En los últimos días, tímidamente van aflorando informes periodísticos sustentados en diferentes encuestas que hablan de una caída significativa en la imagen de la presidenta Cristina Fernández, pese a que la prensa oficial exagere lo diametralmente opuesto.

Asimismo, fue advertida de inmediato y muy comentada aquella expresión en uno de sus últimos discursos, casi como al pasar, acerca de si “a esta altura, vale la pena seguir”

Si algo ha caracterizado siempre al kirchnerismo es el alto índice de corrupción; sello tan indiscutible como el permanente discurso falaz y la distorsión sistemática de la realidad con cuanta puesta en escena les ha sido posible montar. Aunque más característicos aún han sido los incomprensibles fallos judiciales que han salvado y siguen salvando una y otra vez a todos y cada uno de sus funcionarios, aún frente a pruebas irrefutables.

La orden emanada en las últimas horas desde la propia primera mandataria, parece haber sido “salven a Boudou”, y las razones del sorpresivo viraje en el curso de acción a seguir no obedece exactamente a cuestiones de solidaridad entre pares, sino en la salvaguarda personal frente a la información estratégica que el primero maneja y podría utilizar para no caer solo en desgracia. Esto es algo ya visto en demasiadas ocasiones, y una de las últimas fue el caso Schoklender.

Algunos colegas han dado cuenta de que al vicepresidente le llevó varios días de denodados llamados a diferentes funcionarios que lo dejaron solo, hasta dar con un Ricardo Echegaray dispuesto a declarar públicamente en un discurso que dejó mas dudas que certezas.

Pero, ¿quién puede salvar la imagen de la presidenta frente a todo el accionar del secretario de comercio Guillermo Moreno, o la frescura con que la propia titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont sostiene que la reforma a la Carta Orgánica de ese organismo procura estabilizar la moneda?

Los que más conocen de temática monetaria, —no precisamente los fundamentalistas del régimen gobernante— coinciden en afirmar que ampliar la autorización al BCRA para que adelante fondos al Tesoro Nacional, acarreará consecuencias muy negativas que se reflejarán no solo en el ya suficientemente desdibujado balance de la entidad, sino que necesariamente en más inflación.

Lo concreto, es que desde el Ejecutivo se han quedado sin caja y necesitan financiar el exorbitante nivel de gastos en la creencia ciega de que lo único importante es que no decaiga el consumo, como si se tratara de que “si hay miseria que no se note”.

Al principio, se ensayó la quita de subsidios, pero la tragedia de Once cambió definitivamente las reglas de juego y el Gobierno no tuvo más remedio que apelar a la reforma mencionada a ser aprobada en breve y a procurar sacarse de encima hasta los colectivos.

Frente a este escenario, y ante la posibilidad de que el índice de precios se dispare aún mas, arrastrando la demanda de dólares como consecuencia del retraso cambiario, Guillermo Moreno y su equipo vienen estudiando una serie de medidas a aplicar de manera conjunta o por etapas, según lo requieran los tiempos.

Una de ellas es la de aumentar aún mas los controles sobre los compradores de dólares, que ya debían contar con autorización de la AFIP y ahora además, tendrían que llenar una declaración jurada especificando en qué los destinarían en caso de que se les permita adquirirlos.

Esta medida necesariamente tiene su analogía en la encuesta que aparentemente el Indec llevará adelante el próximo 16 de marzo para conocer en qué gastan sus ingresos las familias.

Asimismo, estos “Nash” de la macroeconomía y la política monetaria, estarían evaluando un proyecto de ley por el cual se obligaría a los argentinos que tengan depósitos bancarios en el exterior a repatriarlos.

El punto, podría ser que si quienes tienen sus dólares afuera no los han traído voluntariamente, probablemente desconfíen de las políticas llevadas adelante en el país en los últimos años.

Por otra parte, si se sanciona esta ley, se empujaría la demanda en el mercado negro y promovería aún más la fuga de capitales.

Otra medida que también estaría en proceso de análisis sería la vulneración de un contrato, el incumplimiento unilateral por parte del Gobierno Nacional de lo suscripto, por lo cual el Boden 2012 en dólares, se pretendería pagar a su vencimiento en agosto, en pesos.

Todo sea por la profundización del modelo y la permanencia a perpetuidad en el poder. Luego de Cristina, bien podría sucederla Máximo, y a éste, su hermanita menor, en tanto las ambiciones de quienes lideran dentro de La Cámpora no excedan tanto los límites como para traicionar al propio clan familiar.

¿Alguien ingenuamente creyó alguna vez que se trataba de un sincero convencimiento ideológico?

Nidia Osimani
Twitter: @nidiaosimani