En junio de 2009, Tribuna de Periodistas publicó una jugada investigación que mostró al desnudo el organigrama de la mafia judicial vernácula. Fue toda una muestra de coraje, no solo por la denuncia en sí, sino porque muchos de los colegas que trabajan en este medio estaban cursando denuncias en su contra por calumnias e injurias —por parte de poderosos funcionarios K— y algunos de los magistrados denunciados en ese informe debían “entender” en esos litigios.

En la nota de marras, se mostró cómo se designan “a dedo” a ciertos jueces que hoy ocupan lugares de relevancia judicial.

“Pocos saben es que existe todo un sistema detrás de la designación de muchos jueces que permite digitar a los futuros ocupantes de los más importantes juzgados, a piacere de ciertos grupos de poder. De más está decir que, ese mismo ‘grupo’, tendrá luego potestad absoluta sobre los jueces puestos a dedo”, se dijo entonces. Acto seguido, se describió la trama maldita.

Pasado más de un año y medio de esa indagación, en las últimas horas se ha presentado una denuncia judicial para que se investigue lo allí denunciado.

El encargado de hacerlo ha sido el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien  se involucró “en orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de prevaricato contemplado en el Art. 269 del Código Penal de la Nación, falsedad documental e ideológica de documento público, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita (Art. 249 y 210 del Código Penal), cohecho, tentativa de estafa procesal, defraudación, trafico de influencias y cualquier otro ilícito que surja de la investigación”.

La acción judicial se dirige contra quien hasta hoy inviste el cargo de Juez de Instrucción Nº11 de la Capital Federal, Luis Osvaldo Rodríguez; los actuales integrantes de la Sala Sexta de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini; y también contra Francisco Javier Fernández, auditor general de la Nación (AGN), denunciado por este periódico en infinidad de oportunidades por su lobby sobre los jueces federales que entienden en causas sensibles al oficialismo de turno.

Fundamentos de la denuncia

Dice el escrito judicial: “Los denunciados tuvieron participación activa en la investigación respecto de los titulares de la firma Publicidad Sarmiento S.A., Orlando Roberto Terranova y Eduardo Raúl Terranova, en el marco de la adjudicación del Mobiliario Urbano porteño, cometiendo delitos de todo tipo para beneficiar a empresas y personas, y perjudicar a la ganadora indiscutible de la licitación de marras”.

En dichas actuaciones, los magistrados Luis Osvaldo Rodríguez —el mismo que se copió en los exámenes para el concurso del Consejo de la Magistratura Nº140— y los integrantes de la Sala Sexta, Filozof y Lucini —como juez subrogante el primero y como miembros de la alzada los segundos— “cometieron múltiples delitos en connivencia con un funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN), Francisco Javier Fernández, sindicado como el lobbysta que tenía a su cargo un intenso tráfico de influencias para lograr sus fines en una aceitada organización criminal”.

Finalmente, el escrito asegura que, “a mayor abundamiento existen numerosas pruebas de la denuncia que aquí y hoy se radica en la Causa 232/10 —acumulada a la Causa 228/10— en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, las cuales deberán recabarse mediante oficio de estilo o una copia certificada de las mismas para el momento en que se me cite a ratificar y ampliar la misma, por existir antecedentes allí glosados que hacen a esta presentación”.

¿Servirá esta denuncia para acabar con un sistema perverso que involucra a jueces, camaristas y hasta a periodistas de renombre?

Christian Sanz