El Consejo de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Rusia ha venido cometiendo una «agresión» contra Ucrania, por su invasión iniciada en 2022, crimen reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1974, e incorporado al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2017. Así lo dispuso la resolución adoptada el viernes pasado en Ginebra por 25 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones. (1)
Compuesto por 47 Estados elegidos mediante el voto secreto de la Asamblea General, cuyo tercio se renueva anualmente, este Consejo reitera su «compromiso con la soberanía, la independencia política, la integridad territorial y la unidad de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, que se extienden a sus aguas territoriales», pues «todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente, sin injerencia externa su condición política».
La «misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania» establecida en 2014, bajo control del Alto Comisionado de la ONU en Ginebra, los informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada en 2022, compuesta por 3 expertos independientes mandatados por este Consejo, y las misiones del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, dan cuenta de «los continuos ataques con misiles y drones contra civiles y bienes de carácter civil en toda Ucrania, y el uso indiscriminado de armas explosivas con efecto de amplio alcance en zonas densamente pobladas de Ucrania, que han causado numerosas bajas civiles, incluidos niños».
Esos ataques han ocasionado «daños y la destrucción de zonas residenciales y de infraestructura civil crítica, incluidas infraestructuras portuarias y agrícolas, de agua y saneamiento, de suministro de combustible y de telecomunicaciones», generando privaciones «de calefacción, en particular durante los fríos meses de invierno», obstaculizando «el acceso a servicios esenciales e indispensables para la supervivencia». Se añaden los «ataques a gran escala» de Rusia «contra infraestructuras ucranianas», en particular la central nuclear de Zaporizhzia, sin olvidar la central hidroeléctrica de Kakhovka, actos que pueden significar «crímenes de lesa humanidad».
Tales ataques se extienden a la esfera de la salud y la educación. Atañen «la obligación que impone el derecho internacional humanitario de proteger los bienes de carácter civil, incluidas las instalaciones de salud», y «escuelas» e infraestructuras «educativas», cuyas «repercusiones inmediatas y duraderas privan a las comunidades de estos servicios», menoscabando «el derecho a salud física y mental», y a la «educación», en «situaciones de conflicto armado».
Espanta el agravante «del uso de los llamados ataques de doble impacto, que son ataques sucesivos en el mismo lugar en un intervalo de tiempo relativamente corto y que afectan especialmente a los equipos de respuesta inicial, incluido el personal médico, y que, como mínimo, suscitan inquietud por la falta de la precaución que exige el derecho internacional humanitario para minimizar el daño causado», pudiendo «constituir crímenes de guerra».
En el marco de «3,7 millones de desplazados internos y cerca de 6,9 millones de refugiados» … La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluye que las autoridades rusas han incurrido, entre otras atrocidades, en desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad … Durante un periodo prolongado de tiempo, «parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en aplicación de una política estatal coordinada», sumado a «los casos registrados de apropiación indebida de bienes culturales».
Para peor, «las autoridades rusas siguen denegando información a las familias» de las víctimas, «así como de prisioneros de guerra y de detenidos civiles, sobre su suerte y paradero, lo que priva a sus familias de justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición», utilizando el «uso generalizado y sistemático de la tortura que entrañan crímenes de lesa humanidad a gran escala en Ucrania», sumados a la «violencia sexual contra detenidos de ambos sexos».
La ONU observa «un fuerte aumento de ejecuciones y homicidios intencionales de prisioneros de guerra y personas fuera de combate de nacionalidad ucraniana por parte de las fuerzas armadas rusas en 2024», llevando a cabo «crímenes de guerra y de lesa humanidad al matar a soldados que se rinden o son capturados, en violación del derecho internacional humanitario», prohibidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, ejecutando a civiles indefensos.
Por otra parte, la ONU revela «que las autoridades rusas son responsables del traslado y la deportación ilegales de civiles y otras personas protegidas, en particular, niños, dentro de Ucrania o a Rusia, actos que constituyen crímenes de guerra», condenando además el traslado de niños «de manera individual o colectiva a Belarus», denunciando paralelamente «la separación de familias y de niños de sus tutores legales, y cualquier cambio posterior del estatuto personal» de los mismos, «su adopción o colocación en familias de acogida, y los esfuerzos por adoctrinarlos».
Incitando «al odio contra Ucrania, los ucranianos y los tártaros de Crimea, como la desinformación destinada a justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania», la ONU revela que Moscú utiliza «el sistema educativo y la política de juventud», imponiendo «el uso obligatorio del plan de estudios ruso en los programas escolares y la exclusión del plan de estudios ucraniano con vistas a borrar la lengua ucraniana de los territorios ocupados».
La ONU denuncia que «la aplicación retroactiva del ordenamiento jurídico de Rusia» tiene «efectos negativos en la situación de los derechos humanos», particularmente «en los territorios ucranianos temporalmente ocupados», junto a la imposición de «la ciudadanía rusa» a los ucranianos que allí residen, siendo «contrario a los Convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario». Pide a Rusia cesar de agredir a Ucrania, y «abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado, y de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos», como estipula el artículo 2 de Carta de Naciones Unidas.
De igual modo la ONU rechaza «la deportación y los efectos perniciosos en el disfrute de los derechos humanos y la restricción efectiva respecto de la propiedad de la tierra de quienes han rechazado esa ciudadanía», en virtud que Rusia «promueve políticas y aplica prácticas cuyo objetivo es cambiar la estructura demográfica, incluida la estructura étnica, de los territorios de Ucrania ocupados temporalmente y suprimir la identidad nacional».
Prorrogando por un año más el mandato de la Comisión internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, el Consejo de Derechos Humanos la ONU le pidió que presente oralmente «un informe actualizado» antes de fin de año, para mantener públicamente «un diálogo interactivo» en Ginebra, y que someta por escrito otro informe para la primera sesión del Consejo en marzo de 2026, y elevar dicho informe a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
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(1) VOTARON A FAVOR: Albania, Bélgica, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Costa de Marfil, Chipre, Chequia, República Dominicana, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Islandia, Japón, Malawi, Islas Marshall, México, Holanda, Macedonia del Norte, República de Corea, Rumania, España, Suiza. VOTARON EN CONTRA: Burundi, China, Etiopía, Sudan. SE ABSTUVIERON: Argelia, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo, Indonesia, Kenia, Kuwait, Kirghizistan, Maldivas, Marruecos, Qatar, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam.
Análisis Internacional
