Pasada dos semanas, el dólar oficial que tenía una cotización de $1.078 cuando se anunció el nuevo régimen cambiario tendió a colocarse en el medio de la banda que son $1.200. De esta forma, el ajuste del tipo de cambio oficial se ubica en el entorno del 11%. Es un importante logro haber instalado un régimen cambiario más flexible sin mayores sobresaltos. En este contexto, tratar de que el tipo de cambio tienda al piso de la banda sólo se entiende como una acción de corto plazo para minimizar el pase a precios de la devaluación. Lo deseable es que el dólar transite libremente por el medio de la banda.
La contrapartida de la tranquilidad cambiaria es que los problemas de competitividad mantienen plena vigencia. La tradición en la Argentina es que los cambios en la política cambiaria estén asociados a grandes devaluaciones que alivian la situación de los exportadores y de quienes compiten con importaciones. En esta ocasión las dificultades se mantienen y la tendencia es al agravamiento de la falta de competitividad en el futuro.
Considerando el desempeño de la economía en la última década se puede ilustrar la dimensión y la urgencia de los desafíos pendientes. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) con datos del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo comparando el año 2024 con el año 2013 aparece que:
- El Producto Bruto Interno (PBI) es un 2,5% inferior.
- El empleo asalariado registrado en empresas privadas es un 2,4% superior.
- El salario real cayó un 25%.
Estos datos muestran que, en un contexto de contracción de la producción, el empleo tuvo una muy modesta expansión y la clave para que no hubiera destrucción de empleos formales fue la enorme caída del salario real. Aun con esta fuerte caída del salario real se generaron muy pocos empleos formales, forzando a que la gente se insertara en empleos precarios. Los aproximadamente 3 millones de entrantes al mercado laboral se insertaron en empleos de menor calidad, donde un 40% lo hizo como monotributista y el 60% restante como asalariado o cuentapropista no registrado. Bajo este paupérrimo desempeño productivo y laboral no sorprende que la pobreza pasara del 30% en el 2016 (primer año que se volvió a medir) al 46% en el 2024.
En la última década la inflación fue el mecanismo que generó las condiciones para que los salarios se licuaran en la magnitud suficiente como para mantener el empleo formal con la producción estancada. Pero el éxito en bajar la inflación lleva a que esta licuación no sea sostenible en el futuro. Por lo tanto, de no mediar cambios en la economía, el ajuste por la falta de competitividad ahora será sobre el empleo. La estabilidad hace más explícita las consecuencias de las malas reglas de juego bajo las que se desenvuelve la economía. Se necesita un entorno más amigable con la inversión, la producción y la generación de empleos de calidad. Impuestos y coparticipación, legislación laboral, infraestructura, seguridad social, educación, integración al mundo son las cuestiones centrales a mejorar.
La agenda de reformas estructurales es amplia y compleja. El mayor desafío es que en la mayoría de los casos depende de acciones que involucran a más de un nivel de gobierno. Por ejemplo, la única manera de avanzar hacia un sistema tributario amigable con la competitividad de la producción nacional es con acciones coordinadas entre la Nación, las provincias y los municipios. Se necesita mucha inversión en infraestructura de transporte y logística dentro de cada provincia y ciudad, pero también en obras interprovinciales que están a cargo de la Nación.
En este contexto difícil, el argumento de que hay que esperar a que pasen las elecciones de octubre para abordar las reformas estructurales es débil. Por un lado, porque aun con un resultado muy favorable el oficialismo seguirá necesitando aliarse con parte de la oposición en el Congreso. Pero lo más importante es que después de octubre los gobernadores con los que hay que acordar las reformas seguirán siendo los mismo que en la actualidad. Es hoy que hay que activar los acuerdos estructurales con impacto federal puestos en el Acta de Mayo
Columnista de Economía
