Lejos quedaron esos tiempos, donde el Grupo Clarín y el gobierno K eran amigos. Como muchos sabemos, el pacto inicial en las primeras épocas del kirchnerismo entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto fue, palabras más, palabras menos: “No pretendo que sean oficialistas, me conformo con que no sean opositores a nuestra gestión. Si respetás esto, te vas a llenar de guita, y yo voy a poder gobernar tranquilo un largo tiempo”.

Este fue el planteo del entonces flamante presidente electo al máximo responsable del más importante grupo periodístico argentino.

No por casualidad, y a modo de agradecimiento, uno de los últimos actos de gobierno de Kirchner fue aprobar la fusión de Cablevisión y Multicanal, y la renovación de la licencia de Canal 13 a Clarín. Curiosamente, eso que antes habían aprobado, hoy es fuertemente cuestionado por el propio Kirchner.

Tampoco es ninguna novedad que el ataque de Kirchner a Clarín comenzó con el conflicto del campo en 2008, con aquella recordada frase: “¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?”.

De ahí en más, sucedieron hechos muy llamativos, intensificándose como jamás se vio en tiempos de democracia en nuestro país, un ataque sistemático a la prensa crítica al gobierno en general y al Grupo Clarín en particular.

Un claro ejemplo de ello fue el llamativo allanamiento en las oficinas de Clarín por parte de la AFIP, haberle quitado la televisación del Fútbol y recientemente haberle quitado también la licencia de Fibertel y el mamarracho de Papel Prensa.

No debemos olvidarnos de la ley de medios K, que no sólo pretende perjudicar a Clarín en particular sino que además pretende manejar absolutamente todos los medios.

Pero hay algo curioso. Es muy raro y llamativo, aunque el adjetivo exacto sería burdo, ver cómo el gobierno ataca sistemáticamente al grupo Clarín y a la prensa crítica y no hace lo mismo con quienes opinan en su favor.

Por ejemplo, a Clarín, como dijimos, se le pretende revocar la licencia de distribuir Internet a través de Cablevisión, pero no ocurre lo mismo con la licencia de Canal 9, que es totalmente irregular. Veamos:

El propietario de Canal 9 es el mexicano Ángel González, o Remigio Ángel González y González, ese es su nombre completo, más conocido como “el fantasma González”. La venta de Canal 9 por parte de Daniel Hadad, al fantasma González fue una operación aprobada por el COMFER, pero que no reúne los requisitos de la vieja Ley de Radiodifusión ni de la nueva Ley de Medios.

Ángel González reside en la ciudad de Miami, y posee, entre otros medios, el canal español Uno, Dos, Tres y 30 canales de televisión abierta repartidos por Latinoamérica, además de una empresa de salas de cine en México y Centroamérica.

En Guatemala tiene una suerte de monopolio, con 4 canales. En Perú, donde tiene 2 canales, 1 de ellos se hizo de capitalizar deudas. En Chile, es propietario de la Compañía Chilena de Televisión.

Como podemos apreciar, este “exitoso empresario” de los medios de comunicación, ha construido un imperio desde México hasta Paraguay, pasando por Chile y Perú, con una fuerte presencia en América Central.

Ángel González, no puede ser dueño de Medios en nuestro país, por lo tanto usó un dibujo legal, que por supuesto, ahora le sirve a los K para poderlo presionar.

En un artículo publicado en el sitio www.radiodifusiondata.com.ar explica lo siguiente:

“Como toda transferencia accionaria ésta operación deberá ser avalada por el Poder Ejecutivo Nacional. Algunos medios señalaron que aunque se encuentra en vigencia la Ley de Preservación y Conservación de Bienes Culturales 25.750, que limita hasta en un 30% la participación de capitales extranjeros en medios de comunicación argentinos, se aplicaría el Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos de América, dado que Angel González es norteamericano por adopción.

Curioso. El instrumento legal que se emplearía para autorizar la transferencia accionaria es uno de los emblemas del neoliberalismo tan denostado por el kirchnerismo. Dicho Tratado, incorporado al derecho argentino a través de la Ley 24.124, fue firmado en noviembre de 1991 entre Carlos Menem y George Bush. Entre las excepciones al tratamiento recíproco de inversiones los Estados Unidos incluyó a los servicios de radio y televisión.

Algunos juristas entienden que la Ley 25.750 complementa la aplicación del Tratado suscripto con los Estados Unidos de América. A su vez, en el último párrafo de su artículo 2º estipula que el límite del 30% "podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permiten". Pero el Estado Argentino hasta el día de hoy no ha firmado ningún acuerdo de esa índole con el país del norte.

Al margen de ello, existen otros requisitos que los potenciales accionistas de un servicio de radiodifusión deben cumplir. Por caso, el inciso b) del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión exige "Tener idoneidad cultural acreditada por una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada".”

Desde que el gobierno K comenzó su guerra contra el Grupo Clarín, Canal 9 se transformó, literalmente, en una sucursal de Canal 7. La presencia del productor K, Diego Gvirtz —el mismo productor del programa ultra K 6, 7, 8 que se emite por Canal 7— con sus programas TVR y Duro De Domar son una muestra de ello.

Ahora, para cerrar el círculo, se sumó a la pantalla del 9 el otrora crítico del gobierno, Víctor Hugo Morales, hoy devenido en defensor K, con su nuevo programa, “Bajada de Línea”.

Este caso, el de Canal 9, no es el único. También habría que ver porque no proceden de la misma manera que se hace con todo lo relacionado al Grupo Clarín con Radio Del Plata o con los medios de Sergio Spolski.

Curiosamente, el kirchnerismo invoca, permanentemente, pluralismo, libertad de prensa y objetividad.

Habría que preguntarles, entonces, que entienden ellos por pluralismo, libertad de prensa y objetividad.

Pablo Dócimo

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