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La Cámara Federal porteña ordenó al juez Norberto Oyarbide que profundice una investigación de varios años que tiene en la mira a personal jerárquico de la Fuerza Aérea por deficiencias en la aviación civil y comercial, ante repetidas "cuasi colisiones de aviones" y fallas en el sistema de radares en Ezeiza.
La decisión de la Sala I de la Cámara fue la de revocar el sobreseimiento que había impuesto Oyarbide sobre personal jerárquico de la Fuerza Aérea, a la cual en los últimos días y por decisión del Gobierno se le volvió a otorgar el control del espacio aéreo, que estaba desde 2007 en manos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Si bien el fallo de la Cámara es del 11 de octubre pasado, recién se da a conocer esta semana, luego de que se supiera que un avión de Aerolíneas Argentinas estuvo a punto de chocar en pleno vuelo con otro de la empresa American Airlines, cerca del aeropuerto de Miami, en Estados Unidos.
La investigación que está en manos del juez Oyarbide se inició a raíz de una denuncia que hizo el fiscal Carlos Rívolo, apenas a pocos días después que en septiembre de 2006 el cineasta Enrique Piñeyro estrenara su documental Fuerza Aérea S.A, que da cuenta de serias deficiencias en la aviación comercial.
En la causa se denuncian fallas en puestos de control de tránsito aéreo del aeropuerto internacional de Ezeiza por "falencias que presenta el instrumental existente y la nula actividad del personal jerárquico de la Fuerza Aérea Argentina".
Esas fallas van desde el "deficiente estado operativo" de la sala de radar y la torre de control en Ezeiza, a diversas "cuasi colisiones" de aviones por erróneas indicaciones a la hora de aterrizar.
Según la investigación, esto se debe a pérdida de imágenes de los aviones y desaparición de información de las rutas aéreas, "mal funcionamiento y deterioro progresivo del sistema de radares", "el deterioro de los microcascos utilizados para recibir la transmisión de los pilotos", y la "inobservancia de las formas debidas para la habilitación de un aeropuerto".
La causa también comprende supuesta "malversación de caudales", por el destino de los adicionales asignados a los controladores denominados "PC PAC", esto es una suma de entre 600 y 800 pesos como plus en negro.
Los imputados en la investigación son el brigadier Carlos Matiak (comandante de Regiones Aéreas), comodoro Humberto Claudio Trisano (directo nacional de tránsito Aéreo), Comodoro Mario Asrim (jefe grupo operativo Región Aérea Centro), vicecomodoro Jorge Herrera (jefe de tránsito aéreo, Ezeiza), mayor Osvaldo Costa (jefe División Centro de Control Aéreo), teniente David Bastián (jefe de Control Terrestre y Jefe de Turno en Ezeiza) y Edgardo Almitrani (vicecomodoro de Fuerza Aérea).
La investigación que lleva adelante Oyarbide y el fiscal Federico Delgado también es por la presunta "incompatibilidad" de funciones del vicecomodoro Altrimani, porque "pese a la función de controlador que debe ejercer sobre Aerolíneas Argentinas, le fue encomendado el dictado de cursos de instrucción en el Área Factores Humanos y CRM Seguridad Operacional de esa empresa".
A todos ellos, Oyarbide los había sobreseído, pero el fiscal apeló y ahora la Cámara consideró prematura la decisión del juez, ya que "cabrían medidas para hacer antes de adoptar un temperamento conclusivo".
Pero además, como lo hizo en estos últimos días la Sala I de la Cámara con el caso Schoklender, o con el caso Skanska, le ordenó a Oyarbide "celeridad" tras cinco años de iniciada la causa para dar una "pronta definición" de los involucrados.
La investigación se da en un contexto en donde los gremios aeronáuticos vienen cuestionado la decisión de la Presidenta de pasar de manos civiles a militares el control del espacio aéreo, y entre quienes se destacan Jorge Pérez Tamayo y Ricardo Cirielli; el secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y titular de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), respectivamente.
Precisamente Cirielli denunció penalmente en los últimos días al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados, por "poner en riesgo la seguridad aérea".
El sindicalista la denuncia que recayó en el juzgado federal número siete, a cargo de Oyarbide, quien tiene a cargo la otra investigación.
La causa de la denuncia de Cirielli se debe a que ambos funcionarios denunciados "designaron en el Centro de Control de Aérea de Ezeiza personal inidóneo y no capacitado para dicha tarea e impidieron el ingreso al área de supervisores cuya labor resulta esencial para la garantizar la seguridad aérea".
Sergio Farella
NA
