A casi cuatro años de la muerte aún dudosa del represor Héctor Febrés, encontrado envenenado en su celda en una dependencia naval a días de concluir un juicio en su contra por robo de bebes durante la última dictadura, va a juicio oral una parte de la investigación que apunta a un ex jefe de Prefectura y ex miembros de la fuerza.

Se trata de la investigación que se abrió por las condiciones de detención en las que estaba Febrés en la base naval de Tigre, en donde tras su muerte, se supo que tenía facilidades en cuanto al recibimiento de visitas y de los privilegios que gozaba cuando estaba en su celda.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que el fiscal federal subrogante de San Isidro Sebastián Basso pidió que pase a juicio oral la causa que tiene como imputados al ex Jefe de Prefectura Naval Carlos Fernández; así como los ex integrantes de la fuerza Roberto Cherey, Víctor Sosa, Rodrigo Olazábal, Luis María Morel, José Luis López, y Rubén Armando Iglesias, este último a cargo de la base naval de Tigre, donde apareció muerto Febrés.

Febrés apareció muerto el 10 de diciembre de 2007 por envenenamiento con cianuro, y una de las hipótesis es que fue asesinado como forma de silenciarlo ya que estaba a punto de escuchar un veredicto en su contra en un juicio que se le venía realizando por robo de bebés durante la última dictadura militar, y en el cual se especulaba con que pudiera develar detalles al respecto.

Tras su muerte, y luego de semanas de investigación, la jueza Sandra Arroyo Salgado (la misma que ahora interviene en el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble) procesó como partícipes necesarios del homicidio a los prefectos Angel Volpi, y Ruben Iglesias; y por encubrimiento del asesinato a la esposa y los dos hijos de Febrés.

Pero esa resolución de primera instancia fue revocada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que dispuso la falta de mérito de los prefectos y la familia al considerar que no está probado que hubo asesinato, y por el momento ese estado procesal no varió.

Esta otra causa, los prefectos están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y luego de recibir las vistas de todas las defensas, la jueza Arroyo Salgado definirá si decide o no elevar la causa a un Tribunal Oral.

Hasta el momento, las defensas de los ex prefectos Cherey y Sosa plantearon la prescripción de la causa y adujeron que ellos eran agentes de poco rango y que en virtud de ello no podían ser equiparados como funcionarios públicos.

Tras su muerte, la Justicia dio por comprobado que Febrés contaba con ciertos privilegios: tenía las llaves de su celda, con la cual "abría y cerraba a discreción", pero también "hacía uso sin restricción alguna de los teléfonos de línea instalados en su camarote, de un aparato de telefonía celular y de una computadora con conexión a internet".

Además, los investigadores determinaron que el represor recibía visitas de sus familiares, incluso fuera del horario de visitas, y hasta le permitían "vacacionar" en dependencias de la Armada.

Así fue como quedó comprobado que Febrés estuvo en en dependencias del Arsenal Naval Azopardo (Azul), en varias ocasiones durante los años 2003, 2004 y 2005.

Eso fue establecido por la jueza y la Cámara al confirmar el procesamiento de los prefectos: "no cabe duda de que estas circunstancias han colisionado con el régimen que primariamente debía cumplirse sobre el particular en ámbitos de la Prefectura Naval Argentina", fijaron en su momento los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga.

El prefecto Febrés había sido detenido en diciembre de 1998 en el marco de la investigación por la apropiación sistemática de menores nacidos durante la última dictadura militar.

Su muerte fue a cuatro días del veredicto que iba a dictar el Tribunal Oral Federal N°5 en diciembre de 2007, y en donde el represor se especulaba con que podía dar detalles sobre el destino de varios de los bebes apropiados en forma ilegal.

Sergio Farella
NA