¿EXISTE UN TRATO ENTRE ELLOS?
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien pasó por alto las denuncias de las cuentas offshore de Mauricio Macri, exhibió su enojo tras la resolución del juez federal Sebastián Casanello de no incluir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral por la causa de “La ruta del dinero K”.
Casanello elevó anteayer a juicio oral la causa contra el empresario Lázaro Báez y sus hijos (Martin Antonio, Leandro Antonio, Luciana Sabrina y Melin) además de Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Jorge Checo y el contador Daniel Pérez Gadin.
Alonso se opuso a la decisión del juez de no incluir a Cristina y no descartó la idea de llevar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura.
Este año, el Consejo de la Magistratura ya se convirtió en moneda corriente, llegando a destituir al camarista Eduardo Freiler y buscando repetir esta operación con el juez Daniel Rafecas.
En diálogo con Radio Mitre, Alonso contó que “El juez Casanello hace ya varios meses se viene resistiendo a los pedidos de indagatoria sucesivos que hemos hecho la Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera (UIF)y el propio fiscal de la causa, el doctor Marijuan, para que indague a Cristina Kirchner. Incluso la Cámara Federal le dijo, en una resolución, al juez Casanello, que debía vincular la causa de ‘la ruta del dinero K’, el lavado de dinero Lázaro Báez con la causa de la obra pública, que es por la que está procesada Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita. Ha habido todo este tiempo una resistencia sistemática a indagar a Cristina Kirchner”.
Incluso, se mostró enfadada al mencionar que “El juez parece vivir dentro de un tubo. Cualquiera que conoce lo último que se ha dicho en los últimos tres años respecto de todas estas causas judiciales se da cuenta que hay una conexión directa entre Lázaro Báez, los Kirchner, el dinero de la obra pública, el lavado de dinero y las cuentas en Suiza”.
Además, Alonso alega que ya tienen el veredicto de la causa agregando que “no tenemos ninguna duda que los 60 millones de dólares lavados por Lázaro Báez y que los 46 mil millones de pesos recibidos por la obra pública desviados por el Ministerio de Planificación eran de la familia Kirchner. Simple y sencillamente, Lázaro Báez es un testaferro, intermediario de la familia Kirchner. Si el juez no quiere ver esto, que lo vemos todos, será un problema que el juez va a tener que explicar ante las autoridades y ante el Consejo de la Magistratura en algún momento. Si efectivamente esta causa se eleva a juicio, y si en este juicio o en el otro juicio de la obra pública, se llega a comprobar esta conexión de la que estamos convencidos, deberá explicar el juez ante el Consejo de la Magistratura”.
Por último aseguró que “la Oficina Anticorrupción se presentó ante la Cámara Federal con un recurso de queja para que de alguna forma se expida sobre esta situación, y en todo caso, que obligue al juez a hacer esta indagatoria”.
Ahora, si se quiere lo más importante, ¿Por qué Casanello debe llamar a indagatoria a CFK?
La causa conocida como “Hotesur”, en la cual se investiga a la ex presidenta y a su familia por presunto lavado de dinero por medio de uno de sus hoteles, contiene elementos asazmente importantes.
Existe una desmesurada cantidad de información muy valiosa sobre dicha causa, la cual se encuentra archivada en cientos de cajas armadas a raíz de 30 allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadío en el 2015 y que se supone, agravaría colosalmente la situación procesal de la hoy senadora de Unidad Ciudadana.
Además de información contable y documentación cruzada entre Cristina, Báez y Cristóbal López, se halló una computadora que contendría “contabilidad paralela” de las empresas manejadas por Lázaro.
Toda esta información, desde ya de valor probatorio, nunca fue pedida y mucho menos revisada por el juez Daniel Rafecas durante los casi 9 meses que mantuvo la causa sin avances o como bien se dice “cajoneada”.
Entre toda la documentación que se encuentra hoy en el edificio de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se encuentran 19 cajas que poseen declaraciones juradas correspondientes al período 2008/2013 de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Patricio Arandia Pereyra, Lázaro y Martin Báez, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice, Ricardo Albornoz, Adrián Berni, Hotesur S.A., Los Sauces S.A., Villa Mitre S.A., Idea S.A. y Co.Ma S.A., además de las declaraciones sobre el impuesto a los bienes personales de los antes mencionados.
También se pueden encontrar 520 fojas de actuaciones correspondientes a la AFIP de la empresa Hotesur; la sucesión de la familia Kirchner que comprueba que la misma no está culminada; un bibliorato y una carpeta con movimientos de la cuenta Corriente del Banco Santa Cruz de la Firma Hotesur; información sobre aportes a la Seguridad Social de las firmas Badial S.A., Alucom Austral S.R.L., Austral Construcciones S.A., Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L., La Estacion S.A., Hank y Costilla S.A., Don Francisco S.A., Los Sauces S.A., Hotesur S.A., Co.Ma. S.A., Valle Mitre S.A. e Idea S.A. El grupo Báez le debe al Anses aproximadamente 90 millones de pesos.
Se encuentran incluso Facturas emitidas por Aerolíneas Argentinas a Alto Calafate Hotel Patagónico Hotesur S.A., Villa Mitre S.A. y Alto Calafate Hotel Patagónico Idea S.A.; El contrato Macro número 5010000096 de Aerolíneas Argentinas con Idea S.A. proveedora del Hotel Alto Calafate con detalles de las contrataciones que se realizaron para el hospedaje de la tripulación en Calafate de las empresas Aerolíneas y Austral, contrato que se firmó en 2007 y caducó en agosto del 2016.
Por último, también hay información sobre movimientos contables, actas de directorio, actas de asambleas, registro de acciones y de accionistas, registros de asistencia a asambleas y libros de jornales y sueldos de las firmas OIL y de la inversora M&S entre los años 2006 y 2014.
Fuentes Judiciales convalidaron a La Cornisa TV que algunos empleados pertenecientes al Grupo Báez confesaron que la contabilidad de Lázaro se encontraba en la empresa Diagonal Sur Comunicaciones ubicada en Rio Gallegos, en donde los investigadores encontraron un servidor informático donde se encontraría la “contabilidad paralela” del Grupo Báez.
La información que allí se encontraba fue secuestrada por Bonadío, aunque, en el momento que la causa pasó a manos de Rafecas, Martin Báez peticionó la devolución de dicho servidor.
Si bien Rafecas se negó a devolverlo, brindó una autorización a los abogados del Grupo Báez para poder obtener una copia del material, la cual la hizo efectiva el Jefe de Cómputos de los Tribunales de Comodoro Py, y la obtuvo sin la presencia ni del fiscal, ni de peritos, ni de ningún abogado de las partes.
El hecho de autorizar una copia de evidencia informática permitiendo el acceso a la misma a personas ajenas a la investigación judicial es un “procedimiento invasivo” el cual podría ser determinado como “contaminación de la prueba”.
Siguiendo en la misma línea, que la medida no sea realizada por personal apto y en ausencia de las partes, viola la cadena de custodia del material.
Con lo mencionado, es dable mencionar que muchos referentes k están involucrados, la mayoría de ellos ya presos, pero aún falta la “mente maestra” la cabeza de todo este atolladero, a quién aún no han llamado a indagatoria, ni más ni menos que Cristina Kirchner.
Sin duda alguna Casanello la deja en una posición muy cómoda a la ex jefa de Estado, pero existe evidencia de sobra para procesarla y condenarla.
Quisiera cerrar esta nota con un video de Cristina defendiendo los negocios del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
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