Entre las cuestiones en las que su presencia resulta beneficiosa, o aquellas en las que forma parte del problema, la acumulación de funciones por parte del Estado se convirtió en una característica central de la actual etapa de la historia argentina, signada por el predominio político del kirchnerismo. Por eso es cada vez más marcado el control de la agenda pública por parte del Gobierno, tanto en los temas en los que logra imponer su criterio político como en aquellos que no puede resolver y que, por lo tanto, se presentan como problemas recurrentes, lo que genera un clima de frustración colectiva.

Entre estos últimos se encuentra el de la inseguridad, que reapareció de la mano de casos resonantes en el Gran Buenos Aires, donde las personas se quejan de cierta inacción policial. "Es bueno que se reclame la presencia del Estado. Eso habla de un cambio cultural", asegura un diputado oficialista que, sin embargo, no acepta hablar de estos temas en público. Esa aversión trasluce las dificultades que tiene el Gobierno para enfrentar, desde lo discursivo, toda una serie de problemas anexos al de la inseguridad. El temor a quedar emparentados con los apologistas de la "mano dura" es uno de ellos. Por el otro andarivel ideológico, la idea de que la delincuencia se nutre de la permanencia de bolsones de pobreza, pone en evidencia alguna falencia del modelo económico vigente.

"Que te critiquen al mismo tiempo la derecha y la supuesta izquierda, es un certificado perfecto de peronismo", aseguró días pasados Cristina Kirchner. La Presidenta venía de ser duramente cuestionada por su reacción ante la tragedia de Once, donde la actuación del Estado quedó en entredicho.

Seguridad y política

Con la misma lógica actuó en las últimas horas la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien calificó de "extorsivos" a los bloqueos de los accesos a la ciudad de Buenos Aires realizados por grupos de izquierda, cuyos brazos piqueteros reclaman la inclusión en planes sociales que maneja Alicia Kirchner desde Desarrollo Social. Pero a Garré ni se le ocurrió la posibilidad de enviar a la Infantería a despejar esos pasos, como lo hizo la última vez con ex soldados movilizados por la guerra de Malvinas, en plena avenida 9 de Julio. Podrían haber pesado, en ese sentido, los cuestionamientos por el comentado Proyecto X de la Gendarmería y los ecos negativos de la denominada Ley Antiterrorista.

Como fuera, la ministra es una de las principales figuras del Gabinete. A tal punto que días atrás comenzó a circular un rumor sobre la posibilidad de que Garré pase a ocupar otro cargo en el Gobierno, de mayor exposición que el actual. Todo eso, porque habría más de un funcionario cuyo desempeño no cubriría las expectativas de la jefa de Estado. Algunos movimientos no hicieron más que alimentar estas versiones tras la llegada de Sergio Berni al Ministerio de Seguridad, con facultades para controlar a la Gendarmería asentada en el Gran Buenos Aires. El equipo se completa con Gustavo Palmieri, abogado del CELS de Horacio Verbitsky. La suma de estos funcionarios podría "liberar" a Garré en el futuro.

La línea kirchnerista del manejo de la seguridad tiene una ligazón directa con el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien acaba de impulsar la formación de una comisión para investigar en detalle el llamado "Caso Candela". Desde allí apuntará tanto a agentes judiciales como policiales.

El caso YPF

La acumulación de funciones por parte del Estado puede constatarse también en la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que avanza en el Congreso nacional, y sobre todo en la embestida del Gobierno contra la petrolera Repsol YPF, que concluirá con un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento para nacionalizar a la emblemática compañía. Antes, el Gobierno aguarda que las provincias petroleras avancen en la quita de áreas de explotación a la empresa, que tiene mayoría de capitales españoles. Ya lo hicieron Chubut y Santa Cruz, y seguirán el mismo camino Mendoza y Neuquén. La Pampa tiene sus particularidades, pero no permanecerá ajena a la movida orquestada por la Casa Rosada.

Sin embargo, entre el discurso y los hechos se filtran algunas contradicciones: en Chubut, lo más probable es que los campos petroleros retirados a Repsol YPF sean entregados próximamente a la empresa Pan American Energy, del grupo Bridas, propiedad de la familia Bulgheroni. Esa compañía tiene una larga trayectoria en la zona y por ende fluidas relaciones con la dirigencia local.

En este punto, hay distintas visiones en el entramado oficialista: el ministro de Planificación, Julio De Vido, sería partidario de una nacionalización de YPF pero a través de una sociedad entre el Estado y una compañía privada que logre operarla en condiciones de eficiencia, para aumentar la producción. Pero hay otra línea en el Gobierno, representada en este caso por el viceministro de Economía, Axel Kiciloff, que impulsa una nacionalización completa de YPF. El joven funcionario integra, como se sabe, la agrupación La Cámpora, que viene acaparando cargos en el Estado y goza del respaldo total de la Presidenta.

Malas señales para Boudou

El debate en torno a la cuestión petrolera también incluye a las islas Mavinas, donde operan varias compañías, entre ellas la poderosa British Petroleum (BP). Esta empresa tiene la concesión, por los próximos 40 años, del mayor yacimiento petrolero del país, llamado Cerro Dragón y ubicado en la provincia de Chubut.

Al anunciar el inicio de un proceso de acciones legales contra las petroleras que operen en la cuenca de Malvinas, el Gobierno evitó mencionar el caso de BP. Está claro que el entramado económico y financiero que representan estas multinacionales no le será fácil de desarticular a la administración kirchnerista. Como tampoco le será sencillo evitar el avance de las investigaciones contra Amado Boudou. El vicepresidente viene de afrontar algunas malas señales la semana que pasó, especialmente el secuestro de la familia de uno de sus colaboradores más cercanos, Juan Zabaleta, en la zona oeste del Conurbano.

Aunque no se habría tratado de un caso de inseguridad común y corriente, el secretario administrativo del Senado tuvo que desembolsar 50 mil dólares para pagar el rescate de su ex mujer e hijas. Luego recibió el apoyo de los integrantes de la Cámara alta. Boudou, a su vez, concurrió a la Justicia para denunciar que le habían hackeado su cuenta de correo electrónico. El Vice quedó esta semana unas horas a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de la Presidenta a Chile. Por eso la representó en el acto por un nuevo aniversario del atentado terrorista a la embajada de Israel. Sus palabras fueron correctas, al reconocer que el Estado no había sido capaz de encontrar a los culpables ni de hacer justicia en nombre de las víctimas.

Pero su figura seguirá deteriorándose mientras no logre despejar las dudas sobre su participación en el affaire Ciccone.

Mariano Spezzapria
NA