Los niños privados de libertad necesitan educación y contención para comenzar una nueva vida, derechos que debe garantizarles el Estado a través de los Institutos de Menores.
    En Argentina no existe una política federal sustentable sobre minoridad y, los programas de asistencia son ineficientes. El discurso jurídico es incoherente tal como esta planteado, si el Estado es el protector del menor debería proteger sus derechos fundamentales: educación, salud, justicia, familia y privacidad.
    Los institutos no tienen ni los medios, ni el espacio para poder cubrir las necesidades básicas de los niños. Los edificios no fueron construidos con este fin, la educación en la mayoría de los establecimientos es casi nula y el personal que trabaja en ellos no está capacitados para hacerlo.
    “Estos institutos deberían ser chicos, con pocos niños, personal altamente instruido para manejarlos, y el menor debería tener actividad las 24 horas”, aseguró la ex interventora del Consejo del Menor de la provincia de Buenos Aires, Irma Lima. 


La educación como código

    Históricamente en los institutos funcionaba la escuela primaria obligatoria, dictada por maestros y capacitadores, que dependen del Consejo del Menor. Los chicos son preparados para dar exámenes libres con supervisores de escuelas estatales. 
    Con el tiempo, cambió el nivel cultural de la población institucionalizada y, aunque no es obligatorio, se buscó un sistema para la educación media. 
    En la mayoría de las instituciones los internos rinden materias del secundario como alumnos libres. En los institutos Belgrano y Agote, de la Ciudad de Buenos Aires, se implementó a partir del 2002 el sistema de los Centros de Educación de Nivel Secundario (CENS) para adultos. Son ciclos cuatrimestrales, dictados por profesores que dependen de la Secretaría de Educación porteña.
    Este proyecto busca la articulación permanente entre un régimen de encierro total y la escuela. “El objetivo fundamental es el de la socialización del menor, para lograr un cambio de conducta. Si podemos transmitirles un código que no sea el tumbero o el carcelario, hay muchas chances de que se reinserte en la sociedad”, aclaró la coordinadora del proyecto, Laura Melillo.

Un recreo corto

     El espacio recreativo ocupa poco lugar en la vida de estos chicos y no es obligatorio. Sus días transcurren entre juegos de mesa, cartas, televisión y música.
     Algunos institutos buscaron otros destinos para las horas libres e incorporaron talleres de expresión, como teatro o murga, o actividades creativas, cocina, tarjetería española y trabajos manuales.
     Algunos prefieren que el tiempo lo dediquen a dormir. En el instituto de mujeres Inchausti, las chicas se aburren, no tienen mas motivación que aprender a maquillarse o tejer. “Duermen mucho y están medicadas. No las ayudan a superarse”, aseguró una docente de la institución.
     Los chicos que están en el Belgrano o el Agote, son mas afortunados. Tienen un gimnasio bien equipado, sala de computación y hasta editan una revista.
     Uno de los mayores problemas para la recreación es la falta de espacio edilicio. El director del Agote, José Rodríguez, aseguró que si esperan que las condiciones estén dadas no harían nada.
     Sin embargo para el director del Belgrano, Claudio Parrilla, habría que “implosionar los edificios con 25 kilos de trotyl y construir algo que realmente les sirva a los chicos”. Así mismo afirma que estos lugares mal ventilados y con poca iluminación son “un castigo mas en la vida tortuosa de los pibes privados de libertad”.


Seguro sin profesión

     Estas instituciones están formadas por los cuerpos educativo, técnico, medico y de seguridad, que deben estar interrelaciones entre sí, para que funcionen correctamente.     En el año 1989 se creó en el Consejo un cuerpo especial de seguridad y vigilancia para el cuidado de los chicos dentro de los institutos. Son civiles, se capacitan en el propio Consejo, no portan armas y no tienen instrucción militar.
     Estas personas, llamadas maestros, celadores, operadores o guardias, conviven con los chicos las 24 horas y no están preparados para eso. Su entrenamiento es casi nulo y la mayoría aprende a trabajar dentro de los institutos.
    Para Irma Lima y Claudio Parrilla, la solución es echar a todo el personal de seguridad y contratar gente capacitada que pueda imponer sanciones con respeto hacia los chicos, y así ser parte integral del tratamiento.
    El equipo técnico está compuesto por médicos, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, pero no en todos los casos éstas personas están preparadas para trabajar en este tipo de instituciones.
    La droga, está presente en la mayoría de los chicos, o porque consumen o porque venden, aunque los adictos son pocos. Los psicólogos que trabajan con ellos, no están capacitados para tratar seriamente este tema.
    Si existe algún caso de adicción los psiquiatras medican a los chicos hasta que el juzgado autoriza el traslado a una comunidad terapéutica.


Un entorno inexistente

     Según estadísticas del Consejo Nacional del Menor y la Familia el porcentaje de reincidencia de estos chicos es entre el 37% y el 40%.
     Esto se debe a la falta de políticas de Estado, donde existan espacios de contención para los menores, trabajo para su familia y programas de prevención de la delincuencia infantil, a corto, mediano y largo plazo.
     Tampoco hay un seguimiento completo del chico cuando egresa de una institución como esta.
     La vocación de servicio y la voluntad de mejorar la situación de los niños, del personal de los institutos, oculta la falta de gestión del Consejo del Menor. Un buen ejemplo es el de “Lucho”, de 19 años, que estuvo en el Belgrano por homicidio. Salió hace un año y vive con su hermana mayor en Pilar. Trabaja en una panchería en Morón y está por terminar el secundario en una escuela en Barracas.
     “El problema es el medio al que el chico vuelve, tiene al que le vende la droga, y a la banda que robaba con él. La familia no tiene los medios económicos para mudarse”, afirma Irma Lima.
      Los menores que ingresan a los institutos no tuvieron ninguna de las dos instituciones importantes, ni la familia ni la escuela. Hay pobres chicos y chicos pobres, no hay “pibes chorros”.     


No Blumberg, no

    El proyecto sobre la baja de edad de inimputabilidad, presentado ante el Congreso por Juan Carlos Blumberg es un tema que vive presente en los trabajadores de minoridad.
     Tanto para los directores, docentes y psicólogos de los institutos, como para Irma Lima, no existe impedimento legal alguno para bajar la edad a partir de la cual se es punible.
     Sin embargo, aclaran que Blumberg propone un sistema de exclusión, porque la sociedad no les brinda a todos los niños las mismas oportunidades para desarrollarse y convivir armónicamente.
     Coinciden en que disminuir la edad no bajaría la delincuencia. “Si un país tiene las cárceles llenas, es porque fracasaron las medidas preventivas”, afirmó Lima.
     Para el ex presidente del Consejo del Menor, Atilio Alvarez, esta ley no solucionaría nada. Y aclaró que “Béliz es un canalla, no le importan los chicos y busca bajar la edad de inimputabilidad para crear mas tribunales orales que le cuestan al Estado mas de 120000 pesos por mes”.

Liliana Calleja y Guadalupe Velasco 
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