LAS DENUNCIAS PENALES PENDIENTES DEL SECRETARIO DE COMERCIO
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dejará la administración pública en diciembre pero deberá seguir rindiendo cuentas ante la Justicia debido a denuncias penales en su contra por varias decisiones tomadas en los últimos meses.
La última denuncia fue radicada por los legisladores opositores Juan Tunessi (Buenos Aires), Juan Casañas (Tucumán), Ulises Forte (La Pampa), Lucio Aspiazu (Corrientes) y Jorge Chemes (Entre Ríos), quienes acusaron a Moreno por "mal manejo" de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE).
Luego de la disolución de la Oncca —a comienzos de este año—, la emisión de ROEs pasó a manos del funcionario, quien de hecho ya era el responsable de la entrega de permisos de exportación.
El 4 de este mes, el economista y candidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Todesca, denunció a Moreno en los tribunales federales de Comodoro Py por "abuso de autoridad", tras haber multado en 500.000 pesos a las consultoras que difunden su propio índice de precios.
Un mes antes, el 10 de junio, diputados de los principales bloques opositores de la Cámara baja presentaron una denuncia penal contra Moreno y funcionarios de su cartera por la misma causa, "abuso de autoridad", ante las sanciones a las consultoras económicas privadas.
La denuncia fue firmada por los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich y Fernando Iglesias (Coalición Cívica).
A fines de junio, Moreno fue denunciado en la Justicia Federal de Misiones por el productor yerbatero Guido Lagier por "infringir el código penal argentino".
Lagier explicó que la denuncia fue porque "el precio inventado" proporcionado por la secretaria de Comercio Interior que fija la hoja verde en 90 centavos, está por debajo de lo estipulado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
En agosto de 2010, La Nación SA había denunciado ante el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini al secretario de Comercio ante la justicia penal por los delitos de coacción agravada y privación ilegal de la libertad, tras la irrupción del funcionario en una reunión accionaria de la prensa.
Durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa, empresa propiedad del Grupo Clarín, La Nación y el Estado, el funcionario mostró guantes de box y un casco para impedir una votación en la que se iban a designar a los síndicos de la compañía.
Javier Álvarez
NA
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