El pasado 3 de abril, un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, repudió la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos de los dos candidatos propuestos por Javier Milei, para ocupar los asientos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Resulta particularmente lesivo de nuestro orden constitucional, que uno de los poderes del Estado haya decidido repudiar una conducta perfectamente lícita de otro poder. En efecto, el verbo “repudiar”, según la Real Academia Española, significa “Rechazar algo, no aceptarlo”. De lo cual se deduce que lo que el gobierno rechaza y no acepta es el normal funcionamiento de del sistema republicano.
Se queja el Poder Ejecutivo de que el rechazo en cuestión haya tenido que ver con una supuesta necesidad de los senadores de priorizar la preocupación por causas judiciales que afectan a sus dirigentes, en obvia alusión a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que busca deslegitimar una decisión lícita del Senado, sobre la base de un supuesto vicio en la finalidad de la decisión adoptada. Pero la realidad es que la abrumadora oposición a las candidaturas de Lijo y García Mansilla, no solo provino del kirchnerismo, sino de fuerzas políticas que supieron tolerar, durante demasiado tiempo, los delirios institucionales del actual gobierno.
Más grave aún es que, en su comunicado oficial, la Oficina del Presidente sostenga que “Por primera vez en la Historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por el Presiente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es un refugio de la casta política en el Congreso de la Nación.”
Aún si fuera cierto que por primera vez en la Historia se rechazaron pliegos de candidatos a la Corte, no es menos cierto que un Presidente ha de tener, también, la capacidad y flexibilidad política para retirar los pliegos a tiempo, cuando sus candidatos no avanzan. Hasta una de las presidentes constitucionales más autoritarias de la Historia, como lo fue la condenada Cristina Fernández de Kirchner, retiró el pliego de Roberto Carlés, al advertir que el Senado no estaba dispuesto a validar a dicho candidato.
Lo que quizá esté ocurriendo, por primera vez en la Historia, es que un Presidente carezca de una fuerza política propia, con un nutrida representación parlamentaria. Pero ello también es su responsabilidad, y no un vicio del sistema. Fue él quien decidió una construcción política de arriba hacia abajo, a sabiendas de que, elegido Presidente, no tendría el suficiente respaldo parlamentario. Entonces, si no es capaz de gobernar en coalición con otras fuerzas que, al menos en lo económico, le son afines, y dejar de hacer peronismo institucional, lejos de quejarse, debería decidir si se banca las consecuencias de sus decisiones, o se vuelve a su casa.
Por otra parte, cuando el Ejecutivo le adjudica al Senado el haber rechazado los pliegos por razones meramente políticas, y no por una evaluación de la idoneidad de los candidatos, no hace otra cosa más que mentir. En efecto, la idoneidad profesional de Ariel Lijo ha sido uno de los principales argumentos en las impugnaciones recibidas por dicho candidato, además de las que hacían alusión a su idoneidad moral. En cuanto a la idoneidad moral de García Mansilla, no se advierte por qué motivo sorprendería su impugnación. El entonces candidato se manifestó, ante el propio Senado, contrario a las designaciones de integrantes de la Corte por decreto. Y luego de que se lo designara de ese modo, juró raudamente para asumir el cargo en las condiciones que antes había cuestionado.
Asimismo, la acusación de “casta”, que el Presidente aplica al Congreso, cuando éste no cumple con sus expectativas, pareciera inadecuada en boca de un gobierno que no dudó en impulsar, para la presidencia de la Comisión de Inteligencia del Senado, nada más ni nada menos que al entonces Senador Edgardo Kueider; hoy preso en Paraguay.
Por otra parte, en su comunicado, la Presidencia de la Nación acusa al Senado, entre otras cosas, de no actuar a favor del pueblo, dando por sentado que los argentinos apoyábamos las cuestionadas candidaturas a la Corte e ignorando una cuestión constitucional básica: el Senado no representa al pueblo, sino a las provincias.
Otro aspecto preocupante del comunicado que acá se analiza es que sostiene que la “clase política”, con la decisión adoptada, estaría anteponiendo su protección penal a la normalización del sistema judicial. Pero la realidad es que, sin Lijo, y sin García Mansilla, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada, y la sentencia se encuentra a punto de quedar firme.
En definitiva, de aquella frase “los dos o ninguno” que pronunciara el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no ha quedado nada. Porque el gobierno ahora manifiesta su repudio en relación al rechazo de los dos pliegos, y porque -decretazo mediante- la indigna actitud de García Mansilla, consistente en no renunciar, hace que, al menos por ahora, haya un excandidato que permanece en la Corte.
Columnista de Análisis y Opinión
