SEGÚN ASAP, EN 2016 REPRESENTARON EN 41,1% DEL CRÉDITO ORIGINAL
El gobierno de Mauricio Macri fue el concretó el mayor volumen de modificaciones a la ley de Presupuesto a través de medidas del Poder Ejecutivo, con el 41,1% del total del crédito original en el ejercicio 2016, de acuerdo con una investigación dada a conocer hoy por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Ese porcentaje supera a todos los años de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en cuyo transcurso los legisladores de la oposición -muchos de ellos funcionarios o legisladores oficialistas en la actualidad- criticaban el hábito de modificar constantemente los presupuestos mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU) o decisiones administrativas (DA) de la Jefatura de Gabinete.
Las ampliaciones presupuestarias de 2016 fueron de $ 645.555,3 millones, sobre un crédito original de $1.570.126,6 millones, se especificó en el trabajo coordinado por Gustavo Sibilla y Jorge Vega.
La investigación caracterizó a las recurrentes modificaciones presupuestarias de los últimos años como una “manifestación estructural de anomia fiscal” e instó a superarla como “un mandato interpelante de madurez republicana”.
El análisis comienza en 1994, cuando los decretos de necesidad y urgencia pasaron a tener rango constitucional, e indica que entre ese año y el 2004 “las modificaciones representaron el 5,5% del crédito original”.
La situación cambió sustancialmente con las gestiones del kirchnerismo y de Cambiemos, ya que entre 2005 y 2016 pasaron a representar el 24,3%, “siendo 2016 el año que presenta el porcentaje más alto de la serie (41,1%)”, se destacó.
Sibilla y Vega indicaron que “en la mayoría de los años (y sobre todo desde 2008) el aumento de los precios podría ser (al menos parcialmente) variable explicativa de la cuantía de las modificaciones”.
El trabajo concluyó que “superar esta manifestación estructural de anomia fiscal constituye un mandato interpelante de madurez republicana”, en razón de que “el respeto al rol del Congreso en la determinación de las necesidades sociales atendibles con recursos colectivos es un requisito de salud institucional”.
“El Poder Legislativo tiene ante sí el desafío de armarse de la capacidad operativa que le permita asumir efectivamente dicha responsabilidad. La reciente creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPCN), establecida por Ley Nº 27.343, es en principio un buen augurio que sigue mejores prácticas internacionales”.
“De ello, en buena medida, dependerá que el cuerpo deliberativo pueda superar su raquitismo tradicional en materia presupuestaria, contribuyendo así a un funcionamiento más equilibrado de los poderes del Estado”, finalizó (Agencia NP).
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