Proemio

    El presente ensayo pretende ajustarse —con estricto rigor académico— a la situación actual de los “cárteles” mexicanos, como centro de irradiación del narcoterrorismo y otras formas de crimen organizado en gran parte del continente americano, incluyendo a los Estados Unidos de América. Incluye asimismo, la “corresponsabilidad” estadounidense en el incremento de la violencia en México, ya públicamente asumida por la Secretario de Estado Hillary Clinton durante la reciente visita realizada a este país.
    Este trabajo está especialmente dedicado a colegas analistas, periodistas dedicados al estudio de actividades criminales vinculadas al narcotráfico —use este o no la táctica terrorista—; a estudiantes universitarios y de post—grado, y a personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.
    El alto grado de violencia narcoterrorista que se observa actualmente en México y se irradia peligrosamente hacia el exterior, es solamente la faceta más visible y dramática del desafío planteado a la seguridad de todo el continente. Los a veces mal llamados “cárteles” en este país y las organizaciones vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, han logrado enraizarse profundamente en todas las instituciones del Estado y de la misma sociedad mexicana en general, merced al alto grado de corrupción imperante, y que el presidente Felipe Calderón trata denodadamente de combatir.
    La extrema violencia desatada en México tiene carácter multipartito y multidimensional, y las miles de personas que han perdido la vida solamente en el período del año 2008 y lo que ha transcurrido de 2009, constituyen el saldo luctuoso de la guerra que se desarrolla entre los “cárteles” del narcotráfico y entre estos y la Administración Calderón. Se suma a ello una importante cantidad de víctimas de otras actividades criminales, como el secuestro extorsivo seguido de muerte. También, aquellas que perdieron la vida solamente por encontrarse en medio de enfrentamientos callejeros entre bandas, asaltos a mano armada e intercambio de disparos entre delincuentes y fuerzas del orden.
    Los casos contemplados en el estudio y los países que este abarca, tienen como objeto identificar y analizar las actividades delictivas de las organizaciones narcoterroristas mexicanas, en la casi totalidad de países del continente. Asimismo, haciendo hincapié, país por país, en los diversos factores, como la corrupción, que facilitan el desarrollo de las actividades del narcotráfico.
    Finalmente, se aborda el “modelo argentino”, representado por un país que desde hace décadas ha logrado constituir una red criminosa autóctona, interrelacionada con funcionarios y servidores públicos corruptos pertenecientes a los tres poderes del Estado.
    Por razones metodológicas, debe insistirse en que el presente ensayo está circunscripto exclusivamente a la narcocriminalidad mexicana y a su relación con los actores estatales y no estatales que se mencionan a continuación, haciendo coincidir su publicación con las vísperas de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Trinidad—Tobago el próximo viernes 17 de abril de 2009.


El narcoterrorismo en México

    México es en la actualidad el país que registra el mayor tránsito de drogas ilícitas que ingresan a los EE.UU. Actualmente, el 90 por ciento de la cocaína que se consume internamente en el mercado estadounidense transita por corredores mexicanos. EE.UU. considera también oficialmente que México es una fuente mayor de suministro de heroína, metanfetamina y marihuana, como también un punto primario de colocación de dinero para el lavado de la recaudación criminal derivada de narcóticos.
    El lector encontrará a lo largo de todo este escrito la palabra “narcoterrorismo”, asociada a las actividades de las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráfico de alcaloides.
    Dicha designación requiere una explicación, no sólo en razón de las múltiples definiciones que proponen académicos y especialistas, sino también por las diferencias y falta de consenso existente entre estos, sobre las características que debería tener un cártel del narcotráfico para ser considerado como tal.
    El concepto de “narcoterrorismo” se remonta a los tiempos del presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, quien en 1983 utilizó dicho término para denunciar las violentas acciones de los traficantes que operaban en el país. A la cabeza del narcoterrorismo peruano se encontraba con un enorme poder para desafiar al Estado, la hoy disminuida pero todavía peligrosa “Sendero Luminoso”, una organización maoísta que experimentó un proceso de convergencia con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
    Algo similar sucedió con formaciones políticas en otras regiones de América Latina, como las ultraizquierdistas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC) y “Ejército de Liberación Nacional” (ELN), y las fuerzas paramilitares anticomunistas conocidas como “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC). La búsqueda desesperada de nuevas y/o mayores fuentes de ingreso para financiar sus actividades, hizo que se cometiera la brutal desviación que significa desnaturalizar la lucha por el logro de un objetivo político, para sumarse a una actividad criminal como el narcotráfico con el supuesto objeto de financiar sus actividades “revolucionaria”.
    El proceso de convergencia entre organizaciones políticas que utilizan tácticas terroristas y el crimen organizado, fue desarrollándose desde una simple asociación hasta un punto en que debido a las mutaciones sufridas resulta imposible distinguir entre unos y otros.
    En los casos arriba mencionados, todas ellas tuvieron algún tipo de ideal y una agenda política, pero con el correr del tiempo fueron incorporando tácticas terroristas, hasta hacer de ellas una metodología de uso común, sin otra lógica que la del lucro, como puede observarse todavía tanto en Perú como en Colombia. Fueron así adquiriendo el carácter de mafias, caracterizadas por la lógica del poder, cimentado a través de la corrupción, la intimidación a funcionarios honestos y los asesinatos selectivos o masivos cuando sus jefes lo consideraban necesario para modelar o consolidar su ámbito operacional.
    Lo que diferencia con el narcoterrorismo mexicano, es que los “cárteles” y organizaciones de este país son exclusivamente criminales y carecen de todo ideal o plataforma política. En realidad, si hubo intentos por parte de grupos insurgentes para conquistar una cuota en el negocio del narcotráfico, esto les fue impedido por la existencia de un Estado controlador, y de gobiernos con altos funcionarios que protegían esta actividad y hacían usufructo de ella.
    La definición final entonces, es que las organizaciones mexicanas que trafican drogas ilegales, pueden ser denominadas narcoterroristas, porque utilizan el crimen y el terrorismo masivo y selectivo, como tácticas predominantes dentro de su estrategia diseñada para consolidar su poder.
    El camino hacia la preeminencia actual de las organizaciones narcoterroristas mexicanas sobre los remanentes de los antiguos cárteles colombianos, comenzó a desarrollarse gradualmente cuando estos últimos comenzaron a pagar con cocaína el respaldo que las primeras prestaban a sus operaciones. Ya a fines de la década de 1980 y comienzos de la siguiente, la ofensiva de los gobiernos colombianos contra los grandes cárteles de Medellín y Cali comenzó a debilitar a los traficantes de alcaloides en su conjunto. A esto se sumaron luego las contundentes victorias alcanzadas contra las organizaciones narcoterroristas encabezadas por las FARC, el ELN y la AUC, a partir de la llegada al gobierno de Colombia del presidente Alvaro Uribe.
    El autor de este ensayo ha abordado sintéticamente en diversos escritos y reportajes anteriores el origen, desarrollo y perfil de los principales “cárteles” del narcotráfico mexicano, sus tácticas operacionales, su dinámica y la cambiante situación que se origina tanto por la guerra que se desarrolla entre dichas organizaciones criminales, como por la dura ofensiva militar lanzada en su contra por el Gobierno de Felipe Calderón.
    Durante 2007 hubo en México 2.700 muertes relacionadas con la violencia causada por el narcotráfico, mientras que se registraron más de 5.000 en 2008; tales cifras indican que el porcentaje se ha incrementado apenas debajo del 50 por ciento en el período de un año calendario.
    Lo más sobresaliente a destacar, al menos durante los últimos tiempos, es el altísimo nivel de violencia y brutalidad, que han causado dichos miles de muertos, muchos de los cuales han aparecido descuartizados, decapitados y con signos de haber surgido horribles torturas.
    Hasta la existencia de un siniestro personaje conocido como “el pozolero” —por su macabra “profesión” de disolver cadáveres de víctimas de los “cárteles” en ácido en su propio establecimiento, e incluso “a domicilio”—, parece más un producto de filmes de terror que alguien surgido de la realidad en el marco del drama mexicano.


El origen de la violencia narcoterrorista en el país

    La guerra entre “cárteles” en México no es de tiempos recientes, aunque sí la extrema violencia que han adquirido sus combates, como parte de un diseño táctico creado para aterrorizar a la competencia y a las fuerzas del orden. También, a la ciudadanía indefensa que no cuenta con los medios para protegerse o emigrar a otros países, mientras su patria continúe dominada por el imperio del crimen y no por el del derecho y la justicia.
    Podrían señalarse dos causas primarias y paralelas de la violencia extrema suscitada durante los últimos años en México:
    Primero, el sideral beneficio que arroja el narcotráfico, a partir de la primacía de los criminales mexicanos sobre los de Colombia, y el valor geográfico de las regiones y ciudades más
próximas a la frontera terrestre entre México y EE.UU., principal consumidor mundial de drogas ilegales.
    Segundo, el resquebrajamiento del poder político y la protección que este prestó al narcotráfico, durante las décadas en que México estuvo dominado casi tiránicamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de triste memoria. A la caída del PRI siguieron las iniciativas contra el narcotráfico del ex presidente Vicente Fox, acentuadas más decididamente por el primer magistrado actual, Felipe Calderón.
    En una entrevista publicada por Foreign Policy en castellano, el historiador y escritor mexicano Enrique Krauze advierte sobre el peligro inminente de que su país se convierta en un narcoestado. Contestando una pregunta de su entrevistador sobre el brote de violencia causado por el narcotráfico mexicano, Krauze manifiesta: “En México no solía haber este tipo de problemas porque teníamos un sistema político centralizado. Antes el presidente era el rey de facto. Podía ser corrupto o no, pero existía un poder central que afrontaba los aspectos más oscuros de la vida mexicana. Una de las desventajas paradójicas de nuestra nueva democracia [es que ha descentralizado] el poder de los narcotraficantes”.
    Sinceramente, muchos de esos “reyes de facto”a los que alude Krauze, pactaron y/o se asociaron al gran negocio de la droga junto a “príncipes” y “barones” de su propio partido y los sucesivos gobiernos del PRI; al punto que era difícil distinguir claramente los límites entre quienes eran corruptos u honestos, o los que por temor miraban hacia otro lado.
    Más allá de las causas primarias señaladas, la trágica espiral de violencia en México
—relacionada con todo el espectro de negocios relacionados con el narcotráfico, incluyendo la clarificación de dinero ilegal—, está expandiéndose inexorablemente a otros países, en los que ya se registran enfrentamientos entre bandas.


La dinámica situación actual de los “cárteles” y organizaciones narcoterroristas

    Ninguna de las principales organizaciones instaladas en el “mapa” del narcotráfico mexicano controla ni los precios ni los niveles de producción; conditio sine qua non para su reconocimiento como “cárteles”, según los criterios académicos más serios utilizados a nivel internacional. Este tipo de disquisiciones no alteran para nada la peligrosidad de los narcoterroristas bajo estudio. Se trata solamente del intento de abordar ciertos temas y términos utilizando un léxico apropiado, que ayude de alguna manera a disipar no pocas confusiones reinantes en los medios masivos de comunicación.
    Los documentos de algunas instituciones internacionales en general y de numerosos países en particular, contribuyen a confundir a investigadores y analistas de medios masivos de comunicación y, a través de ellos, a quienes se interesen en el estudio de amenazas como el narcoterrorismo. A veces se califican de cárteles a organizaciones que no reúnen los requisitos mínimos para serlo, y otras tantas se inventan nombres simplemente porque un grupo de delincuentes relacionados con el narcotráfico proceden de un mismo pueblo.
    Afirmar hoy que los grandes “cárteles” en México se llaman “del Golfo” o “de Sinaloa”, o si sus brazos armados tienen o no tal o cual nombre, como lo fueron “Los Zetas ” o la “Organización
Beltrán Leyva”, podría resultar irrelevante cuando este trabajo sea publicado, dados el vértigo y la dinámica de su cambiante situación y la del ajedrez fatal del desquicio en México. Vale
recordar —a título anecdótico— un comentario que este autor hizo hace meses en un conocido programa de televisión, al afirmar que no había un “cártel” en Sinaloa sino una federación de ellos. Era así al salir el reportaje al aire, pero en pocos días se produjo una severa fractura, la federación dejó de ser tal y sus antiguos elementos comenzaron a matarse entre ellos por el control del negocio. Asimismo, “Los Zetas” rompieron su relación con el llamado “Cártel del Golfo”, del que fueron sus sicarios, para establecerse por su propia cuenta, redirigiendo parte de su letal poder de fuego hacia quienes hasta hace poco tiempo habían sido sus patrones.
    La misma fuerza narcoterrorista conocida como “Los Zetas”, ha dejado de tener la extraordinaria experiencia y especialización de sus primeros comandantes —muchos de los cuales fueron miembros del Ejército de México entrenados en momento como fuerzas especiales en los EE.UU.—, para dar lugar a nuevos sujetos, animados por una desenfrenada avidez de riqueza y de poder. Si algún día se elaborara un perfil psicológico criminal de esta nueva generación de jóvenes narcotraficantes mexicanos sumamente violentos —integrada frecuentemente por hijos o familiares jóvenes de capos muertos o detenidos—, podría tal vez elaborarse un modelo explicativo de su conducta e identificar las causas de la naturaleza macabra y desenfrenada de la violencia con que actualmente desarrollan sus acciones.
    El baño cotidiano de sangre en México no tiene su origen exclusivamente en enfrentamientos que se libran para conquistar nuevos territorios o porciones del negocio. Las diferentes “familias” criminales acostumbran vengar a sus propios muertos y las estadísticas indican que el 90 por ciento de las personas asesinadas en el país, son la consecuencia de la guerra desatada entre organizaciones y bandas rivales y no por las acciones de las fuerzas del orden. Esta espiral de violencia es un continuo que no permite avizorar un punto final; al menos por el momento y probablemente por mucho tiempo.
    En definitiva, nada ni nadie estará a salvo de la arremetida narcoterrorista mexicana, dentro o fuera de su territorio nacional, mientras sus organizaciones guerreen para conquistar cuál casilleros en un ajedrez mortal aquellas regiones y ciudades más cercanas a la frontera de los EE.UU., el más apetecible de sus mercados. Y también las autopistas, caminos y los pasos internacionales, principales y secundarios, que conducen a los vecinos estados de Arizona, California, Nueva México y Texas. No en vano los mayores enfrentamientos se han registrado en Tijuana, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, muy cercanos a las fronteras del norte, pero también a las grandes autopistas, transformadas en verdaderos “corredores” por donde se transporta la droga hacia los EE.UU.
    En dichas vías de comunicación transita el importante intercambio comercial terrestre con sistemas de fletes contenerizados, entre México y EE.UU., utilizados frecuentemente para el contrabando de droga. No constituye esto un dato menor, por los inconvenientes que acarrearía la adopción de mayores medidas de seguridad y controles por parte de los gobiernos estadounidense y mexicano. Cualquier decisión equivocada podría disminuir el flujo de camiones y con ello afectar sensiblemente la economía de ambos países. De allí a la creación de mayores condiciones para violentas protestas sociales alentadas por las mismas organizaciones del narcotráfico, existe una delgada línea que podría romperse en cualquier momento, como sucedió hace poco en pequeña escala en algunos lugares de México.
    El botín del narcotráfico con centro en México arrojaría al conjunto de organizaciones un ingreso anual aproximado a los 40.000 millones (40 billones) de dólares estadounidenses. Gran parte de la recaudación criminal es clarificada con el objeto de montar negocios legales en el país y el exterior, como también para alimentar la corrupción.
    Las siderales sumas que arroja como beneficio el narcotráfico, permite a esas organizaciones narcoterroristas adquirir el poder de fuego y el entrenamiento con que cuentan actualmente, que a veces parece superar en magnitud al de las fuerzas del orden en varias partes del país.
    Aunque México se enfrente a una precaria situación de seguridad, no existe peligro de que se convierta en un estado fallido y puedan correr riesgos la continuidad histórica del Estado y las instituciones políticas del país. En este sentido y contrariando la opinión de algunos analistas, cabe coincidir con una declaración del presidente Felipe Calderón: "Decir que México es un estado fallido es absolutamente falso", agregando: "No he perdido ninguna parte, ni una sola parte, del territorio mexicano".
    En definitiva, del éxito o la derrota del fracaso en la lucha contra el narcoterrorismo mexicano, dependerá una mayor expansión de este flagelo en todo el continente americano en general y en la Argentina en particular, donde también han hecho pie, comprobadamente, algunos grupos y sujetos criminales procedentes de México, asociados a las redes de delincuentes locales.


EEUU, principal consumidor mundial de drogas ilegales

    El fenómeno narcoterrorista mexicano —aunque con menor letalidad por razones de orden táctico—, ha logrado expandirse más allá de sus fronteras, comprometiendo a todos los países de la región, incluyendo a los EE.UU. Este último país —además de principal consumidor mundial de drogas ilegales—, registra la presencia de narcotraficantes mexicanos en alrededor de doscientas cincuenta ciudades. La lucha por la conquista de estas plazas, ha sido la causa de numerosos enfrentamientos registrados entre bandas mexicanas que libran su propia guerra por la conquista de porciones del apetecible mercado estadounidense.


Armas y entrenamiento estadounidenses para los sicarios mexicanos

    No sólo es EE.UU. el mercado más apetecible para los narcotraficantes de todo origen. Grupos de asesinos como “Los Zetas”, cuentan entre sus integrantes a ex miembros de las fuerzas armadas regulares mexicanas, que antes de desertar recibieron en cuarteles estadounidenses entrenamiento en operaciones paramilitares especiales, inteligencia y contrainteligencia y otras artes.
    Asimismo y como consecuencia de las facilidades que da la legislación vigente, existen armerías y firmas estadounidenses que suministran a los narcoterroristas ilegalmente todo tipo de armamento y equipamiento altamente sofisticado. Principalmente, fusiles ametralladora, granadas de mano, lanza granadas, cohetes antitanque, aparatos de tiro y visión nocturna, equipos para comunicaciones satelitales, y sistemas de encriptamiento altamente sofisticados, que son adquiridos en los estados fronterizos con México.
    Nada de ello podría realizarse, si no existiera en territorio de los EE.UU. una inmensa red de corrupción, que no sólo mantiene casi inalterable el volumen general de consumo de estupefacientes en todo el país, sino también un alto grado de impunidad para los integrantes del tejido criminoso que a nivel oficial protegen tales actividades en las diferentes jurisdicciones de la Unión.


El mea culpa de Hillary Clinton y el “modelo de Thomas Schelling”

    Debe hacerse especial hincapié en la responsabilidad oficial que ha asumido el Gobierno de los EE.UU. sobre varios de los puntos arriba mencionados, y cabe aquí aplicar el axioma jurídico: “a confesión de partes relevo de pruebas”. Esto puede ya tomarse como algo oficial, luego de las palabras pronunciadas por su Secretario de Estado Hillary Clinton durante la reciente visita realizada a México. La alta funcionaria y ex precandidata demócrata a la Presidencia de los EE.UU., manifestó estar convencida de que su país tiene una “corresponsabilidad” en la lucha que México está librando contra las organizaciones de narcotraficantes. Dijo además Clinton: "Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales alimenta el tráfico". Asimismo: "Claramente, lo que hemos estado haciendo no funciona. Nuestra incapacidad para prevenir que las armas sean ilegalmente traficadas a través de la frontera para armar a estos criminales causa las muertes de policías, soldados y civiles. Estoy convencida de que tenemos una corresponsabilidad”. "No son sólo armas, son lentes de visión nocturna, son chalecos antibalas. Desde que sabemos que la mayor parte, un 90% de este armamento, viene de nuestro país, vamos a intentar detenerlo" , prometió finalmente Hillary Clinton.
    El caos en que han sumido a México las organizaciones del narcotráfico, no sería tal vez tan grave si la “incapacidad” y “corresponsabilidad” admitidos por la Sra. Clinton, no fueran a su vez consecuencia de un pavoroso grado de corrupción oficial en su propio país. Y a tal punto, podría decirse, que hasta para agencias gubernamentales cuya misión es imponer el imperio de la ley —como el FBI y la DEA—, resulta altamente difícil, cuando no una misión imposible, penetrar con sus operaciones de inteligencia las redes de protección a delitos de alta complejidad, integradas por funcionarios corruptos o asociados con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
    Los especialistas Fred Burton y Scott Steward, de la firma Stratfor, comentan en uno de sus recientes artículos , que algunos casos sensacionales han permitido resaltar el incremento de la amenaza en Phoenix, Arizona, EE.UU. Citan como ejemplo un asalto armado lanzado por pistoleros vestidos con uniformes del equipo táctico de la policía de esa ciudad, que tuvo lugar en junio de 2008. Los atacantes dispararon más de cien tiros en la residencia de un traficante de drogas de origen jamaiquino, quien fue asesinado por haber traicionado a un cártel de la droga mexicano. Afirman también Burton y Steward en el artículo citado, que se han observado hechos de violencia relacionados con los “cárteles” mexicanos de la droga en plazas como Dallas y Austin, Texas; pero que Phoenix, Arizona, ha sido la ciudad más duramente golpeada.
    La admisión explícita de la jefa de la diplomacia estadounidense sobre la corresponsabilidad de su país en el drama mexicano, admite una situación gravísima que el gobierno del presidente Barack Obama deberá esforzarse en rectificar en los hechos de ahora en adelante. Además, agregando a cualquier nueva iniciativa contra el tráfico de alcaloides y el terrorismo que está asociado a esta actividad criminal, una lucha frontal contra la corrupción y las mafias enquistadas en todas y cada una de sus instituciones federales y estatales, quienes facilitan, encubren y se benefician con tales delitos.
    Es que parece no haber pasado el tiempo desde que en la década de los años sesenta del siglo pasado fuera expuesto lo que hoy es conocido como “modelo de Thomas Schelling” sobre el crimen organizado en los EE.UU. Schelling, Premio Nobel en Ciencias Económicas 2005, sostenía por ese entonces que la mafia en los EE.UU. fue concebida como un cobrador autorizado de las rentas asociadas con la franquicia administrada por los departamentos de policía en ciudades estadounidenses. Tal vez cabría agregar a dicha frase del “modelo Schelling” una necesaria mención a los jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, alcaldes y políticos corruptos que a su vez interactuaban con los “departamentos de policías” mencionados en esa frase de su conocido modelo, y que facilitaron y/o protegieron a las mafias estadounidenses. Completado así el concepto, dicho “modelo” podría aplicarse al perfil completo del narcotráfico y sus apoyaturas y cómplices en otros países, comenzando por la Argentina.
    Los estados más castigados por el narcoterrorismo mexicano en los EE.UU. son aquellos que limitan con México: Texas, California, Arizona y Nuevo México. No sólo son en sí un importante mercado para el consumo, sino también el paso obligado para el transporte de narcóticos a otros estados de la Unión Americana. Las organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, manejan en esos estados otros negocios ilícitos; como los secuestros extorsivos, asaltos, robo y contrabando de armas y vehículos. Uno de los más graves delitos, por el grave daño físico, psicológico y material a las víctimas, es aquel relacionado con el secuestro de inmigrantes clandestinos, cuando son trasladados desde México a los EE.UU. por las bandas conocidas como “coyotes”. Estos criminales acostumbran a desviar de la ruta convenida a dichos inmigrantes y entregarlos a otros malvivientes, quienes los mantienen en lugares seguros, mientras se extorsiona a sus familiares a cambio de dinero por su liberación.
    La situación en México invita a complementar en un futuro este trabajo con un análisis de la analogía existente con Colombia, antes de la aplicación del Plan que lleva el nombre de este último país. También, los límites de dicha analogía y las modificaciones necesarias según las características propias del caso mexicano, a efectos de aprovechar esa experiencia en las futuras acciones y acuerdos bilaterales en la lucha contra el narcotráfico entre los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama.


La “Iniciativa de Mérida”

    La “Iniciativa de Mérida” es una asociación entre los Gobiernos de EE.UU., México, América Central, Haití y la República Dominicana, y que no fue creado exclusivamente para los dos primeros, como erróneamente se deja entender en algunas publicaciones sobre el narcotráfico.
    EE.UU. y México firmaron la “Iniciativa de Mérida” durante la presidencia de George W. Bush y entre este y Felipe Calderón. Más allá de que algunos lo consideren una especie de “Plan Colombia” en estado embrionario, debería mejorarse —en el caso de México— hasta adquirir la dimensión necesaria para combatir el flagelo del narcotráfico y del terrorismo al que está asociado, aunque ajustándolo a un marco político aceptable y a las necesidades de la seguridad nacional de ambos países.
    Frente al desafío planteado por el narcoterrorismo en México durante los últimos años, la Iniciativa mencionada es a todas luces insuficiente para enfrentar tamaño desafío.
    La pregunta que cualquiera puede hacerse, a partir de las declaraciones citadas de Hillary Clinton en México, es hasta qué punto los EE.UU. pueden alentar la lucha contra la corrupción y exigir ciertos parámetros de moral cívica a otros países, si no se comienza por pulir las manos de los funcionarios públicos comprometidos con el sistema del narcotráfico en el suyo propio.
    Una conclusión importante a destacar es que los EE.UU. carecen hasta el momento de una estrategia nacional y federal coherente en la lucha contra el flagelo multipartito y multidimensional del comercio ilegal de narcóticos y el consumo de drogas.
    Con respecto a México, existen demasiados recelos históricos e insoslayables entre este país y los EE.UU., desde que este último se apropió de varios estados del primero en la guerra que mantuvieron en el siglo XIX, como también en negociaciones de compra—venta de territorios. Es por ello que, a diferencia de Colombia, resultaría poco probable que la ciudadanía mexicana estuviera dispuesta a aceptar la presencia de efectivos militares estadounidenses, como sugirieron hace poco equivocadamente algunos medios de comunicación.


La “Operación Xcellerator” contra el narcoterrorismo mexicano

    A fines del mes de febrero de 2009 el “cártel” de Sinaloa sufrió un severo golpe a sus redes y células en todo el mundo, como consecuencia de una operación organizada y lanzada por la DEA, conjuntamente con agencias antinarcóticos de otros países. La operación había comenzado casi dos años atrás en los EE.UU., y en lo que a este país se refiere, las investigaciones lograron unir los puntos de la red de 70 células de distribución en 26 estados, en un extenso territorio que llega desde el de Washington hasta Maine.
    “Xcellerator” logró también la detención de más de 750 traficantes en grandes ciudades como Nueva York, Baltimore y Los Angeles, pero también en otras más pequeñas como Brockton (Massachusetts), Lancaster (Pensilvania) y Stow (Ohio).
    La operación mencionada costó a la red la pérdida de 1.000 millones (1 billón) de dólares estadounidenses.
    El Departamento de Justicia, en una conferencia de prensa brindada el 29 de febrero, puso énfasis en el caso de Stow, situada en el noreste de Ohio. Se comentaba durante tal evento que es una comunidad suburbana de 35.000 habitantes conocida por sus pequeños negocios, buenos colegios y escuelas, y universidades, que se convirtieron en un cauce para los criminales que conducían el negocio de la cocaína.
    Justo bajo la superficie de esa pacífica ciudad —agregaba el Departamento de Justicia—, el “Cártel de Sinaloa” había estado enviando regularmente docenas de kilogramos de cocaína desde California a Stow, utilizando el aeropuerto de esta comunidad.
    Las redes del narcoterrorismo mexicano replicaban el patrón de Stow en ciudades pequeñas y grandes, pero casi siempre centraban sus actividades en los campus universitarios en la región
    La refinada operación encabezada por la DEA, confirma de qué manera las organizaciones criminales mexicanas amenazan la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley en muchos países del mundo.
    El dinero sucio procedente del narcotráfico permite además fondear otro tipo de actividades criminales, sobornar funcionarios federales y estatales y carcomer con el negocio del vicio todo aquello que alcancen a contaminar.
    Resultaría un enorme avance, a la luz del mea culpa de la secretario de Estado Hillary Clinton, que pudieran idearse y ponerse en práctica numerosas operaciones como “Xcellerator”, pero también para poner en descubierto las redes de corrupción que han permitido convertir a los EE.UU. en el principal consumidor de drogas ilegales a nivel mundial.


Canadá

    Canadá padece como principal flagelo el consumo de drogas ilegales, al igual que muchos otros de los considerados países “muy desarrollados”. La situación se ha visto agravada por una legislación extremadamente laxa —en estado de revisión— y también por proyectos que han demostrado ser altamente perniciosos. Especialmente, los “sitios especiales” creados para que los adictos puedan inyectarse diferentes drogas. Increíblemente también, Canadá cuenta con programas de distribución de drogas a los adictos, que violan todos los tratados internacionales existentes para dicho flagelo.
    El país es también un importante y sofisticado productor y distribuidor de marihuana de alta potencia. También se produce metanfetamina, principalmente “Extasis”, que es contrabandeada a los EE.UU. Canadá es un país de tránsito o distracción para precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas; principalmente la anteriormente mencionada.
    Con referencia a la marihuana, según el informe 2009 de la “Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” (UNODC) o UNODC , que impulsa la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado internacional en todo el mundo, el crecimiento sin pausa de THC está cambiando el mercado del cannabis. En Canadá y los EE.UU., donde los esfuerzos de erradicación han sido exitosos —agrega—, los niveles de THC reflejan el crecimiento también ininterrumpido hacia la producción doméstica del cannabis de alta concentración.
    El capítulo Canadá del Informe del Departamento de Estado 2009 no incluye referencia alguna a la actividad de los “cárteles” y organizaciones narcoterroristas mexicanos en el vecino país. Sin embargo, diversas fuentes privadas, altamente confiables, confirmaban desde hace meses que tal como sucede en los EE.UU. y otros países cuya situación será analizada en el presente estudio, la violencia callejera en ciudades canadienses como Vancouver está profundamente vinculada a la actividad de organizaciones narcoterroristas mexicanas.
    Los “cárteles” y organizaciones narcoterroristas mexicanas que han tomado por asalto alrededor de 250 ciudades estadounidenses para apoderarse de territorios y redes de distribución, asociadas con las mafias locales y su red de funcionarios corruptos, han extendido las acciones de sus células a territorio canadiense, generando numerosos episodios de violencia.
    Prácticamente toda la cocaína que se consume en el país es adquirida por los grupos mafiosos canadienses en México y en ciudades de los EE.UU., como Los Angeles. Los índices de violencia registrados se elevan muy especialmente, cuando las operaciones de las fuerzas del orden —que operan frecuentemente en colaboración con sus pares de las agencias antinarcóticos estadounidenses y también de México—, logran secuestrar narcóticos y arrestar a malvivientes relacionados con el contrabando, distribución y venta de drogas. Entonces, prevalecen las organizaciones mafiosas más poderosas y mejor conectadas con EE.UU. y México, que luchan entre sí para conquistar nuevas plazas o ampliar las existentes. Paralelamente, los grupos criminales de menor nivel también se enfrentan, con el objeto de apoderarse de los restos menores del negocio de los estupefacientes.
    Canadá se ha visto ampliamente beneficiada por la “Operación Xcellerator”, que permitió a comienzo de este año la captura en varios países —comenzando por los EE.UU.— de miembros de células narcoterroristas del llamado “Cártel de Sinaloa” mexicano, conocido también como “La Federación” .
    La “Operación Xcellerator” no solamente disminuyó la capacidad operacional del “cártel” en Canadá en su conjunto, sino que también terminó con varias de sus redes de distribución en el país. Un paso decisivo sin lugar a dudas, para que este país pueda iniciar una nueva etapa en la larga lucha contra el tráfico de alcaloides en general y del narcoterrorismo mexicano y de otros orígenes en particular.


Algunos casos de la “metástasis” mexicana en la región centroamericana, el caribe y el cono sur

    La irradiación criminal desde ese centro de gravedad que constituye actualmente el narcotráfico mexicano —con o sin el uso del terrorismo como táctica—, se ha extendido a otros países centroamericanos. La onda expansiva comienza con los limítrofes Guatemala y Belice y continúa con Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Haití y otras islas del Caribe
—excluyendo a Cuba—, para enlazar con Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, ya en el Cono Sur.


América Central

    Los “cárteles” mexicanos parecen también superar abrumadoramente a sus rivales y/o socios colombianos en el manejo del transporte terrestre para el contrabando de drogas en la región, aunque no se observa por el momento la primacía de ninguna de las organizaciones criminales de México en particular.
    Las publicaciones oficiales sobre arrestos y decomisos de narcóticos en la región, permiten identificar al cártel con centro en Sinaloa, liderado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre las principales organizaciones mexicanas que transportan cargamentos de narcóticos desde Colombia hasta México, utilizando múltiples medios combinados (terrestres, aéreos, fluviales, marítimos y hasta submarinos), algunos de los cuales no han sido aún debidamente identificados. La otra organización son “Los Zetas”, hoy escindidos del “Cártel del Golfo y que al menos en lo concerniente a esas actividades específicas están operando de manera independiente.
    Los porcentajes de transporte de droga por los principales vectores que circulan por los grandes corredores del narcotráfico desde América del Sur hacia el norte del continente, suelen variar periódicamente y requieren por ello un monitoreo permanente. La acumulación de evidencia e indicios en el último período, permite identificar con un bajo margen de error el trazado de dichas rutas. Así, por ejemplo, el “Corredor de México y América Central” incluye los vectores del Pacífico Oriental, de América Central y del Caribe Occidental, mientras que el “Corredor del Caribe” abarca los vectores de Jamaica, Haití / República Dominicana y Puerto Rico, principalmente. Por el primer corredor mencionado circula en este momento y de manera abrumadora la mayor cantidad de droga ilegales, mientras que un porcentaje menor se envía hacia las islas caribeñas orientales para consumo y transbordo a otros mercados finales.

Mapa del flujo documentado de cocaína desde América del Sur
por parte de vectores identificados en la zona de tránsito
(2007)

Fuente: Consolidated Counterdrug Database (CCDB) — Departamento de Justicia de los EE.UU.

    En todos los casos arriba mencionados, los puntos de partida de los mayores embarques, tanto en los corredores como en los vectores mencionados y como puede observarse en el mapa, están situados en los puertos y costas de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
    Cabe destacar que el vector de América Central, que transportaba usualmente en el pasado importantes cantidades de narcóticos desde Colombia a Panamá y desde este último país hacia el norte, no registra actualmente movimientos de importancia, dadas las numerosas operaciones de vigilancia y captura realizadas por ambos gobiernos, con ayuda de agencias y organismos internacionales y estadounidenses.


Amenazas a la seguridad en América Central

    La violencia registrada en México no encuentra aún una situación espejo a la que se registra en países de América Central. Tal vez porque el alto nivel de corrupción imperante hace que muchos de los altos funcionarios de los diferentes poderes de esos estados, prefieran aceptar jugosos sobornos de los narcotraficantes, a enfrentarse a ellos y terminar asesinados. Si por casualidad alguien levanta la voz o decide enfrentarse al narcotráfico —desde algún sitial privilegiado de un gobierno, tribunal judicial o en la legislatura—, es eliminado por sicarios o intimado a aceptar sobornos o renunciar.
    Otra de las amenazas regionales está constituida por la asociación entre las organizaciones narcoterroristas mexicanas con pandillas criminales como las “Maras Salvatruchas”, cuyo origen se encuentra en los EE.UU., donde fueron fundadas por pandillas de inmigrantes salvadoreños.
    Cabe citar específicamente entre otras bandas de menor importancia a las tristemente célebres “MS—13” y “Calle 18” , que han extendido rápidamente su acción a El Salvador, Honduras, Guatemala, Honduras, Nicaragua y hasta México.
    Las maras, más allá de los diferentes nombres de la gran cantidad de bandas existentes, se han convertido ya en pandillas criminales transnacionales, las cuales amenazan también a otros países del Cono Sur, al menos en su estructura organizacional y tácticas criminales, y hasta existe un fundado temor en que puedan surgir actualmente en España.
    Las pandillas y sus asociados han logrado expandir sus actividades en el negocio del narcotráfico. Estas incluyen la distribución y venta al por mayor de drogas ilegales, como así también el establecimiento de alianzas y la constitución de sociedades con organizaciones criminales transnacionales.
    Las maras se han asociado asimismo a organizaciones narcoterroristas mexicanas que operan en regiones neurálgicas de este país, como las de Tijuana, Juárez, el Golfo y Sinaloa.
    Además y según datos altamente fidedignos, miembros de las maras han borrado sus tatuajes, con el objeto de ofrecer menores riesgos de identificación cuando viajan al exterior. Estas pandillas operan muy especialmente en España —una de los principales puntos de entrada de droga a Europa—, donde no sólo han logrado instalarse, sino que también utilizan su territorio para expandirse desde allí a otros países del continente.
    La situación de los países centroamericanos en los que fehacientemente registran actividad los “cárteles” del narcotráfico mexicano, fue analizada en febrero de 2009 en Costa Rica por los fiscales generales de Centroamérica reunidos en este país, con el objeto de exaltar la necesidad de coordinar urgentes acciones contra estas actividades criminales. Ellos son: José Velázquez, de Guatemala; Félix Garrid, de El Salvador; Delia Rosales, de Nicaragua; Leónidas Rosa, de Honduras y de Costa Rica, Francisco Dall’Anese, quienes dieron a conocer algunos puntos de vista al diario “El Universal” de México, los que se incluyen en la sección correspondiente a cada país en particular..
    En conjunto, coincidieron en que todos los cárteles mexicanos disponen del dinero suficiente para penetrar las estructuras políticas e institucionales de sus países y del Istmo, y aseguraron que la zona está agotada por la violencia que provocan los contrabandistas de drogas. Manifestaron asimismo que los “cárteles” mexicanos (pusieron especial énfasis en Los Zetas, Sinaloa y el Golfo), han logrado infiltrarse en aparatos de seguridad y entidades judiciales y políticas del área.
    La región centroamericana arroja un saldo de 14 mil homicidios relacionados con el narcotráfico durante 2008.
    Los países analizados son los siguientes:


Costa Rica

    El Departamento de Estado también expresó su preocupación porque Costa Rica "sigue siendo un punto de tránsito cada vez más importante de narcóticos destinados a Estados Unidos y Europa", aunque las autoridades de San José "cooperan de forma cercana y efectiva" con Washington en la lucha contra las drogas.
    “Cuando se acumula en las cúpulas de las organizaciones locales (del narcotráfico) una gran cantidad de dinero, van a tratar de apoderarse de las estructura de las instituciones”, pronosticó el fiscal general Francisco Dall’Anese. “Las organizaciones terroristas quieren destruir el Estado. Las organizaciones criminales quieren apoderarse del Estado” , concluyó.
    A pesar de ello, cada vez hay una mayor utilización de lanchas rápidas para transportar cocaína a través de las aguas costarricenses.


El Salvador

    El informe también señala que el tráfico de efedrina y pseudoefedrina se podría convertir en un futuro grave problema en El Salvador y destaca que una reciente auditoría en uno de los principales laboratorios farmacéuticos de ese país descubrió la desaparición de dos millones de píldoras de efedrina.
    El Departamento de Estado también criticó que "el Gobierno de El Salvador no hizo ningún avance significativo en el 2008 en términos de mejora de su capacidad de detectar, investigar y procesar el lavado de dinero y los delitos financieros".
    Washington dijo que "la Unidad de Investigación Fiscal (de la Fiscalía General) parece estar infrautilizada, así como con falta de dirección institucional y capacidad de investigación".
    El fiscal de El Salvador, Félix Garrid, advirtió : “Nuestros países están sufriendo, y mucho, y evidentemente el narcotráfico puede ganar terreno. No es fácil evitar que el narcotráfico se tome nuestros países, nuestras instituciones”. Y añadió: “La demanda de consumo de droga está en el norte (del continente). Los flujos de blanqueo (de dinero) son de norte a sur y nuestra región está en el paso. En tanto las autoridades no sean robustas, los grupos de narcotráfico van a quererlas vulnerar para tomárselas”.


Guatemala

    Guatemala es un país muy importante de tránsito para el contrabando de narcóticos, y se estima que la cantidad de cocaína por año que circula a través de la región, asciende a 400 toneladas métricas. Además, un productor no demasiado importante de cabezas de plantas adormideras verdes (Papaver somniferum), de las cuales se extrae el opio. Este es contrabandeado a México, donde se lo convierte en heroína, para ser luego enviada a los EE.UU. y Europa, principalmente.
    Las organizaciones narcoterroristas mexicanas gerencian la producción de las adormideras en Guatemala, proveen las semillas y garantizan la compra de la goma o látex de opio a los pequeños agricultores de este país.
    Otro problema para la seguridad está constituido por los nexos acreditados existentes entre letales kaibiles desertores guatemaltecos y organizaciones narcoterroristas mexicanas.
    Según el Departamento de Estado, el tráfico está concentrado en las provincias del norte que limitan con México, la jungla del Departamento de Peten, el área costera del Pacífico, como también la del lago Izabal en la costa del Caribe donde este drena .
    El presidente Alvaro Colom y algunos de sus ministros fueron amenazados de muerte, muy probablemente por “Los Zetas” mexicanos, luego de la detención de algunos ciudadanos de este país que se sospecha pertenecen a esta organización, según informó la “Policía Nacional Civil” (PNC) de ese país.
    Los acuerdos entre Guatemala y EE.UU. han ido expandiéndose durante los últimos tiempos, constituyéndose una fuerza especial conjunta de tareas, concentrada en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y para mantener el orden público.
    Al opinar sobre el accionar de mafias mexicanas en su país, el Fiscal General de Guatemala, José Velásquez, mencionó en el reportaje citado de El Universal : “Trágico, toda vez que han tenido una incursión fuerte principalmente en el norte y el occidente de Guatemala. Hemos tenido la invasión de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas que ha degenerado en violencia y confrontación entre Los Zetas y los cárteles mexicanos y guatemaltecos”, relató.
    Uno de los problemas más graves que enfrenta este país es el alto nivel de corrupción. EE.UU. reconoce oficialmente los esfuerzos del presidente Colom contra el narcotráfico, como el aumento del presupuesto de las fuerzas de seguridad y su campaña contra la corrupción. No obstante, insiste que en razón de las medidas adoptadas por México en su lucha contra las drogas, los “cárteles” mexicanos se han expandido en Guatemala. También, que a medida que los cárteles penetran más, el presidente Colom encarará mayores desafíos de seguridad en Guatemala .


Honduras

    Este país centroamericano sufre el azote de la corrupción como tantos otros de la región, que es uno de los principales obstáculos para la lucha contra el narcotráfico. Basta leer las publicaciones de la prensa hondureña para comprobar la conexión histórica y presente entre funcionarios de la administración pública, tanto civiles como militares y los narcotraficantes.
    El fiscal de Honduras, Leónidas Rosa destacó: “Hemos detectados nexos entre organizaciones criminales y algunas personas de partidos. La clase política obviamente será vulnerable al narco” .
    El informe recientemente publicado por el Departamento de Estado menciona que la principal novedad en Honduras en el 2008 fue "el aumento del flujo de pseudoefedrina y otros precursores químicos" para la producción de metanfetaminas. El incremento podría atribuirse a que la legislación del país facilita la importación de dichas substancias, que pueden ser utilizados de forma legal en laboratorios farmacéuticos, como sucedía hasta hace poco tiempo en la Argentina
    El Gobierno hondureño secuestró una impresionante cantidad de narcóticos ilegales: 3 Tm. de marihuana procesada, 2Kg. de crack de cocaína , 3,5 millones de píldoras de pseudoefedrina y más de 5 toneladas de precursores. Asimismo, fueron decomisadas en EE.UU. 13 TM de pseudoefedrina destinadas a Honduras, donde iban a ser desviadas a carteles mexicanos de la droga.
    En el 2008, las autoridades hondureñas confiscaron 2 millones de toneladas de pseudoefedrina en bruto, 3 millones de píldoras de pseudoefedrina más otros 5 millones de toneladas de otros precursores.


Nicaragua

    Con respecto a Nicaragua y aunque el informe del Departamento de Estado reconoció "el determinado esfuerzo para combatir el uso de drogas y el comercio internacional de narcóticos", criticó la "sostenida politización del Tribunal Supremo de Nicaragua". El mismo documento también constató que "la corrupción e interferencia política es un problema persistente y sostenido en las fuerzas de seguridad y el cuerpo judicial" .
    La fiscal general de Nicaragua, Delia Rosales, alegó que Nicaragua es uno de los países que más ha golpeado a cárteles. Nicaragua es un corredor del tráfico de drogas, pero hay “voluntad política” de luchar “frontalmente contra el crimen organizado” , puntualizó.
    El documento alabó la "agresividad de las autoridades nicaragüenses" en la interceptación marítima de cargamentos de droga.

Panamá

    Gracias a su posición geográfica y a su muy bien desarrollada infraestructura marítima y de transporte, Panamá es —según el Departamento de Estado—, un país muy importante para el control logístico y el transbordo de drogas ilegales a los EE.UU. y Europa. Afirma también el mismo informe que los más importantes cárteles de la droga colombianos y mexicanos, como también grupos armados de Colombia, usan a Panamá con el propósito de traficar droga y lavar dinero .
    El presidente panameño Martín Torrijos Espino coopera muy estrechamente con EE.UU. en operaciones antinarcóticos, como reconoce oficialmente el Departamento de Estado en informes en que menciona a ese país y a su primer mandatario. Durante 2008 se capturaron en Panamá 53 toneladas métricas de cocaína, una cifra altísima, pero también se ha desarrollado un modelo efectivo de vigilancia comunitaria para ayudar al control del naciente problema gangsteril, que EE.UU. considera crucial para asegurar el cumplimiento de las misiones de las agencias.
    Panamá, al igual que otros países ya mencionados, comenzando por México, registra numerosos asesinatos y hechos de violencia relacionados con la droga, la mayoría de los cuales se atribuye a venganza entre traficantes.
    Para sintetizar, los patrones arriba descriptos —diferentes formas de convergencia entre narcotráfico y narcoterrorismo por un lado y crimen organizado por el otro—, podrían aplicarse casi sin excepción a los otros países del Continente Americano.


Caribe

    Las estadísticas oficiales de los últimos años indican que ha habido un notable incremento de las incautaciones de drogas ilegales hechas por estados de América Central, mientras que paralelamente se observa un decrecimiento de las realizadas en la región del Caribe.
    Las tendencias observadas durante 2006 y 2007 parecen indicar que son consistentes con cambios a más largo plazo, aunque estas deberán confirmarse posteriormente, dado que no siempre las estadísticas coinciden con la realidad total en el terreno. Estas se basan en los secuestros de drogas concretados, pero debe tenerse en cuenta que hay una importante cantidad que no lo es, que han alcanzado sus puntos de destino, y que solamente puede calcularse de manera aproximada.
    El Informe 2009 del Departamento de Estado releva al Caribe francés, holandés y occidental de todo dato que los vincule al narcoterrorismo mexicano. No así, cabe destacar, de actividades relacionadas con el narcotráfico originado en América del Sur.
    Con referencia a Cuba, debe destacarse que el informe anual del Departamento de Estado sobre estrategia internacional de control de narcóticos 2009, encomia los esfuerzos realizados por este país.


América del Sur

    La actividad que registra el narcoterrorismo mexicano en países de América del Sur —excluyendo a Colombia, que por la magnitud de la relación con los mismos fue abordada en otras partes de este escrito— ha ido in crescendo durante los últimos años.


Bolivia

    Bolivia continúa siendo el tercer productor mundial de cocaína, pero además un importante país de tránsito de esta droga, que llega desde Perú y las regiones de los Andes Centrales donde se cultiva y procesa y que constituyen un centro neurálgico de gravedad. La importancia de dichas regiones crece aceleradamente, mientras sus vectores nuevos o ya existentes apuntan hacia los países del Cono Sur. No sólo con el objeto de agregar e incrementar mercados o transbordar droga, según el caso, sino también para procurarse nuevos asociados y expandir su negocio en la región.
    La producción anual de cocaína boliviana se ha incrementado de 100 a 120 toneladas métricas comparando los registros de 2003 y 2008, respectivamente. Según la “Drug Enforcement Agency” (DEA) de los EE.UU., esto ha sido consecuencia del creciente número de laboratorios que utilizan una tecnología colombiana mucho más eficiente .
    Bolivia es también productora de marihuana, para consumo doméstico, pero el crecimiento de 35 toneladas métricas en 2005 a 113 en 2008, permite presumir con un alto grado de probabilidad de ocurrencia que la cocaína boliviana se deriva a los mercados argentino, brasileño y paraguayo, tanto para consumo interno, como para su posterior reembarque a Europa.
    El índice de cocaína boliviana detectado en Europa no supera el 1 por ciento en 2007 , pero como en 2006 no había registro alguno de movimiento, deberían esperarse los próximos informes para determinar si hay una tendencia hacia el crecimiento en ese continente.
    Según confirma el mismo Departamento de Estado, hay documentación muy limitada sobre secuestro de cocaína boliviana fuera de su país; reconoce además que una cantidad relativamente pequeña de tal droga producida en Bolivia llega a los EE.UU.
    Datos de inteligencia de las agencias de lucha contra el narcotráfico y fuentes propias, coinciden en que existe un nexo entre las organizaciones de narcotraficantes colombianos, mexicanos y de la Triple Frontera, como aseveraba este autor en un trabajo sobre crimen organizado y terrorismo en esa región limítrofe, publicado en agosto de 2007.
    Como hechos irrefutables de la actividad narcoterrorista mexicana asociada con los traficantes bolivianos, se encuentran los desmantelamientos de tres organizaciones muy importantes vinculadas al suministro de cocaína. Las operaciones que pusieron en descubierto tal nexo, fueron llevadas a cabo por el Gobierno de los EE.UU., que tenía como objetivos a esas bandas criminales desde tiempo atrás.
    Aunque los medios de comunicación no siempre hayan reflejado el incremento de la violencia en Bolivia relacionada con la droga, especialmente la cocaína, debe hacerse hincapié en que han muerto decenas de personas en enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. La violencia ha causado también un éxodo sin precedentes de ciudadanos bolivianos a territorio brasileño. Al igual que en México, las bandas enfrentadas luchan por la conquista de nuevos territorios y rutas; entre ellos, los que bordean y conducen al apetecible mercado brasileño.
    Resulta asimismo probable, más allá del grado de ocurrencia, que la guerra entre grupos de narcotraficantes rivales pueda extenderse más allá de la frontera entre Bolivia y la Argentina, aunque el último país no haya necesitado de la ayuda del primero, para contar con sus propios casos, relacionados a las rivalidades de organizaciones narcoterroristas colombianas, mexicanas y peruanas.
   

Brasil

    Brasil es uno país principal de tránsito del clorhidrato de cocaína, y además un mercado significativo para la cocaína base y el crack de cocaína y otros derivados para consumo local.
    Brasil es el segundo país consumidor de cocaína en el mundo, con cerca de 870.000 personas, luego de los EE.UU., que cuenta con alrededor de 6 millones de adictos a esa droga. Sin embargo, no se lo considera como un país productor de drogas, al menos importante, aunque se han secuestrado pequeños laboratorios—cocina que procesan la cocaína base.
    La mayor parte del clorhidrato de cocaína comúnmente transbordado en Brasil hacia otros países es traficado a través del Corredor Europeo/Africano. La cocaína de origen brasileña secuestrada en Europa en 2006 se eleva al 3 por ciento en 2006, pero en el período 2007 descendió al 2 por ciento .
    Con respecto al consumo de MDMA —conocido como “Extasis”—, esta droga sintética se produce en parte localmente, pero también hay registros de mayores cantidades de origen europeo. Esto último ha sido constatado gracias a incautaciones realizadas por las autoridades brasileñas tanto en puertos como en centros urbanos.
    El contrabando de drogas ilegales y armas brasileños son operados crecientemente por las organizaciones criminales “Primer Comando de la Capital” (PCC) con eje en Sao Paulo, y por el “Comando Vermelho” (CV) que actúa sobre todo en Río de Janeiro. Se considera también que ambas organizaciones han incrementado sus vínculos con traficantes colombianos y mexicanos. Con referencia a los contactos de las organizaciones criminales brasileñas mencionadas con sus asociados mexicanos, es altamente probable que se hayan incrementado también en la región de la Triple Frontera .
    Brasil ha cooperado estrechamente con los EE.UU. en numerosas operaciones antinarcóticos, algunas de las cuales culminaron con importante líderes del narcotráfico, como Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “La Chupeta”, uno de los jefes del “Cartel del Norte del Valle” de Colombia. Este sujeto fue extraditado a los EE.UU. donde enfrenta cargos por asesinato, tráfico de drogas y clarificación de dinero, cometidos en el Distrito Este de Nueva York.


Colombia

    A pesar de los esfuerzos desplegados por el gobierno de Colombia contra el narcoterrorismo y las organizaciones menores dedicadas al tráfico de drogas, el país continúa siendo hasta el momento el mayor productor.
    Desde hace seis años este país mantiene de manera consecutiva el record de erradicación de drogas ilícitas, como también desarrolla importantes programas de todo tipo para limitar el campo de acción