lecciones de la experiencia internacional para diseñar subsidios y la existencia de un formidable crunch energético doméstico y mundial- hicieran que las cosas sucedieran de modo diferente. En esta decisión no se usó el know-how (incluyendo a las instituciones) regulatorio para ajustar tarifas, no se usó la amplia experiencia regional para diseñar mejor el «acolchonamiento» del aumento tarifario, y se empezó por normalizar el lado opuesto de la cadena de valor, modificando los márgenes de transporte y distribución, cuando lo imperioso (ya desde 2003) era empezar a ajustar el precio increíblemente bajo de la generación eléctrica que pagan los clientes residenciales, comerciales y de alumbrado público. La política imperante en la Argentina desde 2002 no sólo congeló tarifas, sino que desarticuló el know-how regulatorio ( destruyendo instituciones y capital humano acumulado)    . También intervino en 2004 las reglas de formación de precios de la generación eléctrica creando una bola de nieve de subsidios y parece que nunca le interesó genuinamente evaluar una verdadera tarifa social.
    Hasta este anuncio la Argentina tenía 40% de la población, conformado por aproximadamente 4 millones de familias de Capital Federal, varios partidos del Gran Buenos Aires y La Plata, que -a diferencia del resto del país- todavía no había tenido modificaciones en sus tarifas eléctricas. Con las encuestas disponibles uno puede estimar que esas familias consumen en promedio algo menos de 500 kwh bimestrales, con una mediana (que divide en dos el número de familias) de aproximadamente 350 kwh bimestrales. Los bloques sobre los que aparecen los aumentos tarifarios en forma escalonada (de 10% a 30%, o en promedio de 15%) empiezan en 650 kwh, impactan sobre casi 30% de los hogares «que más consumen» y representa 50% de los ingresos provenientes del segmento residencial. De este modo, un ajuste equivalente a 7,5% de toda la cadena de valor pero aplicado principalmente al margen de distribución, completa el círculo de los aumentos transitorios inicialmente dirigidos hacia los usuarios industriales.


Relación

    Un problema con los anuncios realizados es la insistencia del gobierno en creer que el esquema distribuye los costos entre los hogares de mayor consumo -lo cual, sin duda, es cierto- y mayor poder adquisitivo -lo cual es decididamente erróneo-. Esto se debe a la ya bien conocida evidencia empírica estudiada en los últimos años por economistas académicos y profesionales de que el consumo de electricidad a nivel de hogar no se relaciona estrechamente con el nivel de ingreso de los hogares y más bien lo hace con otras características del hogar tales como el número de miembros o la naturaleza del equipamiento que tiende a hacer que los hogares de bajos ingresos consuman más. Un «yuppie» viviendo en Puerto Madero puede escaparse de los aumentos, mientras que una familia numerosa de bajos ingresos en una casa de barrio termina pagando más. En un trabajo que va a formar parte de un libro de FIEL y de próxima publicación, Mariana Marchionni y Javier Alejo de la UNLP y Walter Sosa Escudero de UdeSA muestran de un modo casi demoledor a través de simulaciones que utilizar solamente umbrales o segmentos de consumo para manejar subsidios al consumo de energía eléctrica es una mala política social (ellos hasta llegar a insinuar que puede ser regresiva) frente a otras alternativas que utilicen mecanismos focalizados que segmenten mejor entre pobres y no pobres.
    En rigor el gobierno tenía, aunque no lo supiera ni quisiera saberlo, tres caminos abiertos para diseñar un esquema de «acolchonamiento» del ajuste tarifario. Una primera vía, y a la que se refieren los economistas recién mencionados, es utilizar el modelo chileno que emplea un mecanismo de comprobación previa de medios de vida de los hogares y luego dirige los subsidios de modo focalizado (con o sin umbrales de consumo). Una segunda vía, que se asemeja en parte al modelo colombiano, es segmentar los aumentos según las características de la vivienda y el barrio -de un modo similar al que existe en la tarificación de agua y cloacas en la Argentina- y de este modo focalizar mejor quiénes son los que van a recibir los subsidios. La tercera vía, y que peor funciona según los técnicos, son los segmentos o bloques de consumo, que es la que históricamente se usaba en la Argentina en los tiempos en que el Ministerio de Economía armaba las tarifas según la caja y SEGBA aplicaba los nuevos cuadros. Eso es lo que terminó haciendo el gobierno.
    De todo lo dicho en esta nota quedan dos temas de gran envergadura. El primero es que el descongelamiento tarifario anunciado para la electricidad es sólo la punta del iceberg que esconde una masa de subsidios en cabeza de la generación eléctrica, muy superior a las estimaciones que hoy circulan, porque a mediano plazo los costos operativos vinculados a los precios del gas natural y otros hidrocarburos usados en la generación térmica va a tener que trasladarse a los precios finales. El segundo, es que los aumentos recién otorgados van a ser devorados por la inflación en curso y que la pregunta ahora es cuándo viene el próximo aumento. Y «cuándo viene el próximo aumento» es lo mismo que decir indexación de tarifas. Es por eso que estas modificaciones tarifarias, y todo lo demás que se nos pueda ocurrir, tiene a esta altura en la Argentina que formar parte de un esquema integral de la política económica, llamémoslo plan de estabilización o como le guste. Si no se mira el macro equilibrio general dentro de un programa amplio y consistente no se va a poder hacer la misión imposible que significa querer corregir precios relativos sin algún control inflacionario en serio.

Fernando Navajas
Ámbito Financiero