Durante siglos se ha considerado que el hombre es libre de transitar por el mundo. Durante épocas nefastas ese derecho humano básico y elemental fue cercenado.

Durante la vigencia del tristemente célebre Proceso Militar Argentino la Ley de Migraciones, vulgarmente conocida como “Ley Videla” sirvió para expulsar ciudadanos extranjeros sin miramiento alguno.

Durante décadas distintas voces se alzaron contra esa monstruosa legislación, ya que desde 1983 la democracia argentina mantenía una grave deuda con el estado de derecho: continuaba vigente la ley de la dictadura, Nro. 22.439, conocida como "Ley Videla".

Durante muchos años posteriores a la restauración de la democracia nuestro país mantuvo esa disposición legal que le permitió a la Dirección Nacional de Migraciones convertirse el brazo ejecutor de políticas migratorias que limitaron y hasta cercenaron el derecho del migrante, al extremo de aniquilar la posibilidad de permanecer y residir en el territorio nacional, contra los lineamientos fundacionales contenidos en la Constitución Nacional, cuyo Preámbulo invita a todos los seres humanos a poblar y construir nuestra nación, sin distinguir origen ni condición, convirtiendo a la República Argentina en ejemplo mundial.

Durante el gobierno ejercido por Néstor Kirchner también rigió la Ley Videla, ya que si bien se sancionó la nueva ley de migraciones Nro. 25.871 el 21 de enero de 2004, reconociendo la migración como un derecho humano, no se la reglamentó y siguió aplicándose la ley de la dictadura.

Durante todo el mandato de Néstor Kirchner la Dirección Nacional de Migraciones ejerció el poder de policía y dispuso a su antojo de la suerte de miles de inmigrantes, entre ellos muchos ciudadanos de origen asiático, particularmente chinos, a quienes se los esquilmaba para darles la posibilidad de residir en nuestro país. Lógico, venían a trabajar e invertir, lo cual los convertía en fáciles presas de ávidos canallas que los extorsionaban para “regularizar su situación”.

Durante más de cuatro meses, sólo por poner un ejemplo en que me tocó intervenir como defensor de las víctimas de tales atropellos, en el año 2005 varios ciudadanos chinos estuvieron privados de su libertad en condiciones inhumanas a disposición de la Delegación Rosario, Provincia de Santa Fe, de la Dirección Nacional de Migraciones, a la sazón dirigida por Eusebio Rodríguez, y en aquella oportunidad, no habiéndose agotado los plazos para revertir la orden de expulsión forzada de esos seres humanos, y mientras todavía se hallaban en trámite diversos recursos judiciales, el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, en lo que luego se convertiría en una costumbre kirchnerista de no respetar los fallos judiciales, en el feriado del 1º de mayo, entre gallos y mediasnoches, expulsó a esos verdaderos chinos expiatorios.

Durante dos tercios del primer mandato de Cristina Kirchner también se mantuvo vigente la Ley Videla, hasta que el 6 de mayo de 2010, se dictó el Decreto Nro. 616/10 reglamentando la nueva ley de Migraciones. Aclaro que durante ambos mandatos promoví denuncias contra los presidentes por no haber reglamentado tal legislación. También aclaro que la supuesta abogada, al presentar en sociedad ese decreto reglamentario, demorado más de seis años, sostuvo: "La política migratoria está vinculada a los derechos humanos” y agregó “Esto sigue colocando a la Argentina a la vanguardia en materia de políticas migratorias"."Me siento orgullosa del país que ha acogido a los inmigrantes, porque eso habla bien de nosotros mismos", remarcó la Presidenta. Del acto participaron el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el subsecretario de la Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina y el director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval.

Sin embargo, en la actualidad hay once ciudadanos chinos que por el sólo hecho de haber ingresado irregularmente a nuestro país desde el Paraguay, llevan más de dos meses presos con el objetivo de ser expulsados a China, no obstante que son disidentes políticos y solicitaran asilo en Argentina, lo cual les fue negado, ya que ni tienen antecedentes, ni asesinaron a nadie como fuera el caso del escandalosamente asilado Apablaza Guerra. No obstante estar en curso distintos resortes administrativos y judiciales, en la Dirección Nacional de Migraciones sustrajeron documentación y pretendieron expulsarlos hacia China, donde corren serio riesgo de vida, en una arbitraria, ilegítima y abusiva medida que está siendo recurrida judicialmente.

Así se repite el mismo esquema que el mencionado más arriba, con el más absoluto desprecio hacia los seres humanos involucrados que se hallan en situación de extrema vulnerabilidad, y transgrediendo la legislación vigente, tal como hiciera el Ministro Aníbal Fernández al no cumplir la orden impartida por el juez Sudera en el marco del conflicto con el sindicato de aeronavegantes, o, como viene haciendo el gobierno nacional al no cumplir la sentencia de la Corte Suprema de realizar publicidad equitativa con la editorial Perfil, o la sistemática y contumaz desobediencia del gobernador de Santa Cruz que no cumple la orden impartida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reponer en su cargo al ex Procurador Sosa.

Esto sucede en la Argentina que sufre la bipolaridad de un gobierno kirchnerista que lleva la hipocresía al extremo de invocar una política de Derechos Humanos sesgada, discriminatoria, cruel y contradictoria, castigando al más débil y permitiendo un esquema endémico de corrupción que nos avergüenza ante el resto del mundo.

Enrique Piragini