Las medidas adoptadas por el Gobierno en las áreas de la energía y el comercio para tratar de sostener los superávits gemelos, pilares del modelo económico fundado por Néstor Kirchner en 2003, afectaron el cuadro base de sus relaciones exteriores al cosechar discordia con varios socios estratégicos.

El caso saliente es el de España, cuyo gobierno se encuentra en vigilia por la situación de Repsol-YPF, pero también alcanza a los más importantes vecinos sudamericanos, afectados por las restricciones a las importaciones por parte de la Argentina. Esta misma semana funcionarios argentinos debieron escuchar quejas o reproches por esas regulaciones al comercio en la cumbre del BID desarrollada en Montevideo y en la reunión del Mercosur y la Unión Europea de Bruselas.

Pero esas protestas también se hicieron sentir por parte de los Gobiernos de Brasil, Uruguay y Paraguay y enmarcaron a la visita que Cristina Kirchner hizo a Chile, la primera desde que inició su segundo mandato con la denominada "sintonía fina". Brasil planteó sus reparos durante la visita del ministro de Agricultura, Jorge Mendes Ribeiro Filho, en tanto que el presidente uruguayo, José Mujica, fiel a su estilo de evitar confrontaciones directas, señaló que deberá buscar nuevos destinos para los productos que no compra o retiene la Argentina.

La Cámara de Diputados paraguaya por su parte, aprobó una declaración para que el Poder Ejecutivo denuncie a su vecino ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por haber reducido en febrero sus compras en un 38% con relación a igual mes de 2011.

Nubarrones para Repsol

La escalada con Repsol-YPF se cocina a fuego lento. Después de que Chubut y Santa Cruz cumplieran la semana que terminó con su promesa de quitarle concesiones a la firma española, se preparan para imitarlas Mendoza, Neuquén y La Pampa, aunque Madrid intuye que la ofensiva no terminará allí. Fuentes del gobierno de Mariano Rajoy intuyeron en diálogo con este columnista que el objetivo de la administración kirchnerista es más ambicioso, pero pidieron que —para evitar males mayores en las relaciones bilaterale— en lugar de de una escalada paulatina como la actual haya una definición rápida para que estén todas las cartas sobre la mesa.

Si bien estiman que la situación del principal accionista de YPF no producirá una ruptura en las relaciones, sí las debilitará. España fue durante los años de la pos-crisis el principal puente de la Argentina con el mundo desarrollado, pero en ese momento gobernaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y ahora el timonel es el conservador Partido Popular (PP).

De hecho, la principal figura internacional del PP, el ex presidente José María Aznar, se mostró en Buenos Aires con la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, en plena pulseada del kirchnerismo con Repsol. Las consecuencias de este distanciamiento no están claras aún. Por lo pronto, la semana próxima desembarcará en Buenos Aires el nuevo embajador español, Román Oyarzun Marchesi. La diferencia con su antecesor Rafael Estrella es que se trata de un diplomático de carrera y no un representante político.

Eso supone una degradación de Buenos Aires en el mapa de prioridades internacionales de Madrid, pese a que en verdad el nuevo canciller José Manuel García-Magallo ha decidido darles preponderancia en su servicio exterior a quienes hicieron la carrera diplomática por sobre los dirigentes políticos. Lo cierto es que una eventual intervención, una renacionalización o una compra de acciones devaluadas podrían esconderse detrás de la ofensiva oficial sobre Repsol.

Está claro que la Casa Rosada está tratando de ir con pie de plomo sobre la compañía conducida por Antonio Brufau para restar argumentos a lo que derivará en una nueva demanda contra el país ante el tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI). La misma estrategia de maduración lenta parece haberse puesto en práctica con las empresas que operan en las exploraciones hidrocarburíferas en Malvinas.

Precisamente, España —por su reclamo sobre el Peñón de Gibraltar— y los principales gobiernos de Sudamérica ahora afectados por las trabas al comercio se caracterizaron por ser sus principales aliados en esta cuestión. El Gobierno anunció acciones legales y administrativas contra empresas que extraigan, presten logística o financien las exploraciones en las islas. No obstante, evitó reglamentar una ley que lo obligaría directamente a sancionar a las firmas que tengan intereses simultáneamente en el continente y en el territorio insular administrado por Londres.

Esa norma pondría en foco, entre otras, a BP (ex British Petroleum). La empresa británica es el principal accionista de Pan American Energy, que tiene la concesión de Cerro Dragón, el yacimiento petrolífero más importante de la Argentina, en Chubut.

Según medios especializados, BP pertenecería en un 7 por ciento al fondo de inversión estadounidense BlackRock Inc., que tiene participación en tres de las cinco empresas que directamente llevan adelante exploraciones hidrocarburíferas en las áreas concesionadas de las Malvinas, de acuerdo con la presentación que hizo el canciller Héctor Timerman.

En caso de comprobarse el vínculo, una sanción a BP acentuaría el cuello de botella energético que se encuentra detrás de la ofensiva contra Repsol. En ese contexto, el primer ministro británico, David Cameron, buscó apoyo en Estados Unidos durante su reunión con Barack Obama. Washington ratificó su neutralidad en Malvinas, pero a su vez viene reclamando que la Argentina cumpla con las sentencias que le impuso el CIADI. Así, Londres tiene más argumentos contra Buenos Aires para sostener su ocupación ilegal.

Gabriel Profiti
NA