(CON LA ANUENCIA DE ESTADOS UNIDOS)
El chavismo logró completar esta semana los dos tercios del mandato del presidente Nicolás Maduro y, de acuerdo a lo que establece la Constitución bolivariana, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) podrá ahora quedarse en el Palacio de Miraflores hasta inicios de 2019.
Aunque el Jefe de Estado sea destituido por un Referéndum Revocatorio, será su vicepresidente quién complete el período de gobierno de seis años iniciado en 2013.
En medio de la peor crisis de su historia, el país caribeño tiene suspendidos todos los comicios locales, regionales y nacionales gracias al accionar completamente parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo copado íntegramente por los seguidores de El Comandante.
Para colmo de males, uno de los hombres fuertes de la “revolución”, Diosdado Cabello, ex titular de la Asamblea Nacional, señaló en las últimas horas que “existe un solo partido legalizado en el país, el PSUV”.
De acuerdo a este particular análisis, no tiene mayor sentido convocar a la ciudadanía para que se exprese en las urnas.
El sentido del presente trabajo es intentar demostrar que detrás del giro dramático que ha tomado el régimen de Caracas está la decisión de la República Popular China de cobrarse en petróleo la monumental deuda adquirida por los chavistas en los últimos dos lustros.
Los asiáticos necesitan en esta geografía sudamericana, como en otras naciones del Tercer Mundo, la complicidad de gobiernos altamente corruptos para ejercer a largo plazo un intercambio colonialista que extrae materias primas vitales y entrega a cambios productos con alto valor agregado fabricados en Shangai o Hong Kong.
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