DE ABOGADOS, FUNCIONARIOS Y LA PELEA DE SIEMPRE
Un conflicto que los distintos gobiernos de la ciudad, desde el 2006 a la fecha, no pudieron desactivar lo que explotó en la madrugada del 13 de marzo.
Pocas horas después de la toma de la Catedral de Buenos Aires y menos de 48 horas del caos en la ciudad de Junín, el centro porteño fue testigo de un nuevo hecho de violencia que terminó a los tiros.
Cuatro años después de que el gobierno de Jorge Telerman intentara trasladar la Sala Alberdi al barrio de Chacarita, talleristas y artistas decidieron tomar una parte de las instalaciones del Teatro San Martín ubicadas sobre la calle Sarmiento. Del 2000 a la fecha, las negociaciones perduraron en el tiempo y las carpas, ubicadas en el acceso lateral al teatro, se volvieron parte de la escenografía habitual del lugar.
El 13 de marzo, a horas de una reunión que tendría el grupo “Sala Alberdi”, quienes afirman no tener representación política a nivel nacional ni en la ciudad, resistieron, según su versión, la represión policial.
En las últimas horas, solo tres personas quedaron detenidas por los disturbios ocasionados en la comisaría de Parque Patricios. Según Adrían Lutvak, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA, “ante la negativa de Hernán Lombardi (Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad) los compañeros exigieron la restitución de la sala autogestionada y hoy sufren varios heridos de bala”. Según la versión del colectivo de Prensa, Marea Popular, habría dos heridos con balas de plomo, en sus piernas, que aún están siendo atendidos en el Hospital Argerich. Se trataría de Mario Firmaroni y Esteban Ruffa.
A primera hora de la mañana, una noticia se escurrió entre los foristas habituales de las redes sociales. El abogado defensor del grupo de artistas manifestantes, era Emiliano Villar, apoderado de Hebe de Bonafini y de las Madres de Plaza de Mayo. El hombre que, en los últimos meses, había salido, únicamente en los medios oficialistas, a explicar lo inexplicable en torno a la Misión Sueños Compartidos y a la situación judicial de Alejandra Bonafini, le concedió una entrevista al canal de noticias TN criticando la política cultural y de seguridad del gobierno del PRO.
No es la primera vez que un abogado relacionado con Bonafini está vinculado en denuncias contra Macri. Eduardo Barcesat fue otro letrado que estuvo detrás de las investigaciones sobre las escuchas ilegales que habría diseñado el jefe de gobierno porteño y es uno de los constitucionalistas que asesora a la Presidenta sobre una eventual reforma constitucional. Rojas Salinas, otro abogado de la Fundación, también estuvo mencionado cuando el gobierno propuso ocupar cargos vacantes en la justicia para definir la tan esperada constitucionalidad de la ley de medios. En su momento, el propio Sergio Schoklender, dijo que “Barcesat y sus abogados cobraban 100 mil pesos mensuales para armarle causas a Macri de parte de Aníbal Fernández”.
Casualidades permanentes y la inoperancia del gobierno local para manejar una situación que terminó siendo escandalosa, provocaron otro hecho violento en pleno centro porteño que produjo heridos y serios destrozos que significan gastos al erario público. A fin del año pasado, los vendedores ambulantes también resistieron una orden de desalojar la calle Florida entre empujones, gritos y corridas.
El 2012 fue el año de la toma de los colegios públicos, extrañamente, solo en la ciudad de Buenos Aires. Si así comenzó el 2013, ¿cómo terminará?
Luis Gasulla
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