Hace unas horas, un funcionario del gobierno se lo dijo a DiarioVeloz.com en una charla informal. Sonriente, como quien comete una picardía, sus palabras fueron escuetas: Ahora vamos por las cerealeras y cumplimos el sueño de Eduardo Buzzi y de la Federación Agraria. "¿Cómo? ¿Cuál sueño?", le preguntamos.

"Que los productores puedan exportar directamente sin tener que depender de las cerealeras".

"Meterse con Cargill  y el resto es pesado.  EEUU no es España y el presidente Obama en campaña electoral no lo va a dejar pasar. ¿Se viene la tormenta perfecta?"

Después se nos explicó que el gobierno estudia resucitar un organismo creado por el gobierno de Juan Domingo Perón en 1946: El IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio). 

Para quienes no tienen conocimiento que fue el IAPI, lo decimos en síntesis. En 1946 se puso en marcha funcionando bajo la órbita del Banco Central, en el ámbito comercial se encargó de adquirirle a los productores de cereales, carnes y derivados de esos productos para luego exportarlos y frente a los cambios de los precios internacionales defendía a los productores de la acción de los monopolios internacionales y de los países importadores de productos argentinos. En los hechos regulaba los precios en el mercado local porque sus decisiones afectaban diversos aspectos del sistema económico local, algo que hoy cumple –o no cumple- la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno.

Entre otras cosas el IAPI adquiría productos elaborados que no tenían colocación en el mundo y pretendía originar nuevos mercados internacionales para ellos.  También subsidiaba la producción de ciertos bienes de consumo masivo para que los precios no se escaparan de la órbita de las posibilidades de compra del salario. Por caso, si hubiera existido el IAPI en estos días la yerba mate no se hubiera escapado a las nubes y no se habría permitido el almacenamientos de millones de toneladas ni exportaciones masivas sin estar cubierto el mercado local.

Se desprende de esta intención de crear un organismo como el IAPI, que las siete grandes cerealeras que exportan el 90 por ciento de la producción agrícola dejarían de hacerlo para concentrar esa actividad en este nuevo organismo.

Cargill, Aceiterea General Deheza,  Bunge, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Louis Dreyfus Comodities y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),  agrupadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), serían las grandes perjudicadas por la creación de un organismo que las reemplace después de décadas de asumir el rol de ser los exportadores de casi toda la producción agrícola ganadera del país.

Los titulares de esas cámaras vienen lidiando con el Secretario de Comercio Guillermo Moreno con distinta suerte. Aunque en época de Perón el IAPI estuvo bajo la órbita del Banco Central, ahora tendría como impulsor (no se nos dijo esto, pero cae de maduro), al hombre fuerte que aún se cobija bajo una secretaría de Estado que podría pasar a convertirse en un Ministerio de Comercio.

El IAPI fue monopólico absoluto en la política de granos, épocas en que el trigo y no la soja era el principal sostén del ingreso de divisas al país. Los subsidios de entonces fueron desenfrenados (no muy diferentes de la actualidad),  y en 1949 a tres años de su creación se permitió nuevamente que algunos operadores privados compartieran la política de exportaciones.

Un detalle interesante. El informe que aparece en WikipediA  sobre el IAPI,  viene siendo retocado en los últimos tiempos, síntoma que alguien prepara el mapa histórico del sitio para que quienes se interioricen pronto sobre él si se llega a anunciar su recreación, lo vean como un instituto del Estado que combatió la monopolización de la política de exportación de granos y carnes.

Además de las grande siete compañías mencionadas, aparecen otros pesos pesados del negocio, como Grobocopatel (Los Grobo), Nidera, Noble y Oleaginosa Moreno.

Cuando Alfonsín quiso hacer algo parecido desde la Junta Nacional de Granos (sacarle el monopolio de la exportación a las multinacionales y concentradoras),  no le fue muy  bien que digamos y hace muy poco el primer director de la Junta, Alberto Ferrari Etcheverry,  admitió que hoy día impera un sistema de corrupción que hace cómplice al Estado de la concentración oligopólica.

La principal afectada por la posible recreación del IAPI es Cargill, un monstruo que lleva casi un siglo y medio en el mercado internacional de granos, es una de las empresas que mas factura en EEUU (Sede central: Minneapolis)  y hasta tiene intereses en la industria farmacéutica. Un botón de muestra: en el 2009 tuvo una facturación de 116.6 billones de dólares, una barbaridad de dinero y por algo llamado "el gigante invisible de los agronegocios".

Sacarle el negocio en la Argentina a Cargill invita a pensar en un escenario conflictivo con los Estados Unidos de proporciones impensadas.

Conflictos laborales y ambientales resueltos por la violencia y no por la justicia han sido una de las variables en el mundo entero que a Cargill le otorgó una triste fama de prepotencia y explotación sin límite. Las mayores denuncias contra la multinacional provinieron de Centro América.

Eduardo Bussi y su gente hicieron tractorazos en diversos puntos del país, entre ellos en la terminal portuaria que le exportadora posee en Rosario. Pelear contra Cargill le valió enfrentarse contra algunos miembros de la Mesa de Enlace.

Por eso decimos que si el gobierno va por las cereales con un proyecto de resucitar el IAPI, sería cumplir el sueño máximo de la Bussi y la Federación Agraria Argentina.

No tendrá que bailar ni que cantar en lo de Tinelli para ver cumplido su sueño, y estará más feliz que Riquelme.

Jorge D. Boimvaser
Diario Veloz