DEFENSORES Y DETRACTORES DE NUEVOS CONSENSOS PONEN SAL Y PIMIENTA A UN DEBATE QUE YA ESTÁ AQUÍ
La idea de un acuerdo de gobernabilidad fue lanzada el año pasado por el ex presidente Eduardo Duhalde y el dirigente radical Rodolfo Terragno, quienes han venido trabajando de común acuerdo para el diseño de algunas políticas.
Informaciones periodísticas dan cuenta de que los grandes partidos de la oposición negocian un acuerdo de gobernabilidad para 2011 y que aspiran a definirlo antes de fines de año.
Bajo distintas denominaciones —algunos hablan de “pacto republicano”, otros de “políticas para el desarrollo”— se trataría de acordar un conjunto de políticas públicas que serían respetadas, cualesquiera que fuera el partido que obtuviera el poder.
Estos acuerdos no deben ser confundidos con las alianzas o frentes electorales, dado que preservan el perfil individual y el programa más amplio de cada partido.
Cuestiones como las políticas de desarrollo productivo, la política energética, la educación y las relaciones exteriores, son candidatas naturales a formar parte del acuerdo. En materia institucional, temas como los poderes delegados, el ejercicio del derecho de veto, el uso y abuso de los DNU, podrían conformar la parte institucional dirigida a limitar los excesos del presidencialismo.
Finalmente, un pacto de no agresión, para acabar con las tradicionales políticas de confrontación simbólica, podría coronar el acuerdo.
La idea de un acuerdo de gobernabilidad fue lanzada el año pasado por el ex presidente Eduardo Duhalde y el dirigente radical Rodolfo Terragno, quienes han venido trabajando de común acuerdo para el diseño de algunas políticas.
En notas periodistas, se han pronunciado a favor de la iniciativa dirigentes políticos como Julio Cobos, Roberto Lavagna y José Scioli e intelectuales como Natalio Botana, Daniel Zovatto y Luis Alberto Romero.
Recientemente, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, hizo también un llamado a alcanzar un “auténtico acuerdo sobre políticas públicas” como modo de promover la cultura del encuentro y dejar de lado “la opción por los conflictos”.
Los cuestionamientos a una iniciativa de este tipo provienen de sectores intelectuales próximos al oficialismo. Así, por ejemplo, para Luis Bruschtein “en la Argentina hay conflicto, porque en el mundo hay conflicto, porque así es la vida de los seres humanos y porque una parte del conflicto es el desenlace y el acuerdo, tanto como la tensión, la negociación y la concesión. El peor país de todos ha sido cuando dijeron que no había conflicto, porque eso implicaba que se estaba silenciando a alguien”.
Para Edgardo Mocca, detrás del enunciado conciliador se esconde la intención de sacar de la agenda política todos los puntos que comprometen intereses y valores de los sectores más poderosos de nuestra sociedad.
En la misma línea, José Natanson opinó que “el pacto de la Moncloa es el último grito de la política argentina. Todos —dirigentes, intelectuales livianos y esa fuente inagotable de frases vacías que son la mayoría de los periodistas televisivos—, lo mencionan como la fórmula mágica para la felicidad”, ha escrito.
“Pero como todos los lugares comunes, el de la Moncloa también merece discutirse. El primer error, el más básico, consiste en suponer que el desarrollo español de las últimas décadas se explica por el simple hecho de que sus elites un día se pusieron de acuerdo alrededor de algunos temas básicos, ignorando el pequeño detalle de la ubicación geográfica: desde su reinserción en Europa, España ha sido el máximo receptor, en cifras absolutas, de los fondos europeos, creados por la Unión Europea”, añade.
Estas voces escépticas, que hablan desde las coordenadas de un pasado ideológico donde toda la política se reducía a “la lucha de clases”, carecen de razón.
Las ventajas de definir políticas de Estado para el largo plazo utilizando el método del consenso son evidentes, puesto que de este modo adquieren continuidad y quedan fuera de los vaivenes de los ciclos electorales. Estas prácticas no cancelan el espacio de la política, dado que se limitan a acotar un sector de políticas públicas compartidas, dejando librado el resto de temas a las diferencias ideológicas tradicionales que caracterizan a los partidos políticos.
Por otra parte, en un sistema presidencialista como el argentino es importante que el debate político deje de centrarse en las características personales de los candidatos y se organice alrededor de propuestas programáticas. La historia recoge innumerables casos de candidatos que no han revelado sus verdaderas intenciones políticas y que, al alcanzar el poder, han dado giros de 180 grados provocando un enorme desgaste al sistema democrático en su conjunto.
Finalmente, como recuerda Daniel Zovatto, a diferencia de Brasil y otras naciones de nuestro entorno, no existe entre las élites dirigentes de nuestro país un acuerdo que, respetando las diferencias, de continuidad a un proyecto de Nación. Somos un país sin proyecto estratégico, sin una visión compartida que sintetice lo que se quiere ser en el mediano y largo plazo y la forma de lograrlo.
Por lo tanto, acierta Fernando Straface, director del Cippec, cuando vincula los consensos con la calidad institucional y reclama a quienes participamos en la vida política de nuestro país, “promover el debate sobre las políticas como camino central hacia la reconstrucción de una gobernabilidad de calidad en la Argentina”.
El siglo XXI marcha de manera acelerada y no nos espera, añade Zovatto. “Debemos escapar de una vez por todas de esta ‘miopía estratégica’ que nos tiene atrapados desde hace tanto, del cortoplacismo, de la improvisación, de la ley del odio y la discordia interna que sigue vigente y que hace falta derogar para siempre”, aconseja.
Aleardo Laría
DyN
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