En Santiago del Estero, quien fuera socio de Rodolfo Ortega Peña, la primera víctima de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), clavó la intervención federal al Poder Ejecutivo como una daga filosa, a partir de un doble crimen ocurrido en la localidad de La Banca, que fue politizado gracias a la complicidad de los ‘transversales’ socios de Kirchner, y una sucesión de errores de la torpe gobernadora Mercedes Marina Aragonés de Juárez y su anciano marido, Carlos Juárez.

 Pero para avanzar otro escalón en su proyecto, Eduardo Luis Duhalde precisa de dos hechos concatenados: la renovación del mandato de la intervención federal, y la redacción y promulgación de una nueva Constitución provincial.

 Juárez ya era gobernador de Santiago del Estero en 1949, cuando Juan Domingo Perón pretendía un segundo mandato presidencial. Cinco décadas de poder casi absoluto, paternalista, autocrático, le permitieron construir una base social que resulta una segura alcancía de votos cautivos en los que descansa a la hora de desafiar a su destino que lo tiene encerrado, bajo arresto domiciliario.

 En Santiago, ciudad de siestas largas e ironías continuadas, se dice que el verdadero castigo que recibe Juárez es estar prisionero en la misma celda que su mujer, la impulsiva, violenta, verborrágica Nina.

 Alguna vez, Santiago del Estero fue diferente. Conoció la abundancia y la cultura, antes de caer al quinto infierno mucho antes que Néstor Kirchner, ruin, apelara a Dante Alighieri para explicar la tragedia argentina sin dar cuentas de la devaluación y pesificación asimétrica.

 El fracaso de Juárez proviene de su éxito en mantener a su provincia prisionera del sufragio prebendario, el analfabetismo y la ausencia de progreso. Por esto, nadie discute la necesidad de quitar a Juárez del medio. Lo que se debate es si puede permanecer en Santiago del Estero, manipulando intendentes; si debe permitírsele elegir un heredero ya que aún puede resultar un gran elector; y cómo continuará la pirámide del poder económico que controla los hilos del teatro de títeres.

 Santiago del Estero fue intervenida el 1º de abril y por 180 días, prorrogables por 180 días más. Kirchner acababa de liderar el acto de entrega del predio de la Esma para la construcción del Museo de la Memoria y de promover la fundación de una fuerza política ‘transversal’ durante una convocatoria a Parque Norte. El Presidente predicaba la caída del ‘viejo peronismo’, y Juárez era un símbolo de los saurios vivientes, aún cuando fuese un antimenemista militante y aliado de Eduardo Duhalde. Al fin de cuentas, Kirchner también planificaba con arrasar a Duhalde...

 Imposible imaginar que 180 días de intervención cambiarán una superestructura que resistió a la quema del hogar de Juárez y la intervención federal que Menem ordenó, en los ‘90. El interventor Lanusse reclama una prórroga por otros 180 días. Coinciden con su planteo Eduardo Luis Duhalde y Pablo Fontdevila, ‘el hombre detrás del trono’ en la intervención. Ellos son quienes lideran la embestida ya que el ex fiscal federal Lanusse ignora qué es la política, y vive atrapado entre sus ficciones, sus miedos y su ego gigantesco.

 La primera ilusión ‘post juarista’, luego de la caída de Nina y de quien era, por entonces, su ministro de Economía, Juárez, de 87 años, es la creencia de que el caudillo se encuentra derrotado y resignado. Quienes lo conocen advierten: “Mientras él siga en la provincia, la seguirá manejando porque luego de lo que ocurrió en la otra intervención, nadie lo dará por muerto”.

 Además, los dos delegados que envió Kirchner carecen de peso. Uno es Lanusse y el otro es Rafael Alfredo González, el chaqueño a quien se designó interventor del Partido Justicialista provincial.

 Según cuentan, cuando González llegó a la capital provincial, en el inicio de junio, el primer llamado telefónico que recibió para hacerse cargo de la intervención del PJ provincial, el primer llamado que recibió fue el de Juárez, quien le dio la bienvenida y le deseó suerte en su tarea.

 Nadie dice saber qué más hablaron en aquella ocasión, pero algo puede deducirse en base a las acciones posteriores. El lunes 26 de julio, fecha del aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón, González había organizado un homenaje a las 20:00. A la vez, la ex gobernadora Nina, desde su arresto domiciliario, había convocado a asistir a una misa que se celebraría a esa misma hora. El comentario fue que González se convirtió en un pionero en la historia política de Santiago, y del justicialismo, al aceptar boicotear su propio acto. A las 20:00 estuvo en la misa, sentado en los primeros bancos de la catedral.

 En cuanto al interventor federal, Lanusse, no oculta su desdén por los políticos locales. En su equipo hay quienes aseguran que, si fuera por él, ya habría intervenido todos los municipios de la provincia.

 Pero teme que semejante decisión frustre su objetivo político: que luego de los 240 días asuma un gobernador ‘kirchnerista’. Sin embargo, ahora hay todo un problema: ¿qué ‘kirchnerismo’? ¿El ‘transversal’, que promovió la intervención federal, o el ‘kirchnerismo’ justicialista que desea que el juarismo continúe sin Juárez?

 Mientras insiste en que confía en que Kirchner le conceda la prórroga de otros 180 días, necesarios para lograr la Convención Constituyente, Lanusse apunta a Gerardo Zamora, intendente de la capital provincial, líder indiscutido de la UCR provincial, y el político local con mejor imagen y más intención de voto. Al menos por estos días, Zamora se dice ‘kirchnerista’. Lanusse rechaza a la ‘jauría’ completa de aspirantes que exhibe el peronismo provincial, ya que lo considera contaminado por el ‘juarismo’. Pero Zamora se encuentra más cercano al modelo de la ‘transversalidad’ que al del Presidente recuperado para el PJ.

 En la intervención, algunos funcionarios más ligados al PJ, no se resignan a aceptar con pasividad ‘la opción Zamora’, e insiste en buscar un justicialista presentable. Mientras tanto, insisten en que Lanusse se equivoca si piensa que puede gobernar de espalda a la política, o a los políticos.

 

 Entre los intendentes existen tres clases:

 1. los que responderán a Juárez ‘a muerte’, o por lo menos mientras él permanezca en la provincia (ellos recuerdan cómo erró durante su intervención federal Juan Schiaretti, hoy vicegobernador de Córdoba, a la hora de elegir al candidato, y Juárez ganó con más votos que los que había obtenido el PJ en la elección anterior. También recuerdan que Juárez, más tarde, explicó por qué podía enviar a Schiaretti a prisión, lo que le permitió negociar con Domingo Cavallo una amplia refinanciación de pasivos de la provincia). Entre los ‘leales’ se encuentran los 43 comisionados municipales, gobernantes de las localidades rurales menos pobladas, designados ‘a dedo’ por los Juárez. Debe recordarse que en Santiago del Estero, la autoridad de los intendentes concluye donde termina el casco urbano de una localidad;

 2. los ansiosos de subirse a la ‘ola K’. Un ejemplo es el del intendente de La Banda, Héctor Ruiz, apodado Chabay, quien desde el inicio de la intervención se manifestó simpatizante de Kirchner. Por eso se infiltró en el ómnibus que trasladó a los funcionarios de la Nación desde el aeropuerto local, cuando Aníbal Fernández viajó a poner en funciones a Pablo Lanusse. El irascible Fernández se enojó con la intromisión y lo hizo bajar del colectivo;

 3. los que esperan una conducción, anhelan un personaje justicialista fuerte detrás de quien alinearse. A esa tarea de seducción se había dedicado el ex ministro de Gobierno, el ‘kirchnerista bonaerense’ Luis Ilaguerri. Pero las desaveniencias personales con Lanusse hicieron que este impulsivo ex intendente de Ayacucho diera un portazo, llevándose a su equipo de trabajo, una semana después de haber lanzado la Corriente Federal en versión santiagueña. Días después de la renuncia de Ilaguerri, se marcharon sus colaboradores Horacio Vennera (subsecretario de Gobierno), Daniel Rodríguez (subsecretario de Trabajo) y el director del Registro Civil, Jorge Couyoupetrou. Lanusse dice que los problemas de Ilaguerri eran con el jefe de Gabinete provincial, Pable Fontdevila. Es probable que se encuentra afirmando lo correcto ya que quien define es, precisamente, el ex colaborador de Ramón Ortega y de Gustavo Béliz.

 La salida de Ilaguerri, un ‘kirchnerista de la primera hora’, sumada a rumores cruzados entre Santiago y la Ciudad de Buenos Aires, hicieron suponer, a fin de la semana pasada, una pronta salida de Lanusse.

 El punto de conflicto parecía ser la reforma de la Constitución, aunque él insiste que Néstor K lo autorizó a iniciar el proceso de reforma.

 Incluso se llegó a decir, en la Ciudad de Buenos Aires, que el Ejecutivo Nacional llegaría a un entendimiento con Juárez para pactar una licuación de sus causas judiciales, una salida del territorio provincial y un reparto de poder. Hacia el 27 de septiembre se terminan los 180 días iniciales de intervención, y se necesitará un nuevo decreto presidencial.

 Aún cuando existen indicios que permiten suponer que Kirchner no ha renunciado a intentar asaltar el poder de la provincia (con o sin Lanusse), con esa renovación ocurre lo mismo que con el mandato de Alfonso de Prat-Gay y Pedro Lacoste en el Banco Central de la República Argentina: la ambigüedad prevalece.

 Esta semana, el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, visitó Santiago para promover el debate en las escuelas de la reforma de la Constitución provincial.

 Otro elemento que dio vuelo a los rumores del cambio de Lanusse fue la versión, que no ha podido ser confirmada por Edición i, de que Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, fijó domicilio electoral en Santiago del Estero. Nadie supone que haya sido casual que el viernes pasado Duhalde presentara su partido en la capital provincial.

 En un acto realizado en el club Red Star, y ante una concurrencia interesante, se presentó la versión provincial del partido Memoria y Movilización Social, que preside Duhalde. En el acto pronunciaron sus discursos el gremialista Pedro Núñez y la ex diputada provincial María Imelda Ramos. Cuando le tocó el turno de cerrar el acto, Eduardo Luis Duhalde convocó a los santiagueños “a una nueva patriada” para ayudar a Néstor Kirchner “porque él tiene nuestros mismos sueños de construir una Argentina diferente”.

Para finalizar se refirió a la reforma constitucional. “Ésa es la primera batalla que tenemos -dijo a sus seguidores-, para cambiar el sisteema político, legislativo y municipal”, y reiteró su invitación a apoyar a este proceso reformista. De ser cierta la versión de su cambio de domicilio necesitará que se reforme el artículo correspondiente al tiempo mínimo de residencia para la presentación de candidatos, que en este momento es de dos años.

 La pregunta es si este proyecto será acompañado por el Presidente, o si será uno de los pasos pioneros de una ‘transversalidad huérfana’ que busca su propio destino más alla de Néstor Kirchner. De ser así en la provincia le ven poco futuro a la iniciativa, “la izquierda no existe acá como fuerza electoral, sólo tiene una presencia simbólica en algunas ONG de derechos humanos”, comentó un avispado periodista santiagueño.

 El pueblo santiagueño fue convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el domingo 31 de octubre próximo.

 La medida fue anunciada por Pablo Lanusse, quien expresó que espera que “sirva de marco de actuación que acote, elimine y evite cualquier exceso, síntoma, resquemor, o recuerdo de un régimen absolutamente autoritario”.

 Con el sistema actual, el partido que logra más votos se queda con el 71% de las bancas, y no sólo tiene mayoría para votar cualquier ley, sino que llega a los dos tercios necesarios para remover y nombrar jueces. Además, la Constitución dispone que la banca pertenece al partido, por lo que puede expulsar a los legisladores díscolos.

 Se elegirán 50 constituyentes en distrito único, se empleará el sistema proporcional D’Hont, y las listas respetarán el cupo femenino del 50%. En un plazo no mayor de 90 días deberán discutir y redactar la reforma parcial a la Constitución. Pero con la torpeza con la que se manejó la intervención en su relación con la política local, no le será tan facil conseguir la mayoría en la convención.

 Por otra parte, los 3 senadores nacionales por Santiago del Estero (María Elisa Castro y Mario Mera, del PJ; y José Luis Zavalía, de la UCR), han presentado un proyecto oponiéndose a la renovación del mandato de Lanusse. Por estas razones Lanusse viajó a la Ciudad de Buenos Aires y se ubicó debajo el paraguas de Cristina Kirchner, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

 Otro escenario que la intervención no ha evaluado es la posibilidad de tener que enfrentarse en poco tiempo más con un Carlos Arturo Juárez en libertad condicional.

 Fue preocupante para Lanusse la decisión que tomó el viernes 6 de agosto el juez federal Ángel Jesús de Toledo, cuando sobreseyó a Nina Aragonés de Juárez en la causa en que estaba acusada de cobro indebido de haberes, a raíz de una denuncia la Anses. Toledo, un tradicional aliado de Juárez, determinó que “el hecho investigado no encuadra en una figura legal” por lo que “este proceso -indicó- no afecta su buen nombre y honor”.

 En el escrito, Toledo aclaró que “en la estafa se exige que el autor ‘conozca’ y tenga la ‘voluntad’ de engañar y ocasionar un perjuicio patrimonial, obrando además con ánimo de lucro”.

 Por otra parte, las relaciones entre Néstor Carlos Ick, los Juárez y Toledo son intensas. Ick es el empresario más poderoso de la provincia.

 Se dice que Toledo duerme en el hotel Coventry, uno de los hoteles de Ick, más discreto que el pomposo Carlos V, que invadió Raúl Castells al frente de sus piquetes del MIJD.

 Toledo, un justicialista tucumano, llegó a Santiago durante el Proceso militar y no paró de crecer bajo el paraguas del caudillo. Cuando llegó Lanusse, Toledo, presionado por pedidos de juicio político en su contra, en su momento archivados en el Congreso Nacional, se embarcó, a regañadientes, en el proceso de judicializar la expulsión de los Juárez. Así, Toledo firmó y ordenó la detención de Carlos Juárez por violación a los derechos humanos; y de su mujer, por denuncias de presunta estafa al Fisco en la ‘causa ANSeS’. Pero sólo fue una movida táctica y sus lealtades se encuentran intactas.

 La segunda de las fábulas intervencionistas se refiere a la caída del ‘málefico’ Néstor Carlos Ick. Para esta embestida, Lanusse se recostó en otro gran empresario de la provincia, Eduardo Curi, y en su diario, el centerario El Liberal. Aliado histórico Juárez, mucho antes que el abogado Ick se convirtiera en el principal socio del Estado, Curi hizo valer su rol de constructor civil, la obra pública le pertenece.

 Sin embargo, durante la década del ´90 su estrella se opacó porque en la Argentina creció la industria de los servicios, y fue el apogeo de Ick. Y Juárez casi nunca mezcló las especialidades de negocios hasta que en septiembre del 2000, Curi decidió cortar el cordón umbilical con el matrimonio Juárez, acusando a los Ick de provocar su pelea con Carlos y Nina. Curi terminó con prisión domiciliaria, pero ahora pudo vengarse, denunció a Ick, al matrimonio Juárez y a 14 funcionarios más por presunta asociación ilícita.

 Vitorio Curi, padre de Eduardo, no por desconocido es menos poderoso. Cuando en la década del ´80 él fue secuestrado, algunos recuerdan que Carlos Juárez llegó a ofrecer parte de la coparticipación federal de la provincia en caso de que hiciera falta dinero para pagar el rescate. Ahora, desde la otra vereda, intenta recuperar el lugar que perdiera 9 años atrás.

 Al contrario que Curi, los negocios de Ick han trascendido:

  • el Banco de Santigo del Estero, que controla sin ser el accionista mayoritario;

  • a empresa aseguradora Hamburgo, duramente golpeada luego de que la intervención revocara “por nulidad absoluta todos los contratos de la empresa con el Estado”, aunque Toledo ha intentado darle una mano;

  • Edesa, la empresa de energía electrica;

  • el cementerio privado;

  • numerosas agencias de la Lotería provincial y otros locales de juegos de azar;

  • Canal 7 (hasta hace unos días el único canal de aire pero Lanusse logró que Julio Bárbaro, interventor del Comfer, autorizara una licencia para la Universidad Católica de Santiago del Estero),

  • radios AM y FM, hotelería, servicios postales, etc.

  Curiosamente, una prueba más del poder económico de Ick ha sido el divorcio del hijo que le queda. El 2 de octubre de 2000, Gustavo Eduardo Ick y Mariela Sarquiz iniciaron los trámites legales de su divorcio. Pero la jueza que entendía en la causa, Lidia Gómez Bullacio, titular del Juzgado de Familia Nº 2, quizo cobrar la tasa de justicia, impuesto de 4% sobre el total de los bienes a dividir. Ese 4% suponía el equivalente a US$ 5 millones en días de la Convertibilidad, deduciéndose que el hijo del empresario poseía bienes por un valor superior a los US$ 100 millones. El tema llegó a los oídos de Nina, siempre protectora de Gustavo Eduardo, y la jueza terminó renunciada, el Juzgado cobró la tasa mínima ($5) y Mariela Sarquiz ‘sólo’ obtuvo $ 15 millones en su cuenta bancaria.

 Algunos conocedores de Santiago apuntan que no será posible gobernar la provincia mientras dure esta guerra empresaria. Son muchos millones que compran votos y movilizan influencias.

  Preguntas sin respuesta:

  • ¿Seguirá Pablo Lanusse como interventor federal?

  • ¿Qué significa la salida de Ilaguirre del gobierno de la intervención?

  • ¿Cuáles son las ambiciones de Eduardo Luis Duhalde?

  • ¿Está preparada la intervención para competir con un Juárez libre?

  • ¿Se hará la reforma de la Constitución?

  • ¿Ick ya pasó lo peor?

  • ¿Regresa Curi?

  • ¿Quién será el candidato K?

 

Tomás Vidal