Está a simple vista de todos los ciudadanos el constante recambio de las veredas en la Ciudad de Buenos Aires, algo que se volvió tan normal que si se seguía en línea recta por una misma calle era habitual tener que bajar varias veces a la calle por la imposibilidad de transitar por el lugar correcto. En algún momento ello se volvió insoportable.
Cuando el ex alcalde de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura para las legislativas de 2025, sostuvo: “Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la otra”.
Quizá no era tan necesario recorrer las calles, ya que las conocía todas por el insistente arreglo de veredas. Tampoco debió costar tanto lo que se hizo “en cada lugar” ya que fue más o menos lo mismo.
Pero parece que todo este temita de las veredas esconde un negociado de fondo que quien escribe estas líneas se dispuso a descubrir.
Resulta que un pedido de informe no informó absolutamente nada. La insatisfacción de la respuesta fue tan obvia como la necesidad de ocultar los datos reclamados.
La solicitud fue bastante sencilla. Simplemente se le pidió al Gobierno de la Ciudad que informe cuáles veredas se habían reparado y cuándo. Era tan simple como decir “calle tal, altura tal, fecha tal”, punto. Nada más.
Sin embargo, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad envió una respuesta evasiva.
“Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en marco de la Nota N° 03609990-GCABA-DGTALMEPHU/25, en relación a la solicitud de información efectuada al amparo de la Ley N° 104, la cual tramita bajo el Expediente Electrónico Nº 03581948- -GCABA-DGAIGA/25, a fin de responder lo requerido: A los fines de brindar respuesta a la mentada solicitud, y dado la multiplicidad de enfoques a la que la misma se refiere, resulta necesario en primer lugar, aclarar que, la intervención sobre una acera, sea por cambios y reparaciones de veredas y/o baldosas, tal como indica el requirente, pueden responder a diversos factores que implican la intervención de distintas áreas, dentro del marco de sus competencias, tanto del GCBA como de empresas de servicios, sea para mantenimiento, puesta en valor y/o arreglos de vereda o de la infraestructura subterránea”, comienza respondiendo el gobierno porteño.
“Es decir que además de la intervención de la presente Dirección General, existen diferentes obras que pueden intervenir una acera, como pueden ser, las intervenciones sobre cordones, desagües pluviales, tapas de servicio públicos, cierres de empresas de servicios públicos, rejillas de desagüe, vegetación o arbolado, entre otros. En consecuencia, la responsabilidad de seguimiento de cada intervención recaerá sobre el área ejecutora correspondiente”, añade.
Por último, sostiene que “por lo tanto, excede el alcance de las competencias asignadas a la presente Dirección General la compaginación de las diversas intervenciones que pueden recaer sobre una vereda, así como el conocimiento de las fechas específicas en las que se llevaron a cabo”.
Lo cierto es que antes de realizar tal pedido de informe, quien suscribe realizó una publicación en la red social X dejando entrever que hay un negocio detrás de estas obras. Por esa publicación de hecho debió presentarse a declarar ante una Fiscalía de la Ciudad.
La publicación no tiene desperdicio porque deja en evidencia ciertos puntos sobre este tema, tan discutido en la mesa de los porteños.
No fueron pocos los que se alertaron por la cantidad de veces que se arreglan las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, incluso aún cuando las mismas se encuentran en condiciones sanas. ¿Pero qué hay detrás de ello? ¿Algún negocio? ¿El pago de algún favor?
Para responder la presente pregunta es necesario primero ver cuál es la empresa más favorecida por estas contrataciones. Se trata de MIAVASA Sociedad Anónima, la cual estuvo en el ojo de la tormenta más de una vez.
Uno de esos ejemplos se puede encontrar en junio del 2022 cuando la gestión del entonces jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó la licitación para la construcción de la etapa II del Metrobus del Bajo por un monto de 1500 millones de pesos.
Lo curioso de esta obra es que ya se había comenzado a hacer en octubre del 2021, es decir que MIAVASA comenzó los trabajos antes de haber una licitación de por medio. Dicho de otra forma, hubo un arreglo para que la empresa se quede con la obra.
Es, además, la misma firma que realizó el parque lineal de Honorio Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires, algo que los vecinos del barrio de Caballito se habían negado a aceptar incluso juntando firmas.
Un dato que no puede dejarse pasar de largo es que los principales socios de la empresa cuentan con la off shore Mia Building Group LLC. ¿Destinarán lo recaudado gracias a los contratos estatales a ese sitio?
En fin, el presidente de MIAVASA es un hombre llamado Carlos Alberto Mastronardi quien, no casualmente, resulta ser el hermano de José Luis Mastronardi, presidente de South Tech Sociedad Anónima.
Se trata de la empresa que se quedó con la adjudicación de las camperas de la Policía de la Ciudad a pesar de caer bajo sospecha de no fabricarlas, importarlas de China y no pagar impuestos dado que la compañía está radicada en General Pico, considerada zona franca y con fuertes incentivos impositivos.
Según una denuncia que terminó llevando a la justicia Pedro Contartese, representante de confecciones José Contartese, participante en la licitación mencionada, South Tech S.A. carecía de antecedentes en el negocio.
Además señaló que la firma tiene apenas 3 personas en relación de dependencia y que “en los balances te das cuenta que factura $3 millones contra una licitación de $400 millones“, además de que “no tienen un proveedor de materia prima en la Argentina”.
“Nosotros creemos que se van a traer directamente de China, las van a llevar al depósito fiscal y van a salir con una factura E de exportación. Nadie va a pagar ningún impuesto, ni el proveedor, ni el Gobierno”, sentenció entonces Contartese.
Pero el contacto más llamativo es el que viene a continuación. Resulta que South Tech vio la luz gracias a la sociedad conformada, entre otros, por José Luis Mastronardi y Jorge Elías.
Elías es un empresario de medios, dueño del diario La Nueva Provincia. Se trata de un tipo vinculado a Hugo Moyano y que es parte de la empresa Dienst Consulting, dedicada a la realización de análisis de licencias médicas de los docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires.
Lo curioso es que la administración provincial tiene un área que se encarga de ello. ¿Cuál es el negocio de tercerizar y pagar algo más caro de lo que le podría costar al Estado? Es un curro que comenzó Daniel Scioli y lo continuaron María Eugenia Vidal y Axel Kicillof al frente del Gobierno bonaerense.
Pero como si fuera poco, Dienst Consulting fue contratada en 2016 por el Gobierno de Rodríguez Larreta en noviembre del 2016 por 35.6 millones de pesos para ejercer el control de las licencias médicas, de exámenes de ingreso y la elaboración de informes socioambientales de la entonces Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad).
En definitiva, los excesivos gastos en la reparación de veredas sanas huele a una devolución de favores o a retorno o, por qué no, a ambas. Ello suponiendo que no se está utilizando la obra pública para justificar salidas presupuestarias injustificables.
Muchos probablemente se preguntes si Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, tiene idea de esto. Un dato a tener en cuenta es que la vice de Macri, Clara Muzzio, días antes de dejar su cargo como ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de Rodríguez Larreta firmó una resolución entregándole una obra a MIAVASA por más de 1200 millones de pesos para hacer un cambio de baldosas. Es, sin dudas, una historia sin final.
El tema del arreglo de las veredas siempre despertó el interés de la oposición porteña que se encargó de remarcarlo una y otra vez. Tal fue el caso del legislador Ramiro Marra, ex LLA, que criticó: “¿Cuántas veces por año rompe Horacio Rodríguez Larreta las mismas veredas? Es increíble, pero siempre rompe y arregla los mismos lugares”.
Algo similar remarcó el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña: “El presupuesto del Gobierno de la Ciudad bajó diez puntos desde que Mauricio Macri fue jefe porteño. Hoy decidieron invertirlo en pauta publicitaria y arreglar veredas”.
Quienes fueron un poco más lejos fueron los colegas de El Intransigente: “En 2019, el Gobierno porteño gastó casi 5.000.000 de pesos para pavimentar solamente con cemento una cuadra (100 metros) de Avenida Paseo Colón entre las calles Carlos Calvo y Humberto Primo. Ni siquiera se gastó en baldosas y la empresa constructora Marcalba S.A recibió el 50% del pago de manera anticipada antes de realizar la «obra», a pesar de ser denunciada por la oposición por falta de cumplimiento de plazos de construcción. Tardó 4 meses y fue aceptada en abril 2020 durante la cuarentena estricta”.
“¿Quién es el dueño de Malcaba S.A? Alejandro Gastón Radetic, quien fue acusado y detenido en algunas ocasiones por correr picadas por la 9 de Julio y otras calles porteñas a 240 km/h. Es fanático de las armas (la policía le encontró 32 armas de fuego en su domicilio de alto calibre). Se ha sacado fotografías en redes sociales ostentando dinero buscando una fama que nunca se le dio”, añadieron.
Hay un sinfín de quejas en redes sociales por este mismo motivo, que fueron expuestas por usuarios de redes sociales ante la imposibilidad de acceder a la información por parte de los canales oficiales.
Lo cierto es que el presupuesto para tal fin en la CABA es descomunal: para 2022 se habían proyectado poco más de 6 mil millones de pesos. Pero el gasto no se resume simplemente a eso, ya que en el presupuesto 2025 se dispuso un gasto de 5.3 mil millones de pesos en concepto de “fiscalización de vías peatonales” (lease veredas) de los cuales 4.8 mil millones se destinan a pagar los sueldos del personal.
Otro dato relevante: el gobierno porteño podría ahorrarse tamaña cantidad de dinero por un sistema que está en funcionamiento y que depende del propio Gobierno.
Es que en la página oficial se puede solicitar la reparación de una vereda: “Este trámite consiste en la solicitud de reparación en las veredas de la Ciudad, en aquellos casos que se encuentren rotas por raíces o como consecuencia del trabajo de las empresas de servicios”.
De esta manera es el propio vecino quien funcionaría como contralor de los arreglos que se realizan en la ciudad, llevando transparencia y ahorro en las arcas del Gobierno.
Pero la maña del ex jefe de Gobierno porteño no se resume simplemente a la sustitución de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, sino que va más allá, tal cual explica este informe, también publicado por quien escribe.
En más de una oportunidad, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue puesto bajo la lupa por la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en lo referente a los supuestos sobreprecios, algo que el propio ex precandidato presidencial negó más de una vez.
No obstante, los datos parecen desmentirlo en cuanto al valor de costo de las obras realizadas teniendo en cuenta que el costo de adjudicación superó al presupuesto proyectado en la mayoría de las contrataciones.
Como ejemplos se pueden mencionar trabajos realizados para el Metrobús y el Paseo del Bajo, en la Villa Olímpica, el Teatro Colón y, como si fuese poco, en comisarías.
Hubo incluso una licitación en la que el propio Gobierno porteño admitió haber pagado más de lo debido. Se trata del Parque Olímpico Pabellones A3 y A4, donde la administración porteña pagó casi 8 millones de pesos extra.
Llama la atención que la obra se la quedó CRIBA SA, una empresa que fue aportante a la campaña de cambiemos en 2015 por 832 mil pesos y cuyos directivos afrontan denuncias por evasión impositiva y lavado de dinero.
Otro dato a tener en cuenta que la gran mayoría de las contrataciones con esa empresa se hicieron a partir del 2016. Para esa licitación había otras dos empresas que ofrecieron presupuestos más económicos por exactamente el mismo trabajo. ¿Devolución de favores?
CRIBA es la firma que construyó el Centro de Exposiciones en Recoleta por 313 millones, un 24% más de lo estipulado originalmente.
Otro de los ejemplos a tener en cuenta refiere a la construcción de las oficinas del cuarto piso del Teatro Colón, que costó casi $3 millones más de lo estimado o la ejecución del Metrobus del bajo que costó 5 millones extra. La adjudicataria fue MIAVASA SA, con fuertes vínculos con la gestión Larreta.
Cabe destacar que La Ley Nº 2095/06 de compras y contrataciones de la Ciudad establece que cuando exista precio de referencia no podrá abonarse “un precio unitario que lo supere en más de un cinco por ciento”, algo que fue violado sistemáticamente.
A modo de ejemplo se pueden destacar los trabajos de recuperación de la orilla del riachuelo, cuyo llamado a licitación fue por $80 millones y la obra fue adjudicada por $95 millones, más del 15% por encima del valor original.
Una de las empresas adjudicatarias fue SEOB SA, que terminó incumpliendo cuestiones legales administrativas. Esto sucedió en el año 2018 y, sin embargo, en 2020 el Gobierno porteño le extendió a la misma empresa un contrato de $43 millones para el mantenimiento de parques.
El Observatorio de la Ciudad, en 2022 ya había puesto la lupa por estos hechos y encontró algo realmente llamativo, de los 16 paradores de la construcción de la segunda parte del Metrobus del bajo, las licitaciones superaban hasta en $130 millones lo presupuestado
Las empresas que ganaban dichas licitaciones se repetían en las diversas contrataciones del Gobierno de Larreta. ¿La más destacada? Nuevamente MIAVASA SA, parte fundamental del curro de arreglo de veredas de la Ciudad de Buenos Aires.
En lo referente a la mencionada CRIBA, como ejemplo, puede mencionarse que hasta diciembre del 2022 había recibido más de 187 millones de dólares en contratos con la Ciudad de Buenos Aires, la cuarta más beneficiada. En el caso de MIAVASA, para la misma fecha, había recibido ya 55 millones de dólares.
Estos son meros ejemplos muy puntuales de cómo el Gobierno de Rodríguez Larreta utilizó contratos en la Ciudad de Buenos Aires para hacer negocios a costa de los contribuyentes porteños.
Mero ejemplo porque los hechos se repiten a lo largo de innumerables licitaciones y contrataciones y lo más llamativo es que los órganos de contralor poco hacen para que los negociados no se sigan repitiendo… y propagando.
Secretario de Redacción