Carta abierta al presidente del banco Macro. Ex Banamex – Bansud o Bansud/ Banamex (Citigroup).

Señor Jorge Horacio Brito:

La presente es producto de lo acontecido por estos días, pero que me remontan al famoso “corralón” realizado a través del DNU 214/2002 por el ungido presidente Duhalde y el ministro de Economía de entonces, Jorge Remes Lenicov.

Por ese decreto inconstitucional (ningún decreto se puede superponer a la ley) fueron confiscados 65.000 millones de dólares a 2 millones de ahorristas de la tercera edad. A pesar de haber transcurrido 10 años, algunos de esos ancianos (con diez años más encima) no lograron cobrar una moneda.

A los pocos días (7/01/2002) extrañamente se publicó en un periódico de Posadas, Misiones, la transacción de la compra-venta Macro/Bansud/Banamex (Citigroup).

Ante la crisis desatada, la Argentina vivía días de cacerolazos y garrotazos que nos impartían los agentes del “orden”. (Léase Policía Federal “por obediencia debida” a sus superiores).

Fuimos muchos quienes nos acogimos al Artículo 43 de la CN: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.”

En nuestro amparo, el juez Ernesto Marinelli —titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1— estableció que se nos reintegrara en Agosto del 2002, el 50% de nuestros depósitos en el banco ex Bansud/Banamex (ahora Macro).

Me asignaron fecha a mediados de diciembre de 2002 en la casa Central y hete aquí, que me hicieron juntar orina desde las 10 de la mañana hasta la hora de cierre del banco (15 horas). Durante ese lapso apareció un abogadito (por lo joven) ofreciéndome pagarme el total del amparo con una quita del 15%. 

Era la época en que los despabilados presidentes de los bancos —nacionales y extranjeros— dejaban en pesos lo que depositaban los clientes y el resto del dinero —pesos y dólares— paseaba por la ciudad de Buenos Aires, en los camiones que transportan caudales.

Al llegar mi turno me llevaron y demostraron que todas estaban vacías.

Me entregaron en pesos el equivalente a 300 dólares, precio de venta en las casas de cambio, que era superior al 1,40 establecido por el ungido.

Vale decir que usted, a pesar de la orden judicial, pagó lo que quiso, cuando quiso y con los descuentos que quiso.

El último fallo de la Corte: "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecuti­vo Nacional - dto. 1570/01 y otros/ amparo ley 16.986" (27/12/2006) entre las justificaciones que alegó: la Justicia devino en “abstracta” (sic).

Por razones que le expliqué al gerente de la sucursal Mataderos, durante diciembre 2011, mi hijo presentó un amparo en la cuenta corriente que nos pertenecía (orden recípoca) a mi fallecido esposo y a quien suscribe.

A pesar de la feria judicial y que el número de documento no correspondía a mi esposo, la oficina de Legales Casa Central, me confiscó lo existente en ella.

Ante mi CD reclamando por el error cometido, el señor Ernesto López DNI 22.991.277 Apoderado - C 0663/11 (11 enero 2012).

En tal sentido, y respecto de vuestro reclamo en virtud de que el DNI citado en la respectiva manda judicial tiene un dígito incorrecto, le informamos que dada la inminencia de la feria judicial, y que los restantes datos del oficio son correctos (tipos de cuenta/números de cuenta/titular) hemos procedido a bloquear preventivamente los fondos de modo de no tornar abstracto el pedido formulado por el Tribunal, sin perjuicio que estamos requiriendo al Juzgado las instrucciones del caso.

Y, por segunda vez la institución que ud., dirige me ha perjudicado.

Los seguros de los dos autos existentes eran debitados automáticamente desde la tarjeta referida.

El 3/02/2012 recibí una carta de Visa /Macro reclamando que cancele las cuotas (16) aproximadamente por la suma $5.732, 46.

El 6/02/2012 acudí a la sucursal de referencia para hablar con el gerente a cargo pero debí esperar hasta este lunes a que volviera de sus vacaciones.

Desde entonces no logró solucionarme nada.

Salvo el ofrecimiento de un crédito por $6.000 en 12 cuotas, que por aplicarle el interés francés finalizaba pagando más de 8.000 pesos.

El banco donde cobro mi jubilación me otorgó el crédito (por menor interés) en 24 cuotas iguales.

Me lo dio en mano inmediatamente y a la hora 14:39 cancelé la deuda con Visa /Macro

Como cualquiera puede suponer, intenté cerrar todo trato con la institución que usted dirige, pero como existía un saldo de $119, no pude hacerlo (por las dudas del amparo) me explicó el gerente (sic).

Tras enterarse de los pormenores de la situación expuesta, el gerente —saliendo de su frío rol— no tuvo manera de consolar mis lágrimas de impotencia ante tantas injusticias.

Nadie tuvo en cuenta la trayectoria de nuestro comportamiento con el Bansud ahora Macro.

La Justicia deviene en abstracta pero mi salud corre serios riesgos, así como la de los 20.000 ahorristas que perdieron su vida en el intento de recuperar lo que les pertenecía por haber realizado contratos privados con los bancos y otros 10.000 quedamos con patologías cardiológicas latentes (Informe Fundación Favaloro).

Muchas gracias, Sr. Brito. Usted es tan responsable de esos muertos así como quienes administran la patria nuestra. 

Corina Ríos
DNI 4.482.250