LA OLLA QUE DESTAPÓ SNOWDEN
El caso Snowden dejó en evidencia la ineficacia de los gobiernos latinoamericanos para proteger sus asuntos de Estado frente a una acción de espionaje por parte de una potencia extranjera. Más allá del repudio colectivo que generó la cuestión entre los mandatarios, el hecho disparó la alerta sobre la necesidad de una defensa común contra una eventual guerra cibernética y sirvió de precedente para abordar algunos conceptos en un terreno todavía inexplorado.
El nuevo entorno que plantea el riesgo de la guerra cibernética es crítico en un contexto internacional en el que la relevancia estratégica de la información, además de configurar la materia prima de la inteligencia de un gobierno, forma parte de la amplia red de funcionamiento vital que se teje al interior del Estado. En este sentido, la denominada 4GW o guerra de la cuarta generación, ha redefinido el concepto tradicional del escenario bélico extendiéndolo al espacio virtual de las nuevas tecnologías de las comunicaciones.
Si bien el tema comenzó a ser materia de análisis de estrategas y estadistas a principios de los 90, nació como una esfera vinculada a la guerra asimétrica -o de baja intensidad- y a las operaciones de contrainsurgencia. Los atentados del 11-S, dieron lugar a un esquema diferente de conflicto, por el cual se pasó de la lógica del adversario "identificable" a la del oponente encubierto y diseminado por el mundo. Bajo la amenaza del terrorismo global, Estados Unidos desplegó un plan de acciones "preventivas" tendientes a salvaguardar la paz mundial contra el enemigo común. Sin embargo, la Guerra de Irak ha dejado en evidencia que los intereses norteamericanos no siempre coinciden con una búsqueda real de cooperación entre los actores del sistema y que las ambiciones del hegemón son permeables a su retórica de guardián internacional.
Los recientes hechos de espionaje llevados adelante por las agencias de inteligencia norteamericanas en Brasil y México, no solo han generado una fuerte reacción por parte de la opinión pública mundial respecto del rol de los Estados Unidos como el principal garante de la seguridad mundial, sino que han encendido una alerta en la región en cuanto a la necesidad de implementar un sistema conjunto de defensa contra eventuales ataques cibernéticos.
A tales fines, el pasado 13 de septiembre el Ministro de Defensa brasilero, Celso Amorim, se reunió con su par argentino, Agustín Rossi, en una conferencia en la que firmaron una declaración por la cual expresaron la voluntad de ambos países de trabajar en forma mancomunada en materia de ciberdefensa y acordaron que una misión argentina viajará a Brasilia antes de que concluya el año, con el claro objetivo de generar sinergia para reducir las situaciones de vulnerabilidad ante una futura agresión.
Acertada o no, Dilma Rousseff elevó un comunicado en el que anunció la “postergación” de su visita a Obama. ¿El motivo?: "Las prácticas ilegales de intercepción de comunicaciones y datos de ciudadanos, empresas y miembros del gobierno brasileño constituyen un hecho grave que atenta contra la soberanía nacional y los derechos individuales; es incompatible con la convivencia democrática entre países amigos. Teniendo en cuenta la proximidad de la programada visita de Estado a Washington, y en ausencia de una oportuna investigación de lo ocurrido, con las correspondientes explicaciones y el compromiso de cesar las actividades de intercepción, no están dadas las condiciones para realizar la visita en la fecha anteriormente acordada", señalaron desde la presidencia brasileña.
La propia Dilma se declaró “indignada” cuando el canal Globo sacó a la luz que al menos hasta el 2012, la ASN – la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos- intervino sus llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto, así como las de sus colaboradores; y que en igual circunstancia se encontraba el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien al momento del sabotaje era candidato. Los documentos “confidenciales” que desataron la ira de los mandatarios latinoamericanos fueron dados a conocer a raíz del caso Snowden, el ex agente de la NSA que filtró los programas de vigilancia electrónica – publicados a través de The Guardian y The Washington Post- y que ahora tiene asilo político en Rusia.
Rousseff ya había transmitido su malestar a Barack Obama en la Cumbre del G20 – encuentro que tuvo lugar en San Petesburgo los días 5 y 6 de septiembre-, donde el presidente norteamericano le aseguró que no estaba al tanto de los sabotajes y que investigaría lo ocurrido. La situación llegó más lejos cuando luego se supo que la ASN le enviaba informes cada 72 horas en los que incluía detalles sobre las actividades de Petrobras, la principal compañía brasilera. La semana pasada, el Canciller brasilero, Luiz Alberto Figueiredo, se reunió en Nueva York con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, con el objeto de expresar su descontento; y el próximo 24, Brasil estará a cargo del discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU, por lo cual se espera que la cuestión de las “filtraciones” no pase inadvertida.
Además, el ex presidente Lula hizo su descarga en la que expresó: “Creo que la respuesta estadounidense no puede ser por vía diplomática porque el espionaje no fue por la vía diplomática. El espionaje fue espionaje, entonces creo que cabe a Obama pedir humildemente perdón a la presidenta Dilma y a Brasil. – y agregó- Los americanos pasaron el límite del respeto a la soberanía de los países”.
En apoyo a la demanda de explicaciones a Washington encabezada por Brasil, acudió la mayoría de los países latinoamericanos. En la cruzada, la Presidenta Cristina Kirchner fue punta de lanza cuando la Argentina asumió la presidencia pro témpore del Consejo de Seguridad de la ONU a principios del mes de agosto, y la titular del ejecutivo nacional aludió a la película La vida de los otros en franca analogía con las revelaciones del topo Snowden. Los líderes del Mercosur se acoplaron al pedido en la reciente cumbre celebrada en Montevideo, en la que Venezuela se hizo de la presidencia del grupo y se prometió reintegrar a Paraguay. Allí, los estadistas rechazaron mediante una declaratoria “la intercepción de las telecomunicaciones y las acciones de espionaje en nuestros países, ya que constituyen una violación de los derechos humanos y una conducta inaceptable y violatoria de nuestras soberanías”. Al repudio colectivo se plegó Alí Rodriguez, el Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas – Unasur-, quien en conferencia con periodistas latinoamericanos, planteó el interrogante acerca de la posibilidad de que los demás gobiernos de la región hayan sido víctimas de espionaje y propuso la creación de una red de telecomunicaciones propia del bloque.
Que Amorim y Rossi hayan concordado en priorizar en la agenda bilateral de defensa la protección contra el espionaje internacional coincide con la voluntad del grueso de los mandatarios latinoamericanos. Con todo, el caso Snowden ha dejado en evidencia que existe una incapacidad real de los gobiernos de la región para resguardar cuestiones de Estado y que es menester la búsqueda de una alternativa que torne viable la inviolabilidad de la soberanía estatal. Asimismo, ha dado lugar a un incipiente planteo respecto de los difusos límites que podrían diferenciar una acción de sabotaje de un ciberataque, y en qué circunstancias sería aplicable la ciberdefensa común en un entorno de permanente exposición a una guerra contraterrorista. Al ser consultado por un periodista de Página 12, Celso Amorim, explicó: “Cuando se habla de defensa cibernética uno piensa más bien en un ataque del tipo del que realmente puede afectar todo el sistema. El sistema eléctrico, el sistema de control de los aeropuertos… Un ataque así puede generar el efecto de un arma de destrucción masiva”.
Lucía Oribe
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